Por: Redacción Semanario de Junín

SECCIÓN SEMANAGRO PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 486 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025

El proyecto, presentado por diputados de la UCR y el PRO con respaldo de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias (RedBPA), fija zonas de resguardo de apenas 10 metros para aplicaciones terrestres y 45 para las aéreas.

Una distancia estándar para todo el país, como si fuera igual aplicar en la llanura de la cuenca del Salado que en las sierras de Tandil, donde la pendiente y las inversiones térmicas pueden llevar la deriva mucho más lejos, sin tener en cuenta las condiciones ambientales (como velocidad del viento o temperaturas) y las condiciones de aplicación (como tamaño de gota, presión de pulverización etc.).

Según consignó el Ingeniero agrónomo y productor agropecuario Matías Jáuregui de la zona de Tandil “no tenemos que inventar nada, solo tener en cuenta la experiencia de otros países (por ejemplo, muchos europeos), donde los equipos tienen un sistema de alarma que bloquea la aplicación cuando los sensores determinan que las condiciones no son adecuadas”.

“Aun así, este proyecto tiene un punto positivo, y es que el ingeniero agrónomo sea quien firme la receta fitosanitaria. Al igual que un médico prescribe un tratamiento, el agrónomo debe asumir la responsabilidad técnica. Pero eso requiere un Estado que acompañe, fiscalice y no deje zonas grises” agregó.

Argentina no necesita una ley que solo controle el uso de los fitosanitarios. Necesita un proyecto que cuestione el fondo del problema

Si existen productos bajo sospecha científica, no pueden seguir en el mercado “hasta que se demuestre lo contrario”. La biología no funciona como la matemática: los efectos ambientales y en la salud suelen combinarse, enmascararse o aparecer años después. Por eso, será clave vincular la receta agronómica a un sistema de seguros de aplicación, donde técnicos, aseguradoras y Estado compartan responsabilidades.

El otro cuello de botella es el Senasa. Esta ley se apoya en que solo se usarán productos autorizados por el organismo, pero el Senasa sigue aprobando moléculas prohibidas hace años en la Unión Europea, como atrazina, insecticidas de alta toxicidad, etc.

Un ejemplo claro es la utilización de fofitos para el control fúngico y como bioestimulante, que recién los estamos empezando a utilizar en Argentina, mientras que en Europa se acaban de prohibir.

Detrás de esto están las presiones de las multinacionales proveedoras de insumos, que marcan el ritmo del modelo agrícola argentino.

“Esta ley no habla en ningún punto de la formación profesional. En la Facultad de Agronomía de Mar del Plata, donde estudié, hay cuatro materias de economía, una sola de agroecología (optativa) y ninguna sobre salud humana relacionada con los agroquímicos. Aprendemos a calcular márgenes brutos, pero no a evaluar impactos sociales o ambientales” agregó Jáuregui.

Otra deuda del proyecto: no incentiva la adopción de insumos de bajo impacto. Los productos biológicos, de banda verde u orgánicos siguen siendo los más caros. El Estado debería ofrecer créditos blandos, reducir impuestos y apoyar el desarrollo de los mismos.

Hoy el negocio de maximizar la producción a fuerza de insumos solo beneficia a las corporaciones, mientras los productores siguen cada vez con menos margen.

Argentina no necesita una ley que solo controle el uso de los fitosanitarios. Necesita un proyecto que cuestione el fondo del problema.

El debate debería centrarse en tres ejes:

- Cómo formamos a nuestros ingenieros agrónomos.

- Qué productos autoriza el Senasa.

- Cómo se incentiva el uso de insumos saludables.

“Si no discutimos eso, todo lo demás será apenas un manual para seguir haciendo lo mismo que ya se hace” cerró el ingeniero.

La quema o trituración de envases sin control libera gases y micropartículas tóxicas, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire

DECOMISO EN RAMALLO

En un operativo de control rural, efectivos del Comando de Prevención de Ramallo, provincia de Buenos Aires, interceptaron una camioneta que transportaba mil bidones vacíos de fitosanitarios con restos de agroquímicos sin documentación ni protocolos de seguridad. El hecho ocurrió sobre la Ruta 51, en el tramo que une La Violeta, partido de Pergamino, con Ramallo.

Durante la inspección, los agentes detectaron que los envases contenían restos de herbicidas y plaguicidas peligrosos. Ninguno había sido sometido al triple lavado ni perforado, procedimientos obligatorios por la Ley Nacional 27.279 sobre Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios.

Los ocupantes del vehículo, dos hombres oriundos de Rosario, no contaban con remitos, permisos de transporte ni turno de entrega en el Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) Zonal, ubicado en el Parque Industrial COMIRSA. El operativo permitió evitar que los bidones ingresaran al circuito informal de reciclado.

Los envases de agroquímicos mal gestionados representan una de las fuentes más persistentes de contaminación ambiental. Los residuos que quedan en su interior pueden filtrarse al suelo y al agua, liberando sustancias tóxicas como glifosato, atrazina o paraquat, que afectan la salud humana y de la fauna.

Cuando estos plásticos se reutilizan sin tratamiento, los químicos pueden migrar hacia productos de uso cotidiano —como juguetes, muebles o recipientes—, exponiendo a las personas a compuestos peligrosos incluso dentro del hogar. En animales silvestres, la exposición prolongada a estos contaminantes puede provocar mutaciones, infertilidad y alteraciones neurológicas.

Además, la quema o trituración de envases sin control libera gases y micropartículas tóxicas al aire, contribuyendo al deterioro de la calidad del aire y afectando directamente a las comunidades rurales cercanas. Por eso, la ley exige que cada envase siga una trazabilidad estricta hasta su disposición final segura.

Según fuentes de la investigación, el destino final declarado —una planta de captación en Rosario— no pudo ser corroborado, lo que sugiere un posible intento de reutilización ilegal de los plásticos contaminados para fabricar productos domésticos.