El 13 de noviembre pasado se publicó en el Boletín Oficial una nueva resolución del SENASA en la que, entre otras cosas, se notifica la eliminación de exenciones arancelarias a distintas actividades de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (AFCI). En paralelo, una semana antes, el gobierno oficializó la aplicación de un 50% más de exenciones impositivas a la empresa Mercado Libre, que, según estimaciones, en los últimos 5 años dejó de pagar 350 millones de dólares como resultado de ese tipo de beneficios diseñados a medida.

De modo que a los sectores que garantizan arraigo, trabajo en el campo y alimentos locales, les aumentan los impuestos; a las corporaciones, se los reducen. Una cabal muestra del modelo económico actual.

La resolución 232/2025 (que lleva la firma del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta) elimina otras resoluciones anteriores, como el Anexo donde se establecían las exenciones arancelarias para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (2/2024) que a su vez recogía el trabajo de más de 15 años del SENASA tendiente a identificar barreras para la comercialización y el agregado de valor de productos de este sector.

Apelando a un lenguaje que tiene como objetivo sembrar confusión, el gobierno pretende justificar la resolución del SENASA del siguiente modo: “A fin de garantizar que todos los actores –personas humanas o jurídicas– se encuentren en pie de igualdad en el marco de las actividades que desarrollan, se considera procedente discontinuar las eximiciones relativas a la Agricultura Familiar”. Pero el resultado será el contrario: la consecuencia de esta resolución será la profundización de la desigualdad y el aumento de la concentración monopólica en el sistema agroalimentario nacional.

La medida

Entre las derogaciones anunciadas se encuentra el Anexo II, que incluía una serie de análisis de laboratorios vinculados a la ganadería, como así también otros estudios relacionados a la producción de frutas y hortalizas de la Agricultura Familiar.

Estos análisis van desde los necesarios para obtener documentos de tránsito, hasta otros que tienen que ver con la salud de la población, como el que identifica la brucelosis, una enfermedad zoonótica (se contagia a los humanos) que aún no ha sido erradicada del sector caprino y ovino.

Desde finales de la década de 1990, la FAO argumenta que la Agricultura Familiar (AF) es vital para el logro de la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza y la gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, el sector enfrenta desventajas estructurales como la falta de acceso a recursos, financiamiento, tecnología y mercados, problemas concretos que las políticas agrícolas genéricas no resuelven. Por ello se necesitan políticas diferenciadas, intersectoriales y participativas.

En Argentina, en 2009 se creó el grupo de trabajo de la Agricultura Familiar dentro del SENASA. A partir de entonces comenzaron a estudiarse situaciones normativas que debían diferenciar escalas a la hora de ser aplicadas, ya que no es lo mismo una industria que elabora miles de toneladas de un producto, que una familia campesina que realiza su producción de manera artesanal. Lo mismo sucede con la cría y faena de animales, con el transporte, etc. Estas normativas diferenciadas existen en todo el mundo: en la Unión Europea, los Estados Unidos, Brasil, Chile o Ecuador, por mencionar algunos ejemplos.

En 2014, luego de la aprobación de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, el grupo de trabajo del SENASA conformó subgrupos temáticos que avanzaron en diferentes áreas de la producción. En ese proceso, frente a la demanda del sector, en 2021 se creó la Dirección de Agricultura Familiar del SENASA para diseñar e implementar normativas sanitarias diferenciadas, facilitar el acceso a la registración y habilitación de los establecimientos y productos de la Agricultura Familiar, y promover la soberanía alimentaria a través del consumo de alimentos sanos, seguros y producidos localmente.

En contra de la Agricultura Familiar

La resolución anunciada días atrás no solo ataca a la Agricultura Familiar, sino también a la Soberanía Alimentaria y al derecho de las familias trabajadoras a acceder a productos locales sanos y de calidad.

La actual presidenta del SENASA, María Beatriz “Pilu” Giraudo, integra la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID); fue, hasta hace poco, vicepresidenta del INTA, cuyo actual presidente también es parte de la misma institución vinculada al agronegocio.

Durante su paso por el INTA, Giraudo presionó para que fueran eliminados del organismo los estamentos que realizan investigación tendiente a fortalecer la Agricultura Familiar; planteó, además, dejar de hablar de productores de la Agricultura Familiar y referirse, en cambio, a “agricultura de pequeña escala”: una agricultura sin sujeto, sin arraigo y sin vida rural.

Desde la Mesa Agroalimentaria Argentina venimos insistiendo en la importancia de que las políticas agroalimentarias sean diferenciadas y segmentas según el sector y el sujeto, ponderando también el arraigo y el desarrollo rural.

Paradójicamente, este gobierno implementa políticas diferenciadas, pero con un sentido inverso: beneficia a las corporaciones y abandona a las familias de pequeños productores. El Estado está presente, pero para cobrarle impuestos a los sectores populares, las pymes y cooperativas, y profundizar la concentración económica en pocas manos.

* Referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA).