Por: Redacción Semanario de Junín

El domingo pasado a la noche, una vez conocidos los resultados electorales de las elecciones bonaerenses, donde Fuerza Patria le dio un sacudón al gobierno libertario, Milei no solo asumió la derrota, sino que (en una velada esperanza para los dolientes) manifestó que iban a hacer la autocrítica correspondiente y también a cambiar los errores cometidos. No obstante, el discurso también sonó contradictorio porque pese a lo anterior, también dijo que “el rumbo no se cambia”.

Y muestras del rumbo emprendido, hay por todos lados. Uno de ellos se dio en el ámbito de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), donde el gobierno libertario cerró más de 30 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en distintos puntos del país. Espacios de abordaje territorial que contenían a personas con consumos problemáticos y sus familias.

Mientras los casos de consumo crecen y el avance del narcotráfico deja huella en esos mismos barrios, para los adictos en recuperación, estos lugares son un espacio vital. Allí se brinda la atención y contención para empezar a tener oportunidades y reinsertarse en la sociedad. No solo eso: se entrega además de un plato de comida y amor, más allá del trabajo.

Se brindaban cursos para que las personas con diferentes problemáticas de adicciones pudieran tener otra oportunidad de sentirse útiles.

“Luego de un extenso trabajo de supervisión y auditoría sobre los 583 CAAC, Sedronar detectó graves irregularidades en 32 que no cumplían con los criterios básicos para la atención y acompañamiento de las personas con consumos problemáticos de sustancias”, fue la respuesta oficial para explicar el corte del subsidio a esos centros.

Aseguraron que “ninguna persona se quedará sin atención, todas serán reubicadas”, algo que es desmentido desde los barrios. Entre las “deficiencias” encontradas, señalaron la ausencia de prestaciones específicas en consumos, una apertura semanal menor a cuatro días y la falta de un equipo profesional mínimo.

Sin embargo, ya desde antes de concretar esas bajas la propia Sedronar había cesado contratos con trabajadores sociales, psicólogos y otros profesionales que atendían y que, en muchos casos, llevaban varios meses sin cobrar.

El gobierno libertario cerró más de 30 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) en distintos puntos del país

SIN MOTIVOS

“Recibimos auditorías trimestrales que estaban siendo virtuales. En ningún momento vinieron realmente a conocer nuestro trabajo. Si el Estado se va a hacer cargo de cerrar, que hagan su trabajo viendo lo que hacemos”, cuestionó Brenda Di Spalatro, responsable regional de Vientos de Libertad, tras el cierre del centro barrial La Movediza, en Tandil.

“Supuestamente fue porque bajamos las prestaciones y no llegamos al número de personas asistidas. Nada que ver –refutó–. Está abierto de 14 a 22, quienes hacen procesos ambulatorios cenan acá, hay espacio para familiares, hay terapias individuales, grupales, articulamos con otras ciudades que mandan gente. Es un centro barrial que funciona de lunes a viernes y hacemos primera escucha para el servicio de salud mental del hospital municipal”.

“Nos piden como requisito que acompañemos en lo específico a 15 personas con consumos y acompañamos a alrededor de 25, pero llegamos a 100 con acciones comunitarias. No hay motivos para cerrar. Creemos que somos una variable de ajuste”, definió.

La organización social se propuso mantener el funcionamiento del lugar pese al cese del sostén estatal, pero sin garantías sobre cuánto tiempo podrán hacerlo: “Los psicólogos y demás profesionales son militantes de la salud comunitaria y deciden no cortar el proceso. El que decide cortarlo es el Gobierno Nacional”.

Ya hubo cierres en Neuquén, Caba, Provincia de Buenos Aires y Salta, donde el colectivo Ni un pibe ni piba menos por la droga emitió un comunicado de alerta. “Es gente que se queda sin trabajo y pibes sin atención”, resumió.

Sedronar dependía de Jefatura de Gabinete. Pero cuando asumió Milei pasó a la órbita del Ministerio de Salud, hoy comandado por Mario Lugones. Sánchez alertó: “Las condiciones territoriales están más predispuestas para el narcotráfico que para salir del consumo”. 

Con la avanzada del narcotráfico, esos cierres implican la pérdida de espacio comunitario en el territorio

TAMBIÉN EN EL BONAPARTE

Según el artículo 4º de la Ley de Salud Mental, “las adicciones deben ser abordadas como parte de las políticas de salud mental”. Por eso, es uno de los ejes de atención del Hospital Bonaparte, dependiente de Nación y especializado en la temática. Blanco de una embestida que amenazó con su cierre, en el Bonaparte también se vio afectada la atención a pacientes con adicciones.

“Somos un efector más, como cualquiera de los que maneja Sedronar. Compartimos pacientes, trabajamos de forma articulada. Las bajas de los CAAC a todo el arco de salud nos parten al medio, porque esos dispositivos atajan muchas situaciones en los territorios y no hacen detonar los hospitales. Ese es el sentido de la atención primaria”, remarcó Leonardo Fernández Camacho, delegado de ATE en el Bonaparte. “Lo primero que cortaron acá fue el equipo de abordaje territorial, que trabajaba en conjunto con ese tipo de dispositivos”.

Esta semana, el juez Patricio Maraniello –el mismo que prohibió difundir audios de Karina Milei- dictó una cautelar para que se restablezca el normal funcionamiento del Bonaparte. Aunque, según el Ministerio de Salud, eso nunca se interrumpió. El personal del hospital no opina lo mismo: “Entre despidos y renuncias se fueron la mitad de los psiquiatras, el 80% de los médicos clínicos. Parecemos una salita de barrio”.

Con la avanzada del narcotráfico, esos cierres implican la pérdida de espacio comunitario en el territorio.

Y se empezó a ver algo que no se veía hace mucho: la lógica Pablo Escobar, el narco dando comida en los merenderos. Y la explicación es simple, dolorosamente simple:  Si se corre a la organización del territorio, queda el lugar para que la narcoestructura crezca. Y está pasando.