La victoria del Gobierno en las elecciones legislativas se hizo sentir en Diputados, durante el debate del Presupuesto 2026: los funcionarios de la secretaría de Educación confirmaron que no respetarán la ley para mejorar el presupuesto de universidades, que el Congreso sancionó y ratificó tras un veto de Javier Milei.

“La ley de administración financiera establece que queda suspendida una norma si no tiene financiamiento. No tendríamos respaldo legal para aplicarla. Si ustedes votan la eliminación a la ley de gravedad, vamos a salir de acá y va a seguir existiendo”, sostuvo Alejandro Álvarez, subsecretario de políticas universitarias.

Álvarez se presentó en la comisión junto a Carlos Torrendell, secretario de Educación, pero fue el encargado de contestar preguntas sobre las universidades. La ley de financiamiento fue promulgada la semana pasada por el Gobierno, que suspendió su aplicación.

La norma contempla un pago retroactivo a los docentes y no docentes en función de la pérdida de poder adquisitivo a noviembre de 2023, para luego aplicar una indexación en función de la suba de precios.

Álvarez confirmó que no tendrán en cuenta está obligación. “Está previsto el aumento de salarios, pero no el que pide el sindicato, que significa dos billones más. Los gobiernos anteriores se manejaron con impuesto inflacionario”, cuestionó el funcionario. Contó que paga 300 mil millones de pesos mensuales en salarios y hasta 550 cuando hay aguinaldos.

“Cada punto de aumento, son 3.500 millones. Tenemos una paritaria por encima del promedio del Estado. La mejor manera de recortar salarios es licuarlos con inflación”, acusó Álvarez.

Las universidades, en la mira

La oposición salió al cruce, pero no logró ablandar a los funcionarios. “Las universidades se sostienen por el esfuerzo de los docentes y los alumnos ¿Dónde está la ley que decía que había que aumentar los fondos de la SIDE? Hablan de la libertad, pero la quieren sólo porque la puede pagar”, acusó Leandro Santoro, de Unión por la Patria (UP).

“Usted mantiene la verba radical, ahora que se fue a un espacio comunista”, le respondió Álvarez, quien acusó a la UBA de no aceptar una auditoría de la SIGEN. “¡La ley dice otra cosa!”, le gritó la radical Mariela Coletta, cercana a Martín Lousteau. La casa de estudios sólo permite ser monitoreada por la AGN.

Hugo Yasky hizo la misma enumeración de gastos sin fuentes que avaló el Gobierno. “Tendrían que lavarse la boca para el gobierno que más escuelas construyó en este país, que construyó universidades. Hagamos una reunión con representantes de la comunidad académica", dijo.

El subsecretario se mostró feliz por el triunfo en las elecciones legislativas y se permitió ironías. “Le doy dos buenas noticias: no cerró ninguna universidad. El presidente del CIN dijo que renunciaron diez mil docentes: el sistema tiene 198 mil, había 196 y el índice de rotación era de 2.3%. Se aprobó la incorporación del 100% de las demandas de muchas gestiones, para cargos docentes y no docentes”.

La siguiente buena noticia que enumeró Álvarez fue el incremento del presupuesto que es de 4.8 millones, representando 14% respecto del ejecutado en 2025. “Se van a cubrir las necesidades de todas las universidades. Todas recibieron el financiamiento al 100% de todas las actividades que venían desarrollando", remarcó.

Para el año 2026 el aumento previsto en paritaria docente y no docente va a promediar el 9,5% en el mejor de los casos, con una inflación proyectada del 10%", calculó Danya Tavela, de DPS, autora de la ley de financiamiento universitario.