Por: Dr. Juan Ignacio Tellería

El fallo de la jueza Preska no es una simple sentencia judicial. Es una intromisión directa sobre una decisión soberana del Estado argentino, tomada en 2012 por un Congreso integrado por todas las fuerzas políticas, que votó con mayoría amplia la recuperación de YPF para el país.

Esa expropiación no fue una arbitrariedad. Fue una política de Estado, respaldada por ley, con el objetivo de recuperar el control sobre nuestros recursos estratégicos. No se puede aceptar que esa decisión, tomada en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes, sea ahora puesta en cuestión por un tribunal extranjero.

La demanda fue impulsada por Burford Capital, un fondo buitre que nunca fue parte de YPF, ni invirtió un centavo, ni aportó nada a la producción energética del país. Solo compró, a precio vil, derechos litigiosos de una empresa quebrada para especular en tribunales. Y ahora, por medio de una jueza de Nueva York, pretende quedarse con el 51% de una empresa nacional clave.

Más grave aún es que se haya convalidado esa maniobra en una jurisdicción que no corresponde. YPF es una sociedad constituida en Argentina, con domicilio en Argentina y regida por leyes argentinas. Lo que está en discusión es su estatuto y una ley nacional. Claramente, la competencia debería haber sido de nuestros tribunales.

Aceptar esta situación sería convalidar que nuestras decisiones democráticas pueden ser corregidas afuera, sin respetar nuestra soberanía ni nuestras instituciones. No se trata solo de un fallo injusto. Se trata de una señal peligrosa: si no defendemos lo que es nuestro, otros van a venir por ello.

Juan Ignacio Telleria (Abogado)