La oficina central de PAMI, la obra social de los jubilados, anunció hoy que iniciará una “investigación interna” sobre las compras y contrataciones que se realizan en las delegaciones del instituto que están desplegadas a lo largo y a lo ancho del país. Un comunicado del organismo advirtió que se tomarán medidas para que las oficinas de PAMI en las provincias dejen de ser “una caja negra al servicio de la política”. Y subrayó que se detectó “un uso llamativamente elevado del mecanismo de excepción -contrataciones directas, sin licitación- para adquisición de medicamentos, insumos y tratamientos”.

“No se va a tolerar que el dinero de los jubilados termine en manos de vivos que durante años hicieron negocios al margen de la ley”, dice el durísimo comunicado que difundió hoy la cúpula de PAMI. La información es relevante en términos administrativos, pero debe leerse, ineludiblemente, en clave política.

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— PAMI - INSSJP (@PAMI_org_ar) April 30, 2025

Es un síntoma de un crítico conflicto interno que, tal como publicó LA NACION, viene creciendo en la cúpula de La Libertad Avanza entre el sector de los estrategas que responden a Santiago Caputo y el de los “armadores territoriales” encarnados en “Lule” y Martín Menem a nivel nacional y en Sebastián Pareja, el titular del partido en la provincia de Buenos Aires.

En el trazo grueso, los armadores quieren dar las batallas electorales y llevar la boleta de un violeta puro hasta el último concejo deliberante del país. Los “estrategas” de la Casa Rosada creen que la calculadora electoral tiene que estar en función de la elección legislativa nacional y que, si es necesario, hay que resignar peleas locales para privilegiar las bancas en el Congreso en octubre. La enemistad entre los bandos es cada vez más evidente y se expande a distintas áreas de poder. Hoy la arena de disputa está en el PAMI.

PAMI está hoy bajo la supervisión del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, un funcionario que conoce al dedillo esa “esquina” donde se cruzan el negocio de la salud y la política. Lugones se integró al Gobierno por recomendación asesor presidencial Santiago Caputo: primero fue un asesor sanitario ad hoc y luego asumió formalmente como ministro. El funcionario es el padre de Rodrigo Lugones, el consultor político discípulo de Jaime Durán Barba que fue mentor de Caputo en sus inicios.

Fue Mario Lugones, a su vez, quien recomendó a Esteban Leguizamo para que asuma como titular de PAMI y también a su segundo, Carlos Zamparolo. La investigación interna que se anució hoy dependerá de esos funcionarios.

Históricamente, PAMI -y otros organismos con amplia penetración territorial como la Anses- se dividió en dos esferas: la casa central, donde se toma decisiones administrativas generales, y las delegaciones que se despliegan por todas las provincias con ventanillas al público y con llegada directa en el territorio. Los armadores políticos de todos los oficialismos se valieron de estas oficinas para hacer política local ya que permiten contratar personal en cada rincon del país, llegar de manera directa a los votantes, y, eventualmente “hacer caja” con sueldos y contrataciones.

Dentro de La Libertad Avanza, los titulares de muchas delegaciones de PAMI y de la Anses quedaron bajo la coordinación de los Menem y de Pareja como una herramienta en pos del flamante armado partidario que se desplegó este año para que Javier y Karina Milei tuvieran una estructura política propia en todo el país.

La decisión de PAMI de poner una lupa sobre el manejos de los fondos de las delegaciones está atravesado, así, por la política interna del oficialismo.

Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires

Pelea y aportes partidarios

Esa pelea de fondo viene detonando con distintos episodios, que comenzaron a llegar a oídos de Javier y Karina Milei. En las últimas semanas salieron a la luz denuncias de empleados de delegaciones de PAMI y Anses de Misiones, Santa Cruz y La Pampa que aseguraban que en LLA les exigían aportes partidarios. En Oberá (Misiones), una carta firmada por 22 funcionarios acusó a Adrián Núñez, presidente de la filial local LLA, de recaudar el 10% de los sueldos de los empleados públicos de la oficina de PAMI.