Por: Redacción Semanario de Junín

Si quedaban dudas, las Audiencias que ya se celebraron, una de ellas en Junín barrió con varias, al tiempo que confirmó interrogantes que ya son certezas: Los privados que se queden con los nuevos y lucrativos tramos de rutas harán pocas obras y a cambio, multiplicarán los peajes para hacer realidad aquella frase del presidente Milei que nadie hace nada que no sea para ganar plata. Eso sí, cuanta más con menos, mejor.

Tal vez el consuelo para la ciudad no llegue con noticias de la Autovía 7, donde la travesía urbana y el intercambiador con la ruta 65 pasaron a mejor vida, sino por el lado de la ruta 188, donde la Audiencia que se celebró en San Nicolás dejó algunas esperanzas. Al menos así lo expresó Julio Miguenz, presidente de la Federación de Sociedades de Fomento quien aseguró que “la Dirección de Vialidad Nacional tomó como referencia y validez los pedidos que realizamos en el marco de la última audiencia pública que tuvo lugar en San Nicolás, con lo cual se van a incluir en el proceso de licitación para los nuevos corredores viales”.

Luego, sostuvo que “son reclamos que hace mucho tiempo la Federación viene realizando, junto con los barrios Ramón Carrillo, Resero Norte, San Carlos, San Ignacio y San Antonio y el paraje Laplacette”. Se verá si las obras de colectoras, cruces, rotondas y semáforos además de distintas señalizaciones finalmente son incluidas en los trabajos a realizar.

Mientras tanto, esta semana, el Gobierno Nacional anunció el lanzamiento inminente de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que contempla la licitación nacional e internacional de más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales estratégicas.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía y coordinado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, abre la puerta a que empresas privadas tomen el control del mantenimiento y explotación de corredores clave en cinco provincias: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa. En total, se trata de ocho tramos viales que serán concesionados con obras obligatorias y control estatal.

Este paso se da apenas días después de que el Gobierno decidiera extender el plazo de la Etapa I, que incluye la Ruta del Mercosur, por pedido de firmas interesadas. En paralelo, la licitación en marcha en esta segunda fase abarca 4.428,93 kilómetros que hoy están bajo control estatal o de Corredores Viales S.A., una empresa que será liquidada según establece el Decreto 97/2025.

Entre los tramos que se pondrán a disposición figuran la Ruta Nacional 3, la 205, la 226, la 5, la 7, la 35, la 8, la 33, la 188, y diversas autopistas clave que conectan la región pampeana con los puertos del litoral. El paquete incluye corredores como el Sur (de Cañuelas a Bahía Blanca), el Atlántico (de Mar del Plata a Bolívar), el Pampa (de Luján a Santa Rosa), el Mediterráneo (Ruta 7 y 35), el Puntano (de Pilar a Villa Mercedes), el Portuario Sur (de Campana a Rosario), el Portuario Norte (de San Nicolás al centro del país) y el Acceso Sur (Ricchieri, Newbery y tramos entre Ezeiza y Cañuelas).

El pliego exige que las empresas ganadoras realicen obras de mejora estructural, rehabilitación de calzadas, colocación de nueva señalización, iluminación y seguridad. Además, se implementará el sistema Free Flow, un mecanismo de peaje electrónico sin barreras físicas que apunta a digitalizar completamente el cobro para 2027.

Desde el oficialismo defienden la medida argumentando que la Red Federal de Concesiones, con sus 9.154 kilómetros, representa solo el 20% del sistema vial, pero concentra el 80% del tránsito. “Apuntamos a mejorar el servicio y reducir los costos de mantenimiento directo con inversión privada”, justifican.

El decreto presidencial que da forma al plan no solo habilita las nuevas concesiones, sino que también ordena dar de baja los contratos vigentes con Corredores Viales S.A., empresa que emplea a cientos de trabajadores, muchos de ellos en zonas rurales o nodos logísticos sensibles. En esas regiones ya comenzó a crecer la preocupación por el impacto laboral y social de la desestatización.

En paralelo, sigue vigente el freno judicial a la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, dispuesto hace más de una semana por la jueza Martina Forns. La magistrada suspendió el decreto que ordenaba eliminar ese organismo, aunque en el Ejecutivo aseguran que la medida responde a una “reorganización funcional” para evitar superposiciones con la Secretaría de Transporte.

La idea del oficialismo es dejar atrás el modelo de obra pública financiada por el Estado y reemplazarlo por concesiones contractuales. En ese esquema, la Dirección Nacional de Vialidad perdería su razón de ser y sus tareas pasarían a ser absorbidas por áreas técnicas del Ministerio de Economía.

La Secretaría de Transporte será la encargada de fiscalizar el proceso licitatorio, con apoyo del equipo legal de la Casa Rosada. También se sumará la Subsecretaría de Energía Eléctrica para definir los pliegos técnicos, que se publicarán a través de la plataforma CONTRAT.AR, la misma que se utilizó para la privatización de Belgrano Cargas y AySA.

Mientras avanza la hoja de ruta del modelo libertario, crecen los interrogantes sobre qué pasará con los trabajadores de las empresas públicas disueltas y cómo se garantizará el acceso a rutas en zonas de baja rentabilidad para los privados. También para esto puede imaginarse el futuro, el peor escenario si no hay plata.

Rutas nacionales: vacaciones de invierno marcadas por la tragedia

En plena temporada turística, once personas murieron y más de 40 resultaron heridas en tres accidentes fatales ocurridos en rutas nacionales de Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz. Todo ocurrió en solo tres días y estos siniestros encendieron nuevas alarmas sobre las condiciones de seguridad vial en el país.

El caso más reciente fue en Santa Fe, donde un micro con 60 pasajeros que regresaba de un tour de compras en Buenos Aires y se dirigía a Resistencia, Chaco, embistió a un camión en la Ruta Nacional 11. Murieron tres personas y otras 17 resultaron heridas. En Río Negro, una familia entera perdió la vida al chocar de frente contra un camión, en medio de una tormenta de nieve sobre la Ruta Nacional 151. En Santa Cruz, cuatro personas murieron y 20 resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un camión.

Los siniestros se produjeron en tramos incluidos dentro del esquema de rutas nacionales, en momentos en que el Ministerio de Obras Públicas avanza con un plan de concesión de corredores viales. La licitación incluye más de 4400 kilómetros y prevé obras, mantenimiento e incorporación de tecnología de control automatizado.