El avance de una causa federal que investiga presuntas irregularidades en contratos de radarización vial encendió las alarmas entre trabajadores estatales y sindicatos municipales. El expediente apunta a empresas como Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., del empresario Leandro Camani, y contratadas por municipios a través de convenios con universidades nacionales, lo que podría derivar en la anulación de miles de fotomultas y un duro golpe a la recaudación local.

El antecedente inmediato está en La Plata, donde la Justicia provincial ya investiga a la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA) por haber operado cinemómetros sin autorización legal. Esa causa, a cargo del fiscal Álvaro Garganta y el juez Juan Pablo Massi, ya determinó que muchas actas podrían ser nulas, y allanó el camino para reclamos ciudadanos y revisiones contractuales.

Los gremios, en alerta por los fondos que sostienen salarios

Con ese precedente, ahora el foco está puesto en el expediente que avanza en el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo de Juan Manuel Culotta. Allí se investiga a al menos once municipios —incluyendo La Matanza, General Pueyrredón, Morón, Zárate y San Isidro— por posibles maniobras de desvío de fondos públicos mediante convenios triangulados con universidades y empresas privadas. En particular, se analiza si hubo simulación de contratación directa para evitar licitaciones, una maniobra que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe expresamente.

Esta situación genera fuerte preocupación en los gremios municipales, que advierten que una eventual caída de la recaudación por multas podría frenar aumentos paritarios, afectar el pago de salarios y condicionar la continuidad de obras o servicios esenciales que se sostienen con esos recursos.

Municipios en la cuerda floja: muchos podrían tener que devolver fondos

Según datos relevados en el expediente, gran parte de las multas emitidas en los últimos años fueron generadas con cinemómetros instalados por empresas subcontratadas en convenios con universidades, una práctica que no solo evita licitaciones, sino que está expresamente prohibida por el Decreto 1023/01 (artículo 25, inciso d, punto 8). De comprobarse esta violación, las actas podrían ser anuladas y los municipios obligados a devolver lo recaudado.

“Hay intendentes que ya están revisando sus contratos, y gremios que empiezan a pedir explicaciones”, señaló una fuente sindical consultada por Mundo Gremial. “No se puede permitir que la caída de estos fondos la termine pagando el trabajador municipal”, agregó.

San Isidro dio el primer paso y suspendió el convenio con la empresa de Camani. Se espera que lo sigan otros intendentes con contratos dudosos.

Un sistema cuestionado: universidades, empresas y silencio oficial

El esquema se repite en distintas jurisdicciones: municipios firman convenios con universidades como la UTN o la UNSAM, que luego derivan la operación de los radares a empresas privadas, entre ellas las ya mencionadas Secutrans y Tránsito Seguro. La Justicia investiga si existió una red coordinada para distribuir el negocio sin controles y si hubo funcionarios que firmaban convenios desde ambos lados del mostrador. También están siguiendo la pista de supuesto lavado de activos por medio de estas fundaciones.

La falta de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Transporte bonaerense, actualmente conducido por Martín Marinucci, genera aún más incertidumbre. A esto se suma el hecho de que muchos funcionarios que respondían al exministro Jorge D’Onofrio todavía permanecen en sus cargos, lo que despierta dudas sobre la posibilidad de que se revisen en profundidad los contratos bajo sospecha.

En suma, se esperan más allanamientos y próximas imputaciones mientras las partes involucradas trabajan en intentar desactivar una causa que ellos mismos ayudaron a armar.