El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) informó que no estará presente en ninguna de las siete audiencias públicas convocadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), denominada Red Federal de Concesiones (RFC).

Según consignó CONADUV, su decisión se basa en que "las audiencias programadas tienen caracter  no vinculante, por lo que constituyen un simple formalismo y representan un desagradable show donde se monta un decorado para hacer creer a la ciudadanía en la toma de decisiones, siendo una burla y una falta de respeto a los usuarios viales y al público en general"

En otro de sus fundamentos, la CONADUV expresó que "de ninguna manera avalamos el proyecto denominado Red Federal de Concesiones. El hecho de participar de las audiencias es como aceptar una propuesta que implica la continuidad de las concesiones bajo el régimen nefasto de falso peaje o impuesto al tránsito, claramente inconstitucional".

"Es de suma gravedad que estos eventos se lleven a cabo sin siquiera un marco regulatorio que defienda los derechos de los usuarios viales ante una estafa vial que parece persistirá en el tiempo. Las concesiones viales tienen carácter de servicio público"

El falso peaje o impuesto al tránsito que se impondrá en la Red Federal de Concesiones (RFC) es directamente un cargo económico e impuesto al tránsito, motivo por el cual generará serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales, a las localidades servidas por los distintos corredores, y a toda la sociedad en su conjunto. Para peor no se contempla ampliar la red vial ni realizar obras de importancia, sólo es corte de pasto y simple mantenimiento. El problema de las rutas no solo tiene que ver con su mal mantenimiento, sino con su antiguo diseño pensado para un parque automotor muy diferente al actual.

RED FEDERAL DE CONCESIONES (RFC)

El Gobierno Nacional presentó la nueva Red Federal de Concesiones (RFC), permitiendo licitar aproximadamente 9.100 kilómetros de corredores viales nacionales, actualmente en manos de la indebida empresa Corredores Viales S. A., por concesión bajo el sistema de peaje directo con cobro en ruta, solamente para su operación y simple mantenimiento.

Entre otras cosas se está contemplando un ajuste mensual en las tarifas actuales hasta que estén los nuevos concesionarios para luego aumentar las mismas hasta más de un 200 %, con ajustes trimestrales. Los plazos de concesión como las tarifas definitivas estarán de acuerdo a las ofertas que planteen las empresas las que solo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual, señalización, corte de pasto y trabajos de mantenimiento básico. No se contempla realizar nuevas obras de ampliación de la red vial, como para transformar rutas en autovías o autopistas, multi trochas, carriles de sobrepaso.

Para peor se han incluido más kilómetros a concesionar, y encima se prevé incorporar nuevas estaciones de peaje a las ya existentes.

A pesar del contundente fracaso y la estafa vial que significa continuar con el sistema de peaje directo con cobro en ruta implementado en los años 90, la actual administración insiste con un método de financiamiento vial inadecuado e inconstitucional, que está direccionado a beneficiar sólo a los concesionarios con muy buenas ganancias, casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una afrenta a los usuarios viales y al interés de la sociedad en su conjunto por los graves perjuicios sociales y económicos que se generarán.

A tal efecto, el CONADUV manifiesta:

- Rechazar, total y enfáticamente, por inviable, antieconómica, ilegal e inconstitucional, la decisión del Gobierno Nacional de insistir con el fracasado sistema de “falso peaje o impuesto al tránsito” con cobro en ruta en caminos de dominio público ya existentes y sin alternativas libres de pago, previamente pagados con creces por los usuarios viales desde la sanción de la ley 11.658/32 que creara los Fondos Específicos (impuesto a las combustibles, neumáticos, lubricantes)

- Que es imperioso reflexionar que así se sigue atentando contra lo prescripto en la Constitución de la Nación Argentina (Art. 10 – 11 y 14), siendo repudiado por organismos internacionales, legisladores nacionales y provinciales, organismos públicos y privados y representaciones de usuarios.

- Que hay una clara doble imposición, principalmente por el Impuesto a los Combustibles, y además de otras cargas.

- Que las rutas nacionales y provinciales de nuestro País son de bajo caudal de tránsito, motivo por el cual la mayor parte de la recaudación en concepto de peaje es destinada al innecesario y elevado costo operativo de las estaciones de cobro, sin volcarse plata al camino, haciendo inviable y antieconómico el método de financiamiento vial que se pretende imponer.

- Que se cuestiona el anuncio formulado por el Gobierno Nacional, solicitando al Sr. Presidente de la Nación quiera disponer se realice en forma urgente el estudio del beneficio económico que la comunidad obtendría si se dispusiera de caminos libres de peajes, y el costo social que implicará el proyecto de continuar con un régimen de peaje antieconómico, ilegal, injusto e inconstitucional.

- Que la Red Federal de Concesiones (RFC) que se pretende llevar a cabo está nuevamente direccionada a favorecer sólo a los concesionarios viales con fabulosos beneficios, con casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una nueva afrenta a los usuarios viales y a toda la sociedad en su conjunto. Lejos está de reducir los costos logísticos y de transporte, como también de lograr mayor seguridad vial.

- Que sería de suma importancia, ya que los caminos son de dominio público, convocar en forma urgente a una importante mesa de trabajo con la participación de los usuarios viales directos e indirectos, la DNV, las autoridades correspondientes, Gobernadores, Intendentes, Legisladores Nacionales y Provinciales, entre otros, con la finalidad de analizar las distintas alternativas para por en práctica un verdadero Proyecto Vial y libre de peaje.

- Rechazar terminantemente la solicitud de varios Gobernadores de “provincializar” rutas nacionales para imponer irresponsablemente el cobro de peaje, como también de instalar el mismo sistema en rutas provinciales.

El CONADUV reitera la necesidad de implementar un verdadero Proyecto Vial Nacional, que contemple toda la red caminera del País, exhortando al Gobierno Nacional y a quienes nos representan, a que se asignen en forma efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles al objeto que le dio origen, permitiendo así el sostenimiento y mejoramiento del Sistema Vial Argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, SIN BARRERAS Y SIN PAGO DE PEAJE POR PARTE DE TODOS LOS USUARIOS VIALES, GARANTIZANO EL LIBRE TRÁNSITO TAL CUAL LO EXPRESA CLARAMENTE LA CONSITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA.

Si la política vial definida por el Señor Presidente de la Nación Argentina, Dr. Javier Milei, es POLITICA DE ESTADO y los caminos son bienes de dominio público, pagados en su totalidad con los recursos que aportan los usuarios viales, antes de adoptar una decisión apresurada y arbitraria, debería escucharse a quienes pagan los caminos y tienen propuestas mucho más adecuadas a la realidad social que vive el país.

RECUPERAR LAS RUTAS POR PARTE DEL ESTADO, SUPONE PONER FIN AL CICLO MÁS ESCANDALOSO DENTRO DEL PROCESO PRIVATIZADOR EN ARGENTINA. DEBE REJERARQUIZARSE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD (DNV) PARA VOLVER A SER EL ORGANISMO RECTOR DE LA POLÍTICA VIAL, RETOMANDO EL MANEJO DE UNA HERRAMIENTA ESTRATÉGICA EN MATERIA DE PRECIOS RELATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA. POR UN PROYECTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL (VIAL, FERROVIARIO Y FLUVIAL) COMO POLÍTICA DE ESTADO, INTEGRADO Y ADAPTADO A NUESTRA VASTA GEOGRAFÍA, COMPETITIVO EN LO ECONÓMICO A NIVEL INTERNACIONAL Y ALEJADO DE LOS MEGA NEGOCIOS FUNCIONALES SOLO A UNAS POCAS EMPRESAS O INDIVIDUOS.