Por: Redacción Semanario de Junín

El recorte de la motosierra de Javier Milei no tiene ningún tipo de reparo, un mensaje de un empleado de Vialidad esta semana explicaba lacónicamente: “paso a comentarles muy triste las últimas novedades. Al salir el decreto no es que tan sólo 1400 empleados quedarán fuera del organismo, sino que además dan de baja todos los contratos con una indemnización mínima por ley y los agentes que gozan del privilegio de estar en Planta Permanente queden por un año a disponibilidad para que otro organismo los tome cobrando únicamente el sueldo básico. En síntesis, es inminente el cierre de Vialidad Nacional”.

El texto al que pudo acceder SEMANARIO da cuenta de la situación de los empleados, pero también genera una alerta para los usuarios y todas y cada una de las localidades que se relacionan con estas carreteras.

El gobierno convocó a audiencias públicas como parte de la segunda etapa del proceso de privatización de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, que actualmente son administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Comprendido por las rutas nacionales N° 7 y 35, el Tramo Mediterráneo se extiende desde Luján, a través del corredor bioceánico, hasta Santa Catalina en Córdoba, sumando 672,32 km, pasando por Junín

Se trata de una conexión vital para la transición del flujo comercial Atlántico- Pacífico y la consolidación de la logística en el suroeste cordobés, integrando zonas agroindustriales con los principales corredores nacionales.

La audiencia pública se llevará adelante el jueves 12 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín, ubicado en avenida Circunvalación y Ruta Nacional N° 7.

La ruta 188 desde hace mucho tiempo está deteriorada y se han pedido mejoras tanto en anteriores gobiernos como en el actual

Si bien las decisiones de las comunidades no son vinculantes, es decir es relativo el peso de las opiniones del pueblo, es importante al menos tener una participación masiva para no caer en sorpresas como las acontecidas oportunamente en nuestro medio cuando el gobierno de Carlos Menem hizo algo similar. En aquel entonces, y en buen criollo, se llevaron puesta toda la infraestructura ferroviaria de Junín y con las rutas concesionadas no quedaron mejoras de calidad para la circulación más que las estructuras que se alzaron para los peajes tanto en Agustín Roca, como en Saforcada. De hecho, este último desde hace rato está proyectado para ser ubicado en Chacabuco, para sumar a la recaudación.

AUDIENCIAS

Las sesiones se desarrollarán de manera presencial, aunque se contempla la posibilidad de participación virtual si las condiciones técnicas lo permiten. Los interesados en participar deberán inscribirse entre el 19 de mayo y el 9 de junio a través de la página web de la Dirección Nacional de Vialidad. La inscripción es gratuita y se realizará mediante un formulario disponible en línea.

Este proceso se enmarca en la Ley N° 27.742, que busca mejorar la eficiencia del Estado y promover la transparencia en la gestión pública. La Dirección Nacional de Vialidad, bajo la órbita del Ministerio de Economía, es la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesiones viales.

Estas se han planificado para ofrecer un espacio dialogante y abierto a la sociedad civil, en ellas, las opiniones y propuestas de los participantes son altamente valoradas, aunque no vinculantes, se espera que influyan en las decisiones finales.

Además de conectar diferentes regiones del país, estos proyectos apuntan a facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales, gracias a la mejora en la infraestructura logística que estas rutas promueven. La realización de estas obras también impactará positivamente en el ámbito social y económico, ya que contribuirán a reducir los tiempos de viaje y los costos de transporte, lo cual beneficia tanto a empresas como a individuos a lo largo de estas rutas.

El gobierno convocó a audiencias públicas como parte de la segunda etapa del proceso de privatización de 4.400 kilómetros de rutas nacionales

DETERIORO ACTUAL

La ruta 188 desde hace mucho tiempo está deteriorada y se han pedido mejoras tanto en anteriores gobiernos como en el actual. Pertenece al tramo portuario sur se extiende desde San Nicolás hasta Realicó en La Pampa, cruzando regiones productivas clave en la agricultura y ganadería, como Pergamino, General Pinto, Lincoln, General Villegas y Realicó. Este trayecto suma un total de 636,75 kilómetros y la audiencia se llevará a cabo el viernes 13 de junio a las 10 en el auditorio municipal Rafael de Aguiar en San Nicolás.

“Hoy las rutas se cobran vidas. Algo que podría evitarse”, alertó Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, en una entrevista con Chacra Agro en la que expresó su profunda preocupación por la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento vial.

“De los 40.000 kilómetros que componen la red vial nacional, más de 25.000 están comprometidos”, aseguró.

El dirigente gremial puntualizó que, de acuerdo con un relevamiento propio, el 65% de las rutas del país se encuentran en “estado regular o malo”, lo que no sólo “genera pérdidas de vida en accidentes fatales, que se ha transformado en una de las principales causas de muerte en el país”, sino también “complica el normal traslado de producciones esenciales” para la población.

Uno de los casos más recientes que expone esta situación es el de la Ruta Nacional Nº 3, donde se produjeron varios accidentes, algunos fatales, en un mismo tramo en pocos días. “En esa misma curva, al día siguiente del primer accidente, hubo otro despiste. No salió en los diarios porque no hubo muertos. Pero ese mismo día, 20 km atrás, murió otra persona”, relató. Para Cattanzaro, la tragedia pudo haberse evitado si se hubiese terminado la obra de la autovía.

Además de las pérdidas humanas, el dirigente gremial advirtió sobre el costo económico del deterioro: “Cada peso que no se invierte en mantenimiento, después cuesta entre tres y cinco veces más en rehabilitación”. Asegura también que no hay provincia que se salve, ya que hay rutas “detonadas” por todo el país.

La falta de planificación a largo plazo y la necesidad de una revisión normativa son las principales preocupaciones: “Si no quieren hacer obra pública, al menos deberían modificar la ley y buscar nuevas formas. Desde nuestro sector presentamos propuestas para salir de esto de manera gradual. Lo que no sirve es el abandono”, expresó Cattanzaro.