El Juzgado Federal de Goya, a cargo de Cristina Pozzer Penzo, el pasado 14 de mayo había decidido elevar a juicio la causa que involucra a los 10 imputados que se presentaban como asesores de la “Fundación Lucio Dupuy” en el marco del Caso Loan por haber retenido a menores que estuvieron con el niño y haber manipulado sus declaraciones para entorpecer la investigación, además de defraudar a la administración pública. Es un expediente paralelo a la investigación por la desaparición del niño que tiene 7 imputados.

Pero, en las últimas horas, el Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó que los 10 ‘asesores’ sean juzgados ahora: quieren que se haga un único juicio por el caso Loan y que en el banquillo de los acusados también estén Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel “Fierrito” Ramírez, Walter Maciel y Mónica Millapi, en un expediente que no ha finalizado la instrucción.

En concreto, el Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió este martes devolver las actuaciones contra los presuntos asesores de la Fundación Dupuy al Juzgado Federal de Goya, al considerar incompleta la investigación que dio origen al expediente por la sustracción de menores y el ocultamiento, ocurrida el 13 de junio de 2024, cuando Loan se esfumó durante un almuerzo en la casa de su abuela en el paraje Algarrobal.

La decisión del TOF de Corrientes abarca a los imputados Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano o el Yanki”, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

La elevación de la causa había sido impulsada por el titular de la Fiscalía Federal de Goya, Mariano Enrique de Guzmán, y por los fiscales María Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, en representación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En su requerimiento, los fiscales detallaron los distintos grados de responsabilidad penal que atribuían a cada uno de los imputados, con una variedad de figuras delictivas.

Entre los hechos atribuidos figuran privación ilegítima de la libertad, estafa calificada por defraudación a la administración pública y encubrimiento. A ello se suman cargos adicionales como suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad, falso testimonio, violación de secretos y usurpación de títulos, imputados en distintos grados de participación, según cada caso.

Sin embargo, el tribunal consideró que la instrucción no estaba completa y que avanzar con un juicio parcial, pese a estar permitido procesalmente, podría derivar en una valoración fragmentaria e incompleta de los hechos, lo que atentaría contra principios fundamentales del proceso penal como el debido proceso legal, la concentración y el derecho de defensa.

En efecto, en la resolución firmada por los jueces de cámara Víctor Alonso González, Juan Manuel Iglesias, Fermín Amado Ceroleni, se remarcó que, juzgar los hechos sin contar con la totalidad de las actuaciones, conspiraría contra una comprensión adecuada del caso.

El tribunal también puso el foco en la necesidad de evitar una dispersión procesal que complique aún más un expediente que ya presenta una notable complejidad probatoria. Bajo esa premisa, resaltó la importancia de que la instrucción sea unificada, lo que permitiría contar con todos los elementos reunidos y comprender cabalmente la actuación de cada uno de los acusados.

En ese marco, se indicó que una eventual decisión en un juicio fragmentado podría entrar en colisión con hechos aún bajo investigación en el expediente residual. Todo ello, señalaron, podría provocar un “strepitus foris” —una disonancia procesal notoria— en una causa que ya ha tenido alta exposición pública, y que exige “un tratamiento prudente de todos los extremos relacionados”.