Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA PUBLICADA EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 486 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 1 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2025

Conocida la resolución judicial por la cual la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás ordenó restituir en el cargo a un médico traumatólogo que había sido sancionado por el director del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con asiento en Junín, Fernando Crocco, quedaron al descubierto una serie de irregularidades que llevan larga data y que dan cuenta del manejo de tipo feudal que lleva adelante el funcionario, bajo el paraguas del director de hospitales bonaerenses Juan Sebastián Riera.

Las quejas por parte del personal respecto al maltrato laboral en el nosocomio provincial prácticamente se han naturalizado y juegan un papel de dos caras por parte de los funcionarios ya que mientras por un lado el Ministerio de Salud a cargo de Nicolás Kreplak difunde que “en cumplimiento de la Ley Nº 13168 que define a la Violencia Laboral como el accionar de los funcionarios y/o empleados públicos que valiéndose de su posición jerárquica o de circunstancias vinculadas a su función incurran en conductas que atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador /a manifestando un abuso de poder llevado a cabo mediante el amedrentamiento, amenaza, inequidad salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social, se ponen a disposición de quien lo requiera todas las herramientas necesarias para informar, sensibilizar y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas que integran el equipo de salud”, se creó y puso en funcionamiento “el Protocolo de Acción en situaciones de violencia interna (laboral) en el que se establece que el/la trabajador/a tiene la facultad de denunciar si cree que está pasando por una situación de violencia laboral”, completando una planilla de denuncia para ser presentada ¿adivinen ante quién?

Precisamente ante el director o la dirección de hospitales, motivo por el cual las acciones terminan en manos de los supuestos verdugos, quienes manejándolas a su antojo, terminan beneficiando a los “amigos” y perjudicando a los más díscolos que intentan ejercer sus derechos.

Esto fue lo que precisamente ocurrió cuando el traumatólogo Mariano Pablo Ballester fue denunciado por el supuesto pedido de cobro de un plus en una intervención quirúrgica.

La oportunidad sirvió para que Crocco, en julio 2024, le iniciara un sumario, lo suspendiera y lo dejara sin su salario, ni su obra social IOMA. El procedimiento no siguió su curso en cuanto a los tiempos necesarios para la presentación de las pruebas y el médico quedó cancelado “in eternum” por el ejecutivo.

Ante eso Ballester presentó un recurso judicial y recientemente fallaron los camaristas a su favor, por lo que volverá a sus funciones en el HIGA.

Tal como indicábamos, lo resuelto por la justicia promovió otros reclamos por parte de personal hospitalario, que motivó el interés del Colegio de Médicos de Junín que podría dar curso a una investigación del tribunal de disciplina por considerar la afectación a algunos de sus socios.

De hecho, fuentes internas aseguraron a SEMANARIO que Crocco tiene otras dos denuncias en la justicia del mismo tenor a la relatada y que podrían tener un fallo en los próximos meses sumando trayectoria negativa al director.

Los mensajes llegados a nuestra redacción por parte de empleados que por obvias razones prefieren no dar a conocer su filiación, señalan que “este modus operandi practicado por Crocco pareciera común aplicarlo también a otros profesionales y administrativos, mediante el ensañamiento y hostigamiento laboral dentro de esta dependencia pública; y pareciera desde ya no importarle a ningún funcionario desde las más altas esferas ministeriales en La Plata; pues ante los reclamos y quejas de los afectados, avalan el nefasto accionar”.

Fernando Crocco, titular del HIGA Junín, odiado por más del 90% del personal por el maltrato y la irrespetuosidad permanente.

Este tipo de actitudes quedaron demostradas a partir de la impunidad del director de dejar cesante a uno de los médicos durante más de un año, de forma casi “caprichosa”, según lo terminó significando la justicia demostrando que se vulneraron los derechos y reclamos del demandante.

Las denuncias se amontonan en la fiscalía provincial y mientras los usuarios padecen, el director atiende los dos mostradores

EFECTO BUMERAN

Claro que la actitud del director del Hospital Interzonal de Junín contra el propio personal hospitalario terminó jugándole en contra a través de varias denuncias que lo involucran a él.

De hecho, se volvió a destacar que Crocco no cumpliría con la inhabilitación de título como director hospitalario para ejercer en establecimientos privados tal como lo indica la legislación -y que detallamos más abajo- y por lo tanto seguiría llevando a cabo tareas en clínicas de nuestro medio.

El especialista en cirugía plástica y reparadora, habría realizado otras denuncias sin asidero en perjuicio del personal respecto al uso de instrumental en otras dependencias, pero olvidó que él mismo estaría llevando a cabo ese tipo de acciones.

Según trascendió, solicitó la compra de un dermatomo eléctrico que tiene un costo de alrededor de 10 millones de pesos que también lo estaría usando en actividades que cumple en La Pequeña Familia, además del HIGA.

Dermatomo eléctrico (foto ilustrativa)

Este dermatomo sirve en casos de trasplantes de piel y se habría roto durante su uso en la clínica privada por parte de los residentes.

Sin embargo, fue reparado (gratuitamente) por personal de electromedicina del hospital público, obviamente con recursos de la Provincia.

Pero las referencias que existen sobre el director hospitalario también están apuntadas a que estaría favoreciendo dentro del HIGA ‘Abraham Piñeyro’ a una empresa propia de ortopedia a cargo de personas de su confianza.

Según trascendió de fuentes hospitalarias, la firma “Implantes Médicos Junín” suele ser la recomendada para la compra de insumos desde el mismo quirófano del hospital regional, habida cuenta de las tardanzas que existen a nivel provincial con las prótesis, las cuales pueden pasar casi un año o más hasta su llegada.

Mientras Provincia anuncia cirugías en cadena para aliviar las críticas por las demoras, otros pacientes esperan poniendo cruces en el almanaque por otras que les salven la vida

Si bien se ha llamado la atención de esta maniobra, desde la dirección provincial hacen la ‘vista gorda’ respecto a que dos empleados del quirófano del Hospital Público pusieran una ortopedia. Y por lógica consecuencia estarían direccionando a los pacientes con problemas de este tipo a comprar insumos a ese sitio.

Además, se añadió que “hay órdenes precisas” a todos los residentes de guardia que envíen a los familiares de los pacientes a adquirir los elementos necesarios a dicha empresa.

De hecho, los nombres de los empleados hospitalarios figuran como titulares de la empresa, lo cual al menos debiera ser un llamado de atención respecto a la “transparencia” de la institución pública.

Es así como lamentablemente por cuestiones de índole política partidaria las falencias sanitarias se terminan naturalizando.

Mariano Pablo Ballester, el traumatólogo que deberá ser restituido a sus funciones por orden judicial y llegarán más acciones.

Entonces la salud pública termina siendo un botín que se reparten algunos sectores de lo más rancio de la casta política, y el discurso lastimero promueve que la falta de insumos, los sueldos paupérrimos de los profesionales y los “turnos urgentes”, que tardan meses, sean culpa de otros, cuando las responsabilidades son propias.

Siempre habrá por parte de la clase política una excusa para justificar las carencias en el hospital de nuestra región que, a pesar de la esforzada tarea que llevan a cabo algunos médicos, enfermeros y administrativos, no alcanza para remediar la ineptitud y desidia de la dirección ejecutiva.

Lo innegable, y tal como lo manifestamos en ediciones anteriores de SEMANARIO, es que sea quien sea que maneje la salud pública, tal como la motosierra nacional, la desidia provincial o la ineptitud municipal, terminan causando daños de gravedad evitables en los pacientes que, aunque reclamen por sus derechos nadie los escuchará. Y nadie, es nadie a esta altura del partido.

Lamentablemente por cuestiones de índole política partidaria las falencias sanitarias se terminan naturalizando

TODO MAQUILLADO

Entonces mientras la provincia anuncia cirugías en cadena para aliviar las críticas por las demoras y en Junín se llevan a cabo 25 de vesícula de un saque, mientras otros pacientes esperan poniendo cruces en el almanaque por otras que les salven la vida, el director se arroga poderes feudales con la complacencia de sus amigos del gobierno provincial.

Las denuncias se amontonan en la fiscalía provincial y mientras los usuarios padecen, el director atiende los dos mostradores, aunque favoreciéndose y favoreciendo al privado que lo contrata.

Por eso desde otros distritos observan azorados como el director del HIGA Junín sigue relacionado con clínicas privadas y supuestamente utilizando elementos que son de uso exclusivamente del hospital público. Escándalos similares acontecieron en 2022 en los hospitales de Chacabuco y Ameghino, de los que también dio cuenta este medio periodístico. Situaciones que también parecían “normales” a la vista de quienes debían velar por la medicina sanitaria.

La actitud del director del HIGA contra el propio personal terminó jugándole en contra a través de varias denuncias que lo involucran a él, según el personal "el peor director" de todos los tiempos.

LEYES INCUMPLIDAS

Resulta sorprendente el olvido premeditado de leyes que establecieron el funcionamiento de los hospitales y hoy se pasan por encima.

Por un lado, hallamos el Anexo I referido a la “Reglamentación de la Ley de Descentralización Hospitalaria 11.072”, que en su artículo 9 indica que “el Director Ejecutivo deberá ser profesional de la salud, con título universitario y capacitación en el gerenciamiento o administración de establecimientos de salud, cuya duración no sea inferior a 100 horas” y que “el régimen laboral será de disposición permanente”. Por lo tanto, Crocco estaría fuera de la ley si se establece que sigue cumpliendo funciones en el ámbito privado.

Por otra parte, la ley 11072 promulgada en 1991 en la provincia de Buenos Aires, señala en su artículo quinto que: Será responsabilidad del Hospital Público a partir de su descentralización:

a) Desarrollar acciones sanitarias de acuerdo con las necesidades de la población de su área de influencia.

b) Formular una estructura organizacional de acuerdo con las políticas referenciales establecidas por el Ministerio de Salud, con el fin de contribuir a su inserción en el sistema prestador.

c) Promover estrategias de personal, formulación de planteles y adecuación de estructuras con el fin de su redimensionamiento y reconversión.

d) Disponer el manejo de fondos a los efectos de cobros y pagos en relación a presupuestos formulados y aprobados por la autoridad ministerial.

e) Favorecer la docencia y la investigación, así como la capacitación permanente del plantel de personal, desarrollando programas de educación continua y auditoría de recursos humanos.

f) Proponer la incorporación de tecnología asegurando el cumplimiento de los objetivos asignados, en el marco de las normativas que establezca el organismo ministerial.

g) Asegurar la eficacia final en las distintas prestaciones, adecuando los costos a los presupuestos estimados.

h) Estructurar un mecanismo apto para sistematizar y procesar la atención del paciente y su consecuencia administrativa, en cuanto a procedimientos, producción de información, control de gestión y realización presupuestaria y financiera que permita la identificación de la demanda y el cobro a la Seguridad Social.

i) Instrumentar mecanismos que posibiliten el aprovechamiento intensivo de los recursos instalados, incrementando los niveles de producción y calidad de los servicios.

J) Contratar servicios, obras y suministros con arreglo a las leyes pertinentes y normas del Ministerio de Salud.

Mientras que, respecto a la administración hospitalaria, para que no se conviertan precisamente en un feudo como acontece en Junín, la legislación destacaba que en su artículo 6 que “el Hospital Descentralizado tendrá como nivel máximo de conducción un Consejo de Administración integrado por representantes del Ministerio de Salud en forma mayoritaria, de los trabajadores profesionales y no profesionales y de la comunidad”.

Detallando el artículo 7 respecto a que “el Consejo de Administración tendrá como organismo asesor una Comisión integrada por las instituciones representativas de la comunidad de su área de influencia”. Todos ellos, elementos prácticamente “borrados” de la gestión que termina siendo unilateral, sospechada e ineficiente.