Por: Por Luciana Bertoia

La tristemente célebre Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) resucitó el año pasado por obra y gracia de un decreto de Javier Milei. Y todo indica que estaría dedicada a los menesteres que mejor conoce: espiar a quienes se oponen al poder y a los «grupos sociales vulnerables» que se organizan en defensa de sus derechos. Hay pedidos para que el Congreso se aboque a estudiar el tema y para que el Poder Judicial investigue.

La SIDE es territorio del asesor Santiago Caputo. Allí puso a un funcionario de su confianza, Sergio Neiffert, que quedó a cargo de una estructura nueva, creada el año pasado por los decretos 614 y 615. A principios de este año, recaló en el organismo Diego Kravetz, que venía de desempeñarse como el número dos del área de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Antes, había cumplido una función similar en el municipio de Lanús.

En octubre del año pasado, la SIDE presentó su Plan de Inteligencia Nacional (PIN). Según la ley 25.520, es el presidente quien fija los lineamientos estratégicos de la inteligencia, y la SIDE quien los redacta en un PIN. La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) –que tiene como principales autoridades al senador Martín Lousteau (UCR) y al diputado Leopoldo Moreau (UxP)– es la encargada de analizarlo.

En noviembre del año pasado, hubo indicios de que algo andaba mal. La Unión Cívica Radical (UCR) denunció entonces dos ataques a sus oficinas. En un segundo comunicado, los atribuyó a las críticas que Lousteau había formulado al PIN cuando la SIDE lo presentó.

CAMBIO DE PIN

El tema estuvo latente hasta que estalló con fuerza el domingo 25 de mayo. En La Nación, Hugo Alconada Mon publicó que el PIN habilitaría a la SIDE a espiar a periodistas. A las pocas horas, el mismo periodista denunció que habían intentado hackear sus redes sociales, particularmente WhatsApp y X (ex Twitter). El Gobierno desmintió sin mucho énfasis la información y se preocupó más por ver de dónde venía la filtración.

El PIN es un documento extenso que fija objetivos generales. Entre ellos está el alineamiento con los Estados Unidos e Israel al tope. También aparecen como foco de interés de los servicios todos aquellos que «busquen erosionar la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios» –lo que hace juego con el lema de «no odiamos suficiente a los periodistas»–. También apunta a quienes influyen en la «pérdida de confianza en las políticas económicas» y aquellos que busquen manipular la opinión pública durante procesos electorales.

«Podría tratarse de cualquier periodista, experto, activista o ciudadano que cuestione decisiones gubernamentales o se exprese de manera disidente», advirtieron desde la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) en una nota que le enviaron a la CBI para que se aboque con urgencia a tratar la cuestión.

El PIN se aplica en directivas concretas. Según publicó Alconada Mon, existiría una orden –firmada por el propio Kravetz, jefe de Operaciones de la SIDE– para monitorear el accionar de «grupos sociales vulnerables». Eso implicaría, entre otras cosas, poner el ojo en los movimientos sociales, en los grupos de jubilados que se movilizan e incluso en las personas con discapacidad que están saliendo a las calles para reclamar contra los recortes que practica el Gobierno.

SIDE. Legalmente, el organismo no puede involucrarse en cuestiones de seguridad interna

En marzo se supo que la SIDE participó en el diseño de operativos frente a las marchas de los miércoles, sobre todo después de que Patricia Bullrich instalara desde el Ministerio de Seguridad que se movilizarían las barrabravas. La SIDE no puede inmiscuirse en cuestiones de seguridad interna. La única hipótesis que avalaría su intervención es la de la desestabilización, teoría que esbozó el Gobierno ante distintas protestas.

«En las directivas generales del PIN y en la directiva operativa que se conoció firmada por Kravetz, se reafirma la idea de que el Gobierno nacional está usando la SIDE para hacer informes de conflictividad que le garanticen gobernabilidad», explica Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

«Ese informe de conflictividad implica monitorear a todos aquellos que, a través de redes digitales o en protestas, planteen algún tipo de oposición o disidencia con el Gobierno. La participación de la SIDE en las reuniones con Bullrich que se conocieron posiblemente haya tenido que ver con estos objetivos. A esto hay que sumarle una cuestión accesoria, que es la experiencia de Kravetz en el Gobierno de la Ciudad para llevar adelante los operativos ante las protestas», añade Litvachky.

PREOCUPACIÓN

En paralelo con lo que parece ser su vigilancia sobre organizaciones sociales, la SIDE volvió a caminar los tribunales. Después de las elecciones en la Ciudad en las que el PRO quedó relegado a un tercer puesto, la SIDE se presentó en la causa por el espionaje a las familias de los submarinistas del ARA San Juan. Quería conocer la situación de los imputados. El más conocido de ellos es el expresidente Mauricio Macri. Y el estado del expediente es público: están sobreseídos y el tema está a revisión de la Corte.

Kravetz. El jefe de Operaciones de la SIDE habría firmado una orden para monitorear el accionar de «grupos Sociales vulnerables».

«El espionaje sobre las familias del ARA San Juan quedó probado; la manipulación judicial, también. Para sobreseer a Macri, los jueces de Comodoro Py se atrevieron a justificar el espionaje por la seguridad personal del presidente o la seguridad interior, equiparando a esas familias con “terroristas”. Ahora vemos cómo las causas pueden ser utilizadas y azuzadas por el poder político de turno contra un adversario político –en este caso, Macri para Milei–. Es llamativo que la SIDE intervenga. No convalidamos estas prácticas, aunque en el camino se pierda la posibilidad de obtener justicia», dice Valeria Carreras, abogada de familiares de los tripulantes del submarino que se hundió en noviembre de 2017.

La CBI recién podría reunirse por el escándalo del espionaje el jueves 5 de junio. El juez Daniel Rafecas delegó en la fiscalía y en la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) la investigación de los hackeos a Alconada Mon. El secretario general de la seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, amplió una denuncia que había presentado contra el presidente y pidió que el fiscal Guillermo Marijuán requiera informes a la SIDE sobre el PIN.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó casi 40 denuncias en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza (LLA), centradas la mayoría de ellas en la represión a las protestas sociales. También denunció tareas de inteligencia ilegal en un acto que hizo en la ex- ESMA en diciembre pasado. «La preocupación por la situación es total. Las fuerzas también están haciendo tareas de inteligencia. No hay control. Las denuncias tampoco avanzan», afirma Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM.