Por: Redacción Semanario de Junín

EDITORIAL PUBLICADO EN LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 488 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Esta semana, el fiscal Cristian Aguilar, a cargo de la UFI N° 1 de Bahía Blanca, imputó formalmente a Leandro Ginóbili, hermano de Emanuel, por el derrumbe en el Club Bahiense del Norte que causó 13 muertes en 2024. El dirigente, presidente de la institución, fue acusado por los delitos de “estrago culposo agravado” y “lesiones leves y graves culposas”, entre otros (foto).

La decisión del fiscal se basa en que Ginóbili, en su rol de máxima autoridad del club, “omitió disponer la suspensión del evento de patín”, a pesar de que existían dos alertas naranjas previas del Servicio Meteorológico Nacional y otra advertencia emitida por el propio municipio de Bahía Blanca a las 13 de ese día.

El dictamen fiscal agrava la situación del dirigente al remarcar que Ginóbili tenía conocimiento de que el club “no contaba con habilitación municipal vigente”.

El fiscal señaló que el Código de Habilitaciones local “prohibía expresamente” la realización de actividades en instituciones que no tuvieran esa aprobación definitiva.

También imputó a Laura Fabiana Soberón, quien era la responsable del área de Habilitaciones de la Municipalidad de Bahía Blanca. La funcionaria fue citada a indagatoria para el 4 de diciembre por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública”. Según la acusación, Soberón habría permitido que el club siguiera realizando actividades masivas a pesar de las restricciones legales. El fiscal determinó que la funcionaria “habría incumplido su obligación de fiscalizar y detener los eventos” en un espacio que no estaba habilitado.

El expediente suma a un tercer imputado: el ingeniero en construcciones Pablo Ascolani, cuya responsabilidad se analiza por haber sido autor de informes técnicos que daban el visto bueno a la estructura del club.

A pesar de los 550 kilómetros que nos separan de la ciudad sureña, el hecho se entrelaza con varias cuestiones locales que deberán debatirse en algún momento, con el objetivo de prevenir situaciones ulteriores.

En primer lugar, hay que reconocer que la frecuencia con que se están dando este tipo de meteoros obliga a centrarnos en su estudio profundo. Y, acompañando esto, habrá que dar mayor observancia y seguimiento a las estructuras edilicias de Junín que suelen albergar a las personas.

De esta manera, la oficina de Habilitaciones no debe ser un espacio en el que convivan funcionarios acostumbrados a “hacer la vista gorda”, respondiendo a ciertos amiguismos a los que el petrequismo ha convertido en norma, sino una dependencia en la que el profesionalismo y la transparencia estén abocados a cuidar la integridad de los vecinos. No debe ser un órgano recaudador ni sospechoso de corrupción, con el objetivo de evitar situaciones trágicas y lamentables como la de Bahía Blanca.

Bien sabido es que hay instalaciones que están actuando irregularmente, como el Teatro San Carlos, al que se le ha conferido un escudo de nostalgia para aliviarlo de cumplir con las normas de seguridad y cuya situación habrá que revisar. Pero tampoco se conoce a ciencia cierta cuán seguras resultan infinidad de reductos adonde la gente se congrega para pasar un momento de diversión, sin saber a lo que se expone.

No se trata de iniciar una caza de brujas contra instituciones sociales que llevan adelante tareas de este tipo y que como tal les reportan una ayuda para sus alicaídas economías, pero sí es necesario abordar la problemática de la mejor forma para evitar cualquier situación que ponga en riesgo a quienes buscan disfrutar de un espectáculo, practicar un deporte o simplemente tener un rato de esparcimiento para aliviar la constante presión a la que nos obliga la rutina diaria.