Los intendentes decidieron dejar de esperar soluciones desde arriba. En una cumbre realizada en San Miguel de Tucumán, representantes de 22 ciudades de 16 provincias se reunieron para dar vida al Consejo Federal de Intendentes (Cofein), un espacio institucional que busca resistir lo que consideran una asfixia financiera por parte de la administración de Javier Milei. La bronca de los jefes comunales no es nueva, pero esta vez se organizó y tomó forma política.

La reunión fue convocada por la intendenta de Tucumán, Rossana Chahla, quien dejó en claro que la iniciativa no es partidaria sino colectiva: “Esto no es político ni partidario, es una usina de ideas, de voces, de experiencias, para ayudarnos, cooperarnos”. Pese a su cercanía con el gobernador Osvaldo Jaldo, Chahla se diferenció al mostrarse crítica del enfoque económico y político del oficialismo nacional.

Uno de los ejes más fuertes del documento que firmaron los intendentes fue el reclamo de equidad en la distribución de recursos, con el foco puesto en la diferencia abismal entre el AMBA y el resto del país. El acta que selló el nacimiento del Cofein no ahorró críticas: “La autonomía de los municipios no se negocia”, señalaron, al tiempo que pidieron mayor previsibilidad y estabilidad en la asignación de fondos a los gobiernos locales.

De la cumbre participaron figuras de distintos signos políticos como Daniel Passerini (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario), Armando Molina (La Rioja), Emiliano Durand (Salta), Pablo Grasso (Río Gallegos), Raúl Jorge (Jujuy), entre otros. Muchos de ellos advirtieron que las consecuencias del ajuste nacional recaen directamente sobre sus espaldas. “¿A quiénes creen que la gente les exige cuando no hay una vacuna o no tienen un subsidio?”, se preguntó Passerini. “El Gobierno ha iniciado una embestida muy fuerte contra las autonomías municipales”, remató.

Otro de los puntos críticos fue la eliminación de subsidios al transporte del interior. El intendente de Rosario no se guardó nada: “El impuesto de los combustibles que financiaba al transporte no desapareció, sigue vigente y aumentó siete veces en el último año, pero a provincias y municipios vuelve cero”. Javkin fue más allá y acusó a la Casa Rosada de concentrar recursos en el AMBA: “En el interior llega un momento en que la situación es insostenible, porque perjudica a las ciudades donde la Argentina produce”.

El Cofein convivirá con la Federación Argentina de Municipios (FAM), que lidera el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, más alineado al kirchnerismo. Pero los impulsores del nuevo consejo remarcaron que su idea no es disputar representatividad, sino generar un canal real de cooperación y presión para que se escuche la voz del interior en medio del ajuste. En su acta, insistieron en que “desde lo local, somos el rostro concreto del Estado”, y que por eso deben tener los recursos necesarios para sostener políticas públicas de inclusión, salud, educación y obra pública.

La reducción a mínimos históricos de los giros nacionales para infraestructura y la caída abrupta de transferencias corrientes ya había sido señalada por algunos gobernadores, pero el reclamo de los intendentes sube un escalón en intensidad. Ellos están en la primera línea del vínculo con los vecinos, y aseguran que la falta de fondos no solo frena proyectos sino que pone en riesgo servicios básicos. Por eso, exigen que se respete el principio federal, no solo en los discursos, sino también en los hechos.

En paralelo, los intendentes reclamaron que se respete la autonomía municipal, y apuntaron contra lo que consideran intervenciones arbitrarias por parte de la Nación. En palabras del acta: “Su ejercicio no puede ser condicionado ni limitado arbitrariamente, ya que constituye una herramienta clave para una gestión pública cercana, eficiente y democrática”. Para eso, proponen avanzar con mecanismos que garanticen equidad en el ingreso y el gasto público, sin depender de decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo nacional.

La iniciativa del Cofein se da en un contexto económico adverso, en el que la inflación acumulada y la baja en la recaudación golpean especialmente a los municipios. Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los giros del Tesoro Nacional a las provincias y localidades se redujeron más de un 80% en lo que va del año, y el 2024 podría terminar con los niveles de ejecución más bajos de los últimos 20 años si no hay un cambio en la política fiscal nacional.