El Gobierno de Estados Unidos anunció que respaldará a la Argentina en uno de los capítulos más sensibles del juicio por la expropiación de YPF, en trámite ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. En las próximas horas, el Departamento de Justicia estadounidense presentará un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) para acompañar el pedido del Estado argentino de frenar la ejecución del fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de la petrolera.

La intervención se formalizó a través de un documento firmado por el asistente del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, David E. Farber, y busca influir en la Corte para que suspenda el cumplimiento de la sentencia de la jueza, Loretta Preska, que avaló el pedido de Burford Capital de apropiarse de la mayoría accionaria de la compañía. Esa resolución se dictó en 2023, cuando Preska condenó a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares por la forma en que se concretó la estatización en 2012.

Desde el entorno del Gobierno nacional celebraron el respaldo del Ejecutivo estadounidense, aunque aclararon que la presentación del Departamento de Justicia no se extiende, por el momento, al fallo de fondo que establece la millonaria indemnización, ni a otros aspectos de la apelación que se tramita. De todos modos, se trata de un gesto de peso político en medio de una disputa internacional que expone al país a un severo riesgo patrimonial.

La estrategia argentina se sostiene sobre dos patas, una ofensiva judicial en el exterior, liderada por la Procuración del Tesoro, y una diplomacia activa a través de la Cancillería para sumar apoyos multilaterales. En ese marco, trascendió que otras naciones como Uruguay, Paraguay, El Salvador, Italia, Francia y Alemania podrían sumarse como amicus curiae, en una ofensiva jurídica colectiva contra la avanzada del fondo buitre Burford.

Estados Unidos ya se había pronunciado a favor de la posición argentina en octubre de 2023, cuando recomendó a Preska no conceder la entrega de las acciones. En ese entonces, el entonces fiscal, Damian Williams, advirtió que ejecutar bienes soberanos viola las leyes estadounidenses sobre inmunidad de los Estados. La magistrada, sin embargo, desoyó el planteo y ordenó el traspaso, decisión que ahora se intenta revertir en la Cámara.

“La medida cautelar solicitada por Burford viola normas de inmunidad soberana y no debería ser concedida”, había expresado el Gobierno de Joe Biden en un escrito de diez páginas. El razonamiento oficial apuntaba a defender la propiedad estatal de las acciones ubicadas en territorio argentino, frente a lo que se considera una injerencia jurisdiccional inadmisible.

No es la primera vez que un juez estadounidense desestima los planteos del propio Ejecutivo de su país, de hecho ya había sucedido con Thomas Griesa en la causa de los fondos buitre durante el gobierno de Cristina Kirchner, y volvió a pasar ahora con Preska, jueza de línea conservadora y cercana al Partido Republicano. Por eso, si bien el respaldo político es clave, no garantiza un fallo favorable.

La causa por YPF se convirtió en un frente crítico para la política exterior y la economía del país. El reclamo de Burford se basa en la falta de cumplimiento del estatuto societario de la petrolera durante la expropiación del 51% de las acciones en 2012, cuando el gobierno de Cristina Kirchner tomó el control sin lanzar una oferta pública de adquisición al resto de los accionistas.