Consejeros nacionales de la UGL XXXI con asiento en nuestra ciudad, se manifestaron críticamente por la situación que se vive en el instituto nacional de jubilados y pensionados y enumeraron diversas cuestiones luego de que fuera despedido el titular del organismo a nivel local Alberto Pascual, tras una disputa interna entre supuestos representativos de “La Libertad Avanza” en Junín que terminó escalando al plano nacional.

Con la firma de los consejeros Ramón Esquivel e Isabel Raymondo, acompañados de otros dirigentes de centros de jubilados de nuestra ciudad y la Multisectorial local de Jubilados y Pensionados, dieron a conocer un duro comunicado en el cuando se mostraron preocupados por la falta de alternancia a la cabeza de la entidad que en sólo 15 meses sufrió el reemplazo de tres titulares.

Los firmantes expusieron la “inseguridad médica y el abandono de 20.000 afiliados de Junín y 120.000 a nivel regional”, teniendo en cuenta que atiende a los distritos de la Cuarta sección y a otros de la Segunda, como San Nicolás, Pergamino, Colón y Ramallo.

Los representantes de jubilados y pensionados, señalaron en su informe el “desastre” que representan las empresas de internación domiciliaria y solicitaron soluciones para las “prestadoras con ofertas pendientes”, considerando que eso se debe a “una falta de gestión”.

Denunciaron la falta de oferentes de segundo nivel y aseguraron que sólo pueden atenderse en el HIGA Junín y la Clínica Centro, aunque respecto a esta última manifestaron que se registraban “cobros indebidos”.

Al mismo tiempo, solicitaron que se finalice la gestión con el Sanatorio Junín. Por otra parte, pidieron una auditoria en la residencia “Los Almendros” y rechazaron la vigencia de la firma “Prima Implants” que, dijeron, estaría acusada de irregularidades en la provisión de prótesis.

El documento también indica que no pueden establecer contacto con la empresa de traslado “Soma” y denunciaron la falta de médicos en las bocas de atención.

También reclamaron se normalice la entrega de productos de fisiatría, como asimismo los de ayuda externa como sillas de ruedas, muletas y bastones.

Finalmente pidieron la reincorporación de dos coordinadores; el médico Sebastián Meneses y Fabián Carini, quienes fueron despedidos en enero pasado por orden del PAMI central, durante la gestión del ahora también echado, el abogado Pascual. Por estos días, la médica coordinadora Dolores Giecco, está a cargo interinamente de la administración junto al acompañamiento de los consejeros, hasta que llegue la nueva designación.

Los representantes de jubilados y pensionados dejaron trascender que “no nos importa la política partidaria dentro del PAMI, queremos que llegue alguien que sepa cuáles son las necesidades de nuestros afiliados y creemos que para eso, es mejor un médico, que un abogado o contador”.