La medida, ordenada por diferentes distribuidoras afecta incluso a las bocas de expendio con contratos de transporte firme que deben sostener los establecimientos abiertos a pesar de no poder despachar, lo que encendió las alarmas entre empresarios y entidades gremiales.

Desde la Federación, y con el presidente Juan Carlos Basílico a la cabeza, ya se trabaja en la elaboración de acciones legales y reclamos administrativos contra las distribuidoras, 'y no se descarta avanzar judicialmente por incumplimiento contractual y lucro cesante'.

Basílico advirtió que "el impacto de este corte no es menor: deja a las estaciones sin ingresos pero con todos sus costos operativos activos, desde salarios hasta servicios e impuestos. La comunicación de las distribuidoras fue enviada por correo electrónico, sin precisar plazos de restablecimiento del servicio".

Según dijo a este medio la Presidenta de la Cámara de Expendedores de La Pampa, la decisión responde al aumento extremo de la demanda residencial, agravado por las condiciones climáticas y fallas en instalaciones clave. En paralelo, se priorizó el abastecimiento a hogares, hospitales y escuelas, desplazando completamente a las estaciones. Aunque muchos operadores poseen contratos firmes, la realidad demostró que esa figura también tiene limitaciones.

“Cada estacionero contrata un volumen anual determinado, y al superar ese cupo, pierde el derecho a seguir recibiendo gas, incluso con contrato firme. Por eso, muchas bocas debieron cortar el servicio al llegar al tope de su capacidad pactada”, explicó el Vicepresidente de la Cámara de Expendedores de GNC, Oscar Olivero.

Detalló además que el gas está llegando con menor presión, lo que agrava aún más el panorama. Técnicamente, el sistema no puede sostener una operación normal cuando la infraestructura responde con limitaciones físicas además de comerciales. Esto vuelve más compleja cualquier planificación para las estaciones, que ya operan con márgenes muy ajustados.

En regiones como La Pampa, el temor a una repetición del colapso de 2024 es concreto. En aquella oportunidad, más de 15 días de corte total obligaron al cierre provisorio de decenas de estaciones, con consecuencias económicas que aún no fueron totalmente revertidas.

“Las estaciones afectadas insisten en que su actividad es también esencial para el funcionamiento del transporte urbano y productivo. Miles de vehículos a GNC —como taxis, remises y fletes— dependen de su operatividad para trabajar a diario. El freno en el suministro impacta de forma directa sobre la economía regional y sobre el empleo formal del sector”, recalcó Basílico.

Frente a este escenario, analizamos estrategias legales colectivas. El reclamo apunta a que se reconozca el perjuicio económico sufrido y se revise el actual sistema de contratos y prioridades, en un contexto donde la previsibilidad resulta fundamental para la supervivencia del negocio. Fuente: Surtidores