Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA DE LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 464 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 31 DE MAYO AL 6 DE JUNIO DE 2025

Desde hace más de una década se suceden denuncias respecto al manejo de supuestas “granjas de rehabilitación truchas” para personas con problemas de consumo de estupefacientes. Sin embargo, esa laxitud sigue vigente y el mayor perjuicio resulta contra los propios pacientes que no reciben el tratamiento y la atención necesaria, mientras algunos irresponsables mercantilizan la situación como si se tratara de un simple negocio comercial, del mismo modo que ocurre con algunos geriátricos, una situación que también se ha vivido de modo dramático y descontrolado en Junín.

Hace una semana, los vecinos del barrio Los Almendros acudieron a SEMANARIO para mostrar su preocupación respecto a que la propiedad donde hasta el año pasado funcionaba el geriátrico “La Casa di Famiglia”, había sido alquilada para alojar a personas provenientes de una granja de rehabilitación de adicciones que recientemente fuera clausurada en Chivilcoy y que anteriormente funcionara en Bragado, siendo también desalojada.

Si bien los vecinos destacaron que el problema no era con el centro de salud ni con sus pacientes, consideraron que dicho lugar debía estar convenientemente habilitado y controlado por las autoridades pertinentes.

Las versiones indican que unas treinta personas serían alojadas allí y ante el silencio del municipio que comanda Pablo Petrecca y la escalada del conflicto, la concejal Belén Veronelli, de “La Libertad Avanza”, y el edil Pablo Petraglia, de “Unión por la Patria”, presentaron sendos pedidos de informes al Ejecutivo precisando que se proceda en carácter de “urgente” con la inspección de dicho espacio a los fines de constatar que se cumplan las condiciones y las normativas vigentes para su funcionamiento, si hay un pedido formal de habilitación y además de certificar las identidades de quienes se encontrasen allí alojados bajo tratamiento. Ambos pedidos fueron aprobados.4

Vale recordar que hace tan solo un mes atrás el intendente de Junín recibió en su despacho al titular de la subsecretaría de Políticas Integrales sobre Drogas, Roberto Moro, y a Silvia Pisano, de la subsecretaría de Atención y Acompañamiento en materia de Drogas.

El motivo del encuentro tuvo que ver con la presentación del nuevo dispositivo del SEDRONAR para atender la cuestión del consumo problemático. "El objetivo es estar cerca y acompañar a aquellos que sufren la problemática del consumo y también a sus familias", destacó el alcalde, y agregó: "Venimos trabajando hace mucho tiempo con todo su equipo, hemos también tenido reuniones presenciales en Capital Federal y de hecho ya venimos trabajando y articuladamente con el dispositivo del Sedronar que hoy, anunciamos oficialmente y ponemos en marcha".

Sin embargo, hasta el momento y como ocurrió en otras oportunidades, todo quedó en una foto más para el álbum de la gestión.

Tras el desalojo en Bragado se ubicaron como granja de rehabilitación en el partido de Chivilcoy y hace unos días la justicia provincial dispuso su clausura

UNA SITUACIÓN IRREGULAR

La historia en torno a este presunto centro de rehabilitación denominado “Hasta el último día” tiene varios hechos de irregularidades que se fueron gestando y que lógicamente terminan afectando sobremanera a los pacientes que ya traen consigo una situación compleja a resolver.

El lugar habría comenzado a funcionar en Bragado como parte de los centros de la organización “Vencer para vivir”, que consta de otras siete granjas en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires.

Tras el desalojo en Bragado, se ubicaron como granja de rehabilitación en el partido de Chivilcoy y hace unos días la justicia provincial dispuso la clausura progresiva del centro de atención, por carecer de habilitación oficial y documentación respaldatoria.

La medida fue confirmada por el juez de Paz Letrado, Eduardo Banchero, quien explicó que el procedimiento se realizará de forma gradual para preservar la integridad de los pacientes, aunque el magistrado en declaraciones a la prensa afirmó que las personas que habían internado allí a sus familiares “fueron estafadas en su buena fe” ya que se trataba de un centro “ilegal y clandestino”.

La decisión judicial se tomó tras el incumplimiento de un acta compromiso firmada por los responsables. En ese documento se comprometían a presentar trámites en curso vinculados a las habilitaciones requeridas para instituciones de salud mental.

Debido a las irregularidades, el responsable del lugar, Julián Coronel, fue desafectado de la organización “Vencer para Vivir”, lo cual indudablemente puso en mayor riesgo al conjunto de los pacientes.

Este tipo de centros siguen constituyendo un grave problema por la irresponsabilidad de los actores, sean públicos como privados

VICTIMAS

En declaraciones a la prensa, familiares de los jóvenes internados dieron su parecer por la situación, avalando las prácticas llevadas a cabo por los encargados del centro.

Aseguran que hubo quienes se rehabilitaron cuando estuvo en Bragado y que la falta de habilitación está sujeta a “la parte burocrática – administrativa”.

Creen que el cierre lo único que genera es que los internos “se queden en la calle y vuelvan a drogarse”

Y aseguran que “con estas decisiones se los termina desamparando totalmente y no está bueno que pase eso. Ayudarlos a ellos es también ayudar a la ciudad porque en la vía pública son potenciales consumidores y cuando no tengan plata van a salir a robar, entonces lo que queremos es tener más chicos presos, no debe ser así”.

Es más, expresaron que “algunos, antes de ingresar a la granja, habían robado hasta a la propia familia para tener dinero e ir a comprar droga”.

Indicaron que “la problemática de las adicciones es muy grande a nivel nacional, pero es más sencillo hacernos los distraídos que reconocer lo que está pasando hoy en el país y actualmente tenemos muchos chicos adictos por esta problemática que estamos atravesando donde ninguna persona está exenta a que pueda entrar debido a que la droga se encuentra a la orden del día que es lo más triste”.

La historia en torno a este presunto centro de rehabilitación denominado “Hasta el último día” tiene infinidad de irregularidades

LAS GRANJAS EN EL BANQUILLO

Sin lugar a duda, este tipo de centros siguen constituyendo un grave problema por la irresponsabilidad de los actores (sean públicos como privados) y es sabido de las historias de horror que guardan este tipo de establecimientos.

En rigor, el periodista Pablo Galfré escribió el libro “La Comunidad”, publicado por la editorial Sudestada, donde en su prólogo señala: “Hace tiempo que investigo este mundo donde nada es lo que parece. Donde todo es mentira. Durante un año y medio entrevisté a consumidores y abusadores varios. Entrevisté a padres, ex empleados y psicólogos que corroboraron los pormenores de las historias. Hablé con otros que se creen prohombres en una lucha ficticia contra las drogas pero que en realidad encarnan lo peor de este sistema. Señores capitalistas. Esnifadores de la droga más letal: la plusvalía".

Al referirse a este tipo de “instituciones”, el autor explicaba que “son parte del paisaje urbano, pero el periodismo nunca se ocupó de ellas. Se las conoce con el nombre de ‘comunidades terapéuticas’ o ‘granjas de rehabilitación’, pero detrás de sus intenciones terapéuticas o de recuperación de jóvenes con problemas de adicción, se oculta un negocio millonario y una larga lista de estafadores, vinculados estrechamente con obras sociales, prepagas y sectores del Poder Judicial”.

La investigación de Pablo Galfré dejó al desnudo una oscura trama a partir de un caso ocurrido en la Fundación San Camilo, escenario de la dudosa muerte de un joven internado.

A partir de este caso, y transitando la frontera entre la crónica y la novela negra, Galfré se adentra en los laberintos de una comunidad terapéutica y aporta testimonios de pacientes, legajos judiciales y la palabra de los propios responsables.

En su presentación, la editorial puntualiza que "La comunidad" no es sólo un libro: es también una herramienta que busca encontrar justicia para tantos pibes maltratados y encerrados en un submundo de estafas, abusos, violencia y verso psicológico, que reaviva viejas discusiones sobre la ausencia del Estado y el lucro como motor de proyectos privados vinculados a la medicina y sustentados, muchas veces, en la desesperación de familiares y amigos.

La situación es angustiante para todos.

Vecinos asustados, gente abandonada, familiares sin saber qué hacer. En un tiempo en que los gobiernos insensibles se deshacen de la ayuda que debiera ofrecer, todo el conjunto está a la deriva.

CUANDO EL “TETO” FUE NOTICIA

En septiembre de 2022, se produjo la detención del presentador de televisión Marcelo "Teto" Medina junto a otras 16 personas por los delitos de reducción a la servidumbre y abandono de persona por su rol en la institución “La razón de vivir” (la de Chivilcoy es “Vencer para Vivir” y tienen un logo similar), y la sociedad puso el foco una vez más sobre el rol de las comunidades terapéuticas, popularmente como granjas de rehabilitación, en el tratamiento de personas con adicciones a drogas.

Medina y el resto de los integrantes de la organización fueron investigados bajo la calificación penal de "reducción a la servidumbre, trabajos forzados, asociación ilícita, usurpación de autoridad y título e incumplimiento de los deberes de funcionario público". En la investigación, el Juzgado de Garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra, verificó que “La razón de vivir” no tenía autorización para funcionar como una comunidad.

La prestigiosa psicóloga, titular de la cátedra de Salud Pública y Salud Mental de la Universidad de Buenos Aires, Alicia Stolkiner, explicó que el origen de estas comunidades terapéuticas estuvo ligado al proceso de penalización del consumo. “Detenían a un muchacho porque le encontraban marihuana y el juez podía mandarlo preso o a rehabilitación. Eran internaciones compulsivas. A las instituciones les pagaban por cada internado”, relató.

Es importante remarcar que no todas las comunidades de rehabilitación actúan de forma ilegal. Sin embargo, en este caso en particular, La razón de vivir no estaba inscripta en la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (Fonga).