Durante la semana pasada, la Justicia comercial declaró la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (Arsa), que tiene una de sus dos plantas más importantes en Arenaza, cuyos empleados permanecen en una situación de incertidumbre y conflicto desde hace más de dos años. La medida, dispuesta por el magistrado Federico Güerri, del Juzgado Comercial N° 29, implica el cierre definitivo de las plantas, y deja sin trabajo a más de 400 operarios pertenecientes a las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

Después del anuncio, un importante grupo de trabajadores mantuvo una reunión con los referentes del gremio Atilra y con sus representantes legales, quienes los pusieron al tanto de la situación y confirmaron la continuidad de la lucha por preservar los derechos de los empleados.

Según consignó LaPosta Tras el encuentro, los trabajadores emitieron un comunicado en el que expresaron: “Nos reunimos con nuestros dirigentes, que como siempre están de nuestro lado.

Tenemos claro quiénes son los que nos perjudicaron y atacaron nuestros sueños, nuestras ilusiones y condición de vida, vulnerando nuestra estabilidad laboral”. “Tenemos plena conciencia de que no somos culpables de nada y la organización que siempre nos representó, tampoco. Atilra es la única que tiene intenciones de resolver nuestro problema y de mantener viva la unidad productiva más importante del Distrito de Lincoln”, resaltaron.

Además, enfatizaron: “Los empresarios se fueron, los directivos, también, y los únicos que dieron la cara fue Atilra. Es por eso que, a pesar del mal momento que estamos atravesando, agradecemos de corazón y sinceramente a Atilra, a los dirigentes nacionales y locales. También a los compañeros de todo el país por estar pendientes de nuestra situación y acompañando a nuestros dirigentes, que intentan resolver esta situación para que la planta de Arenaza sea la unidad productiva que nos merecemos”. “Esta lucha no terminó. Seguiremos con la frente en alto, con convicción y coraje”, destacaron en el final del texto.

Arsa atravesaba una crisis prolongada que se había agravado en los últimos años. Había sido transferida por Sancor al grupo Vicentín en 2016, en una operación valuada en U$S 100 millones, y posteriormente había quedado en manos de los empresarios venezolanos Manuel y Alfredo Fernández, también responsables de La Suipachense.

La planta ubicada en Arenaza empleaba a unos 180 trabajadores, mientras que otras 200 personas se desempeñaban en las instalaciones cordobesas. Además, la compañía contaba con una red de 165 distribuidores que abastecían semanalmente a más de 70.000 comercios de todo el país. (Con información de La Posta)