Las comunidades de la provincia de Buenos Aires expresaron su rechazo frontal al llamado “Proyecto del Veneno” que se debate en el Congreso Nacional y a la “Resolución del Veneno” 246/2018 del gobierno provincial, que según indicaron, habilita aplicaciones de fitosanitarios a “cero metro” en modalidad terrestre.

El Encuentro de Pueblos Fumigados por la Agroecología y el Buen Vivir de la Provincia de Buenos Aires, junto con asambleas ambientales y organizaciones sociales, sostienen que estos instrumentos “violan el artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente (25.675)”, al tiempo que “pisotean los principios de prevención, precaución, progresividad y no regresividad, desconocen el Acuerdo de Escazú y se burlan de la debida diligencia exigida por el sistema interamericano de derechos humanos”.

“No hay grieta: oficialismo y oposición vienen blindando el Negocio del Veneno mientras nuestros pueblos se enferman, el agua se contamina y los ecosistemas colapsan”, advirtieron los representantes de las comunidades fumigadas, quienes aseguran que la evidencia científica documenta un aumento de casos de cáncer, malformaciones, abortos espontáneos, leucemias, linfomas, disrupciones endocrinas y neurológicas vinculadas a la exposición crónica a agroquímicos.

Exigen participación y audiencias públicas

Este martes, un colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados presentó formalmente ante las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación un pedido para que se convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Aplicación de Fitosanitarios (Expte. 5621-D-2025).

El escrito solicita también publicidad amplia en medios de circulación nacional, la definición de requisitos y modalidades de participación, la asignación de un ámbito físico y la realización conjunta de ambas comisiones, “en los términos del art. 114 bis del Reglamento de Diputados”.

Según las comunidades, “el verdadero debate sobre el modelo agronegocio no son las distancias de las fumigaciones, sino su insostenibilidad ambiental y sanitaria”, por lo que exigieron la derogación inmediata del proyecto y la resolución, así como la adopción de distancias de resguardo mayores a 1.000 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 metros para aéreas.

Debate en Diputados y apoyo del agro

En contraste, el sector agropecuario y entidades técnicas mostraron respaldo al proyecto de ley en un plenario de comisiones de Diputados, destacando que busca establecer un marco regulatorio nacional con criterios científicos y previsibilidad para los productores.

Atilio Bendetti, presidente de la Comisión de Agricultura, enfatizó la necesidad de “ordenar la actividad con criterios científicos, ofrecer previsibilidad a los productores y garantizar la protección del ambiente y la salud de las comunidades”.

Por su parte, Ramiro Costa, coordinador de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), subrayó que el proyecto “es fruto de un amplio consenso interinstitucional” y que incorpora “avances tecnológicos en la aplicación de fitosanitarios, como el uso de drones y sistemas dirigidos o selectivos”.

El proyecto establece zonas sensibles, donde no se puede aplicar ningún producto cerca de pueblos, escuelas, parques o cursos de agua; zonas de exclusión con límites de 10 metros terrestres y 45 metros aéreos; y zonas de amortiguamiento bajo condiciones controladas y medidas preventivas.

Gustavo Idígoras, presidente del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), celebró el tratamiento del proyecto en las comisiones, al señalar que “un ordenamiento basado en la ciencia es vital para promover el desarrollo productivo sustentable y federal en toda la Argentina”.