Luego del escándalo que desató  la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) por cobrar un canon de 560.000 pesos a la Iglesia Católica de Misiones por el uso de la banquina de la Ruta Nacional 12 durante la tradicional peregrinación a Nuestra Señora de Loreto, ahora avisó que devolverá el importe.

El hecho expuso, con crudeza, el clima político, económico y espiritual que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei: Por primera vez en 24 años, una expresión de fe popular —arraigada, comunitaria, gratuita y marcada por la devoción— fue tratada como un trámite burocrático sujeto a recaudación fiscal.

El episodio desató una indignación transversal en creyentes, autoridades religiosas, referentes políticos e incluso en figuras del propio oficialismo. Y abrió un debate incómodo sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado nacional en su afán de obtener ingresos, incluso a costa de prácticas culturales que, hasta ahora, se consideraban intocables.

La peregrinación, que se desarrolló entre el 15 y el 16 de noviembre de 2025, reunió a unos 12.000 fieles provenientes de Posadas y localidades vecinas. No se trata de un evento marginal, sino una de las manifestaciones religiosas más importantes de Misiones, comparable —en proporciones— con la caminata a Luján en Buenos Aires o la peregrinación a Itatí en Corrientes. Desde su nacimiento hace más de dos décadas, la marcha se realiza por la banquina de la Ruta Nacional 12, un trayecto de entre 36 y 40 kilómetros que los fieles recorren a pie o en bicicleta como gesto de fe, agradecimiento o pedido espiritual.

Sin embargo, a diferencia de los 23 años anteriores, esta edición estuvo marcada por la exigencia intempestiva de un pago que, según Vialidad, respondía al “canon por intervención del camino”, un permiso contemplado en la Ley Nacional de Tránsito (24.449) para eventos que ocupan parcialmente la traza vial.

o sorprendente no es la existencia formal de la norma —vigente hace décadas— sino su aplicación selectiva y repentina justo en un contexto nacional donde el gobierno impulsa ajustes, privatizaciones y una reconfiguración del rol estatal centrada en la reducción del gasto y la maximización de ingresos, aun a través de mecanismos antes descartados por razones de sensibilidad social.

El rector del Santuario de Loreto, el sacerdote Fabio (o Leonardo) Cuenca, relató que el cobro fue notificado apenas 48 horas antes del inicio de la peregrinación. El pago debía realizarse sí o sí para garantizar la autorización del evento, lo que colocó a la Iglesia frente a un dilema: aceptar el canon para no perjudicar a los miles de fieles ya inscriptos o cancelar la marcha por falta de permisos.

Optaron por la primera opción, pero el malestar fue inmediato.

Cuenca denunció en redes que este cobro representaba “un nuevo impuesto a la fe” y un “arancel por peregrinar”, expresiones que no solo dan cuenta de una injusticia concreta, sino del sentir profundo de una comunidad que percibe que el Estado, lejos de acompañar, se volvió un obstáculo.

La crítica más dura del sacerdote apuntó a la ausencia de contraprestación estatal. Según explicó, la Ruta 12 presenta un abandono evidente: la selva avanza sobre la banquina, la vegetación tapa carteles y la falta de mantenimiento es cotidiana. Para los fieles, esa combinación entre abandono y cobro resulta, cuando menos, ofensiva. No se trata —como algunos voceros oficiales sugirieron— de una discusión administrativa sobre permisos, sino de un conflicto político y moral sobre qué tipo de Estado está construyendo el gobierno de Milei. Uno que recorta, terceriza y se retrae, pero que a la vez cobra por permitir una manifestación religiosa sin siquiera garantizar condiciones mínimas de seguridad vial que deberían estar dadas por default.

El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, fue aún más explícito al calificar la medida como “insólita y anticonstitucional”. Su argumento se ancló en la libertad religiosa, un derecho amparado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la tradición histórica argentina. Obligar a una comunidad religiosa a pagar para expresar su fe en el espacio público —sostuvo el obispo— implica un condicionamiento inadmisible. Y aunque la DNV insistió en que se trata de un requisito técnico, la reacción social muestra que la lectura ciudadana fue otra: el Estado, en nombre de la eficiencia fiscal o la ortodoxia administrativa, terminó colocándose en el lugar de censor indirecto de una práctica espiritual masiva.

Tras la controversia que se despertó a nivel nacional y hasta una crítica pública de Victoria Villarruel, Vialidad Nacional dio marcha atrás y le devolverá al Obispado de Posadas los 560 mil pesos que le cobró por la procesión al Santuario de Nuestra Señora de Loreto, en la que se utilizó la banquina de la Ruta Nacional 12 (RN12).

“Se está trabajando para que el día martes (después del fin de semana largo) podamos devolver el dinero”, indicó una alta fuente de Vialidad Nacional (VN) durante la tarde del jueves. Y agregó: “Fue un malentendido administrativo. Se le devolverá el dinero”.