El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, prorrogó por un año la Ley de Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria para Empresas Recuperadas, una norma que protege a las fábricas autogestionadas por sus trabajadores frente a desalojos, cortes de servicios y procesos judiciales.

El acto simbólico se realizó en la Cooperativa de Trabajo Cristal Avellaneda, con la presencia del intendente Jorge Ferraresi y del presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato, además de trabajadores y referentes del sector.

La elección del lugar no es casual: Avellaneda concentra 17 empresas recuperadas, el número más alto de toda la provincia, que cuenta con 155 unidades productivas y más de 4.100 trabajadores. Según datos del IPAC, el 67% de estas cooperativas están radicadas en el conurbano bonaerense, principalmente en Avellaneda, Quilmes y Vicente López, mientras que el resto se distribuye en municipios del interior como Bahía Blanca, Azul, Mar del Plata y Bragado.

La ley 15.485 fue sancionada en abril de 2024 por la Legislatura bonaerense, con una duración inicial de 18 meses y la posibilidad de prórroga por un año. La norma reconoce a las empresas recuperadas como actores de interés provincial, suspendiendo los desalojos y cortes de servicios públicos, y garantizando un marco de apoyo a las cooperativas de trabajo que sostienen su producción tras el cierre o abandono de sus dueños originales.

Desde el IPAC destacaron que la extensión de la ley es “clave para preservar la continuidad laboral”, dado que más del 36% de las fábricas recuperadas operan en inmuebles con causas judiciales o en proceso de quiebra, mientras que solo el 31% es propietaria de su predio. 

El presidente del IPAC, Gildo Onorato, subrayó el rol del Estado bonaerense como “escudo y red de contención” frente a la situación económica que atraviesan las cooperativas. “Ya cerraron 15.000 empresas en el país, según la Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC). Por eso la Provincia cumple un papel fundamental para sostener a quienes apuestan al trabajo autogestionado”, expresó.

El 74,6% de las cooperativas bonaerenses se dedica a la actividad manufacturera, y muchas de ellas se enfrentan a dificultades para afrontar tarifas, insumos y litigios judiciales. Desde el Gobierno provincial señalaron que la prórroga de la emergencia permitirá mantener la asistencia y el acompañamiento institucional, en un contexto en el que el acceso al crédito y las políticas nacionales de apoyo al sector se redujeron drásticamente.

El Gobierno provincial destacó que las empresas recuperadas “carecen de fin de lucro, sostienen fuentes de trabajo autogestionadas y desarrollan actividades sociales que benefician a la comunidad”, evitando así “los costos sociales del desempleo y la pobreza”.

Con la prórroga de la ley, la Provincia busca garantizar la continuidad de un modelo productivo que combina autogestión, empleo y arraigo local, en un escenario económico nacional cada vez más adverso para el sector cooperativo.