Por: Redacción Semanario de Junín

El ingeniero agrónomo Ricardo Lasca brindó un preciso panorama acerca de lo que viene en materia de concesiones viales, a propósito del artículo publicado en nuestra edición revista y web titulado “Alerta Junín, Vialidad herida de muerte”.

Lasca es coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y explicó que las concesiones viales emprendidas por el gobierno nacional en la entrega del manejo de las carreteras de su jurisdicción a manos nacionales, comprende tres etapas.

Expresamos además que “nosotros como Conaduv no vamos a asistir a esas audiencias públicas porque son realmente una burla, un simple formalismo, una falta de respeto a los usuarios y a los participantes, nos dan solo cinco minutos para exponer un tema tan importante”, al referirse a que el gobierno convocó a audiencias públicas como parte de la segunda etapa del proceso de privatización de 4.400 kilómetros de rutas nacionales, que actualmente son administradas por la empresa estatal Corredores Viales S.A.

Añadió que “encima son en distintos lugares, por más que se haga en forma virtual, algo que logramos nosotros, porque era increíble que uno tenga que estar viajando a distintos lugares para solo hablar cinco minutos con el gasto que eso tiene y la pérdida de tiempo”.

La audiencia por el tramo de la ruta 7 se llevará adelante el jueves 12 de junio de 2025, a las 10 a.m., en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín, ubicado en avenida Circunvalación y Ruta Nacional N° 7.

Si bien en Junín desde el sector fomentista se indicó que asistirían para pedir una nueva rotonda en la ruta 188, (la audiencia se llevará a cabo el viernes 13 de junio a las 10 en el auditorio municipal Rafael de Aguiar en San Nicolás), Lasco reiteró que “las audiencias son un simple formalismo, es una información que da Vialidad para imponer ‘de prepo’ la red federal de concesiones, porque ya está todo ‘cocinado’, o sea, invitan a audiencias públicas, simplemente para hacer una catarsis”.

Por ese motivo sostuvo que “nosotros no vamos a avalar ese show que se monta, que es realmente -reitero- una burla, una falta de respeto a los participantes, a los usuarios”.

“No hay marco regulatorio, no hay ente regulador y sin embargo se sigue adelante como si nada, sin considerar a los usuarios viales que somos parte de esto”

El agrónomo indicó al respecto que “debiera prepararse una mesa seria de debate, con discusión de las partes involucradas, usuarios directos, indirectos, autoridades, intendentes o gobernadores, etcétera, y debatir el proyecto en serio”, destacando que “de nuestra parte lo hemos propuesto y lamentablemente fue cajoneado y no es escuchado”.

Según el gobierno este proceso de privatización se enmarca en la Ley N° 27.742, que “busca mejorar la eficiencia del Estado y promover la transparencia en la gestión pública y la Dirección Nacional de Vialidad, bajo la órbita del Ministerio de Economía, es la autoridad encargada de supervisar y controlar los contratos de concesiones viales”.

Remarcando respecto a las audiencias que “éstas se han planificado para ofrecer un espacio dialogante y abierto a la sociedad civil, en ellas, las opiniones y propuestas de los participantes son altamente valoradas, aunque no vinculantes, se espera que influyan en las decisiones finales”.

“Estos proyectos apuntan a facilitar el acceso a mercados nacionales e internacionales, gracias a la mejora en la infraestructura logística que estas rutas promueven” afirman el gobierno nacional y añade que “la realización de estas obras también impactará positivamente en el ámbito social y económico, ya que contribuirán a reducir los tiempos de viaje y los costos de transporte, lo cual beneficia tanto a empresas como a individuos a lo largo de estas rutas”.

“SIMPLE MANTENIMIENTO”

Para Lasca la realidad es bien distinta, afirmando que “lo increíble es que son simple mantenimiento y corte de pastos, concesiones entre 20 y 30 años, una locura, triplicando o cuadruplicando las tarifas actuales para todas las categorías de usuarios y con inversión cero”.

Dijo que además “se les permite hacer negocios adicionales a los nuevos concesionarios entregando banquinas y predios para que pongan farmacias, restaurantes, áreas de descanso, etcétera, que son negocios adicionales al mantenimiento de la red vial".

El especialista estimó que la situación vial con estas concesiones “es volver a los ‘90 después del fracaso que fue eso y no se prevé que esto lo genere ningún tipo de ampliación de la red o autovías, multitrochas o banquinas asfaltadas. Es simple corte de pasto y mantenimiento. O sea, vamos a estar pagando a una empresa que no invierte nada y con el peaje nada más, cubre el costo operativo”.

La audiencia por el tramo de la RN7 se llevará adelante el jueves 12 de junio de 2025 en el Complejo Deportivo Municipal General San Martín

MAS PEAJES

Lasca advirtió sobre un tema medular y que hace al costo de los usuarios agregando que “hay muchos corredores a los cuales se le van a agregar estaciones de peaje a las que ya existen. En las rutas nuevas que se van a concesionar, por supuesto, tendrán peajes y todavía no están definidos cuántos”.

Pero adelantó que en la Ruta 3 se sumarán entre dos o tres más, por lo que desde CABA a Bahía Blanca habría que pagar en ocho oportunidades.

Opinó que “lamentablemente, no hay marco regulatorio, no hay ente regulador y sin embargo se sigue adelante como si nada, sin considerar a los usuarios viales que somos parte de esto”.

Tal como había indicado SEMANARIO coincidió en que “a Vialidad Nacional que la están desmantelando premeditadamente, como pasó en los 90, para seguir haciendo negocios y negociados con obra pública”, aunque cree que el organismo no será disuelto, sino que sería fusionado con la Agencia de Seguridad Vial.

Lasca se refirió luego al desvío de fondos destinados a vialidad, destacando que hay plata para mantenimiento debido a que son 3000 millones de dólares por año lo que se ha recaudado en impuestos a los combustibles y que no es sólo de ahora, sino que cada gobierno de los anteriores ha malversado ese monto desviándolo hacia otras áreas como lo hizo y hace con el fondo hídrico, o los destinados a jubilados o Fonavi. Por eso destacó que “la plata es para obras de infraestructura, no para cualquier cosa. Por eso pagamos el combustible tan caro”. Y añadió que “no es justo que estemos cargando combustible, pagando impuestos para llevar adelante obras viales y esa plata la desvíen a cualquier lado o la malversen”.

Para finalizar, resaltó que “ya es sabido que el régimen de peaje es un impuesto al tránsito, y por lo tanto claramente inconstitucional por la falta de camino alternativo y la doble imposición y parece que quienes gobiernan, sean gobernadores, intendentes, funcionarios, legisladores, no leyeran la Constitución Nacional, que es bien clara al respecto”.