Después de haber estado casi tres años y medio fuera del país, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón consiguió un nuevo revés judicial favorable. La Cámara Federal porteña confirmó este martes su sobreseimiento en la causa en la que estaba imputado por extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo, los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, durante el gobierno de Mauricio Macri.

El exasesor presidencial había regresado a la Argentina a fines de 2024 luego de haberse refugiado en Uruguay, país donde llegó a ser declarado en rebeldía. Apenas puso un pie en suelo argentino, reactivó su defensa judicial y ahora consiguió cerrar una de las causas más sensibles que lo involucraban. El fallo fue firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, con la disidencia del camarista Martín Irurzun, quien consideró que debía anularse el sobreseimiento y devolver el expediente a la jueza María Romilda Servini.

Según la acusación, Rodríguez Simón habría utilizado a un viejo conocido del entorno empresario, Ricardo Benedicto, para advertirle a López y De Sousa que dejaran de avanzar contra el entonces presidente. El mensaje habría sido transmitido entre julio y agosto de 2019 y, según los querellantes, incluía una frase clave: “no estaban midiendo las consecuencias” de denunciar a Mauricio Macri, ya que eso podría afectar sus negocios en el sector del juego en la Ciudad de Buenos Aires.

En aquel encuentro, Rodríguez Simón también habría asegurado hablar en representación de Mauricio Macri, Mario Quintana, Nicolás Caputo y José Torello. La intención, según la querella y el Ministerio Público Fiscal, habría sido la de disuadir cualquier tipo de acción judicial que reforzara la denuncia de una presunta persecución judicial, política y mediática contra los empresarios ligados al kirchnerismo.

Sin embargo, la Cámara Federal entendió que los dichos de Rodríguez Simón no encajaban dentro de lo que exige el Código Penal para configurar el delito de amenazas. “Las manifestaciones efectuadas por Rodríguez Simón en la reunión mantenida con Ricardo Benedicto, no revisten entidad suficiente como para ser encuadradas en un ilícito penal”, sostiene el fallo, que además remarcó que el entonces asesor no tenía ningún poder de decisión sobre las regulaciones del sector del juego en la Ciudad de Buenos Aires, ya que por ese entonces era director de YPF.

Los jueces también pusieron el foco en que Benedicto declaró que no se sintió amenazado, lo que para el tribunal fue un indicio clave. “Tampoco es posible concluir que Rodríguez Simón hubiera proferido una amenaza con la aptitud de poder alterar la tranquilidad de los destinatarios e inducirlos y obligarlos a conducirse en contra de su real voluntad”, dice el texto judicial. En esa misma línea, remarcaron que ni López ni De Sousa modificaron su conducta procesal en otras causas judiciales después del episodio, lo que refuerza –a criterio del tribunal– la idea de que no hubo amedrentamiento.

Por su parte, el juez Irurzun discrepó con sus colegas y planteó que el fallo de primera instancia debía ser revisado. En su voto en disidencia sostuvo que la jueza Servini debía dictar una nueva resolución que evaluara con mayor profundidad los elementos de prueba y el contexto en que se produjo el encuentro entre Benedicto y Rodríguez Simón.

La confirmación del sobreseimiento representa un alivio para Rodríguez Simón, quien todavía sigue bajo la lupa pública por su rol en la denominada "mesa judicial" del macrismo. Si bien esta causa quedó archivada, aún hay otros expedientes en curso en los que su nombre aparece, y su regreso al país implicó una reapertura de varios frentes judiciales que había dejado abiertos antes de huir a Uruguay.