Por: Redacción Semanario de Junín

Según un informe de Unicef publicado el año pasado, en Argentina, 2 de cada 3 personas son pobres, basándose en sus ingresos pero también en otros factores determinantes. Además de expresar sus conclusiones en los ingresos de esas personas, Unicef también contempla a quienes están privados de derechos básicos como la educación, la protección social, una vivienda o baño adecuado, el agua o un hábitat seguro. En Argentina, 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran bajo la línea de pobreza.

Un dato visible de esta situación es que en los últimos años se crearon 6.467 barrios populares, villas y asentamientos de todo el país que, en total, ocupan una superficie tres veces más grande de la que de la Ciudad de Buenos Aires, en los que vive el 12% de la población, unas 5 millones de personas.

El dato figura en el último inventario efectuado por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el aporte logístico de la ONG Techo Argentina y otras organizaciones de la sociedad civil, presentado unos días antes que asumiera el presidente Javier Milei.

Los asentamientos precarios se duplicaron a partir del año 2000, donde el indicador pasó a marcar 26,83%, en la década del 2010 bajó moderadamente a 24,80% y, desde la década del 2020 se instalaron 1,30% del total de las villas que existen actualmente

PUNTO DE QUIEBRE

Claro que esta situación no es nueva y muchos de los males de la actualidad que se arrastran en la Argentina comenzaron en 1975, el año que marcó un punto de inflexión en el desarrollo nacional. Conocido como el Rodrigazo, por el ministro de Economía de Isabel Perón, Celestino Rodrigo, un paquete que combinó megadevaluación, alza de tarifas de un mínimo de 100 por ciento en los servicios públicos y aumento de combustibles en un 200 por ciento, marcó el comienzo del ensanchamiento de la grieta entre la renta del trabajo y la de los empresarios.

El resultado fue que los pobres se multiplicaron y aparecieron los indigentes y se expandieron los asentamientos precarios. Respecto de las primeras villas de emergencia, según varios relevamientos, nacieron en los años ’50, como resultado del proceso de urbanización alentado por la sustitución de importaciones y el impulso industrializador del primer peronismo y fueron pobladas, en general, por migrantes internos, la mayoría proveniente de zonas rurales, que buscaron en las fábricas de las ciudades nuevas oportunidades de vida.

En un país industrializado, que todavía se enorgullecía de la movilidad social ascendente y con un mercado de trabajo aún capaz de absorber a nuevos empleados, la villa funcionaba, al menos imaginariamente, como la escala hacia un lugar mejor.

Pero las consecuencias del Rodrigazo se profundizaron en el marco de una sociedad cada vez más fragmentada, con amplios sectores excluidos de los mercados de trabajo y una polarización social cada vez más marcada y el área metropolitana de Buenos Aires sufrió, al igual que otras grandes ciudades del país, un proceso de dualización, entre un corredor norte rico y un sur pobre. En este contexto comenzó a surgir, a principios de los ’80, un nuevo fenómeno: los asentamientos, la ocupación organizada de tierras que, tras el fin de la dictadura, se multiplicó rápidamente, en particular en la Capital y el conurbano. 

La tierra pública es poca en la provincia, pero el punto de partida es que si hay decisión siempre hay suelo disponible y las chances aparecen

CRECIMIENTO ‘EXPLOSIVO’

Ese fenómeno creció exponencialmente con el paso del tiempo y se extendió a la periferia de las grandes ciudades del país. Según datos del ReNaBaP (Registro Nacional de barrios populares) al 2024 se contabilizaron 6747 asentamientos, pero el dato más alarmante, como si ese número no lo fuera, es que se quintuplicaron en los últimos 20 años. En términos más precisos, Nación detalló que estas villas albergan a un total de 1.237.795 familias y que ocupan una superficie (m2) de 684.201.855.

De esos 6747, alrededor de 2000 están en la provincia de Buenos Aires. Una proporción coherente con el resto de los indicadores que muestran la relación entre la Provincia y la Nación. Siempre oscilan entre el 35 y el 40 por ciento los votantes, la población o el Producto Bruto Interno.

Es común oír hablar de un conurbano lleno, pero no todos los barrios populares están en el Gran Buenos Aires, hay un 30 por ciento de ellos en el interior del territorio bonaerense.

Lo que sucede hoy es que las familias que buscan suelo en la Provincia se corren radialmente hacia la segunda y tercera corona, y a la vez no cambia la característica de que no hay villas de cuatro pisos como en la capital, en la 31 o en Ciudad Oculta. La disputa por el suelo de la tercera corona se despliega hoy desde Campana a La Plata, y en especial en San Vicente, una de las ciudades que más creció en la Argentina.

Para mostrar el crecimiento de estos barrios populares alcanza esta comparación: A principios de 2018 el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación publicó un relevamiento realizado entre agosto de 2016 y marzo de 2017 en todo el país que arrojó que en la Argentina había 4.228 barrios populares y, de ese total 952  estaban ubicados en el Conurbano bonaerense.

El partido con más villas es La Matanza, que a su vez es el más poblado. En ese municipio, y según ese relevamiento, había 122 barrios de emergencia. En segundo lugar se ubica Moreno, con 80 barrios de emergencia, y sigue Florencio Varela, con 70.

El relevamiento llama barrios populares a donde viven “al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a 2, o más, de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal)”.

Kicillof reglamentó el sistema por el cual los barrios cerrados y countries debían ceder suelo para construir viviendas fuera de ellos.

PROVINCIA, CON REGISTRO SIMILAR A NACIÓN

La Provincia de Buenos Aires tiene su propio Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios. El resultado es similar al del registro nacional. En los 24 partidos del Gran Buenos Aires hay un total de 981 villas y asentamientos precarios. La Matanza, además de ser el municipio con más villas, es el que tiene más superficie cubierta por barrios de emergencia. Son 1800 hectáreas en total. Le siguen Quilmes (906 hectáreas) y Moreno (846).

Ahora, la administración de Javier Milei dio más detalles sobre estos datos a través de la página oficial del Gobierno y precisó que, la mayor parte de esos asentamientos precarios comenzaron a instalarse del 2000 al 2010. Un 0,20 del total de villas que existen a nivel nacional en la actualidad se crearon en la década de 1900; un 0,60% en la década de 1910; 0,53% en la de 1920.

De esos más de 6.700 asentamientos que carecen de servicios básicos como agua, luz, tendidos eléctricos y obras públicas, 2.065 pertenecen a provincia de Buenos Aires. Afectando a 588.779 familias que residen, de acuerdo a RENABAP, en 535.133 viviendas populares.

La ciudad de La Plata es uno de los territorios con más barrios populares con 166, lo que ubica a aproximadamente 33.840 familias en situación de vulnerabilidad.

A nivel municipal, La Matanza, comandada por Fernando Espinoza, resulta una de las más afectadas, con 163 barrios populares y 65.132 familias en situación de extrema vulnerabilidad. Las llamadas villas miseria se entienden en una superficie (m2) de 29.425.149 en todo el municipio, allí el 76% tiene conexión eléctrica; el 52,2% accede al agua corriente y el 95% utiliza gas envasado.

En Moreno, la situación habitacional tampoco parece estar resuelta, ya que hay más de 125 asentamientos precarios allí que, a su vez, contienen a aproximadamente 34.859 familias. De esos barrios, solo el 54,4% goza de conexión regular a la energía; el 97,6% tiene acceso al gas a través de garrafas y el 99% no posee título de propietario del terreno donde habita.

Los intendentes empiezan a entender la necesidad de ordenar los territorios. Los municipios son los que tienen la primera competencia en el ordenamiento

MUNICIPIOS EN ACCIÓN

La tierra pública es poca en la provincia, pero el punto de partida es que si hay decisión siempre hay suelo disponible y las chances aparecen. El gobernador bonaerense Axel Kicillof reglamentó el sistema por el cual los barrios cerrados y countries debían ceder suelo para construir viviendas fuera de ellos.

Los intendentes empiezan a entender la necesidad de ordenar los territorios. Los municipios son los que tienen la primera competencia en el ordenamiento. Se necesita celeridad, confianza y reconstruir el vínculo entre organizaciones y Estado para responder ante la adversidad.

Por eso, San Vicente está armando un loteo entre San Vicente y Alejandro Korn. Villa Gesell ya presentó su plan de ordenamiento municipal. En Pehuajó el intendente Pablo Zurro negocia con consorcios privados para evitar la construcción de barrios alejados. “Si no hay política pública, el privado negocia una excepción del código como viene ocurriendo desde los años ’60 y ’70, y nunca habrá suelo disponible.”

En Provincia, el OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana) se cuenta que “la madre de todas las batallas es la gestión del suelo”. La politóloga Romina Barrios quien lidera el organismo lo dice al hablar de los mecanismos que utiliza el gobierno de Axel Kicillof para generar tierra, es decir, para fabricar sitios donde desarrollar planes de vivienda.

El universo del OPISU es complejo. Porque los barrios populares existen y porque siempre hay cuestiones de legalidad que quedan pendientes. En todos, el elemento que puede desanudar otras variables es la gestión del suelo. No hay configuración que escape de ese nudo. La configuración de villa, que Barrios describe como “histórica y enrevesada”. O la configuración de asentamiento, “con traza amanzanada”.

Es importante destacar que a lo largo de las últimas dos décadas, gobiernos de diversas orientaciones ideológicas implementaron políticas en materia de vivienda y servicios básicos, pero la situación no mejoró. Además, la crecida inflacionaria y la devaluación de la moneda también fueron un factor negativo con mucho peso que terminaron de dificultar cualquier mejora estructural en las condiciones de vida de estas comunidades.

Es fundamental instalar este tema y entender que Hábitat incluye no solo la vivienda digna, sino todo lo que la vida en sociedad implica. Y que falta muchísimo por construir.

El otro Junín

Junín es una de las ciudades del noroeste de la Provincia de Buenos Aires más afectadas por el déficit habitacional y los barrios no urbanizados.

Según el ReNaBaP, hay 17 barrios informales y unas 1.700 familias viven allí, de los cuales aproximadamente entre doscientos cincuenta y trescientos viven en una construcción de chapa. Los vecinos no cuentan con los servicios básicos y no poseen la regularización del dominio de las tierras. Tampoco poseen pavimentación y el recolector de basura no suele pasar por sus calles.

El organismo reveló mediante un informe que en la ciudad del intendente Petrecca que lleva años buscando la manera de inaugurar la terminal y proyecta una villa turística en el balneario local y un paseo ribereño al estilo del Tigre en el canal del Salado, “todavía hay lugares que no acceden a cloacas ni a agua potable” pese a lo que cuentan las gacetillas comunales. 

Y mientras sobran las celebraciones de acompañamiento a iniciativas privadas, todavía no hay un programa de urbanización para algunos espacios de la ciudad.

Los mapas muestran barrios que no están completos, algunos que no están incluidos del todo y otros, como espacios aislados que se repiten en el mismo barrio.

En 2022, Paola Rizzo  - por entonces titular del CDR Junín del Ministerio de Desarrollo Social- contó la necesidad que Junín concretara de manera ‘urgente’ un programa de urbanización para estos lugares. Al día de hoy, numerosas familias se han sumado a estos asentamientos, o han comprado terrenos de manera irregular.

Y en esto, hay una responsabilidad objetiva y directa de un gobierno municipal que tiene que hacerse cargo.