La Justicia imputó por lavado de dinero a Foster Gillet y a Guillermo Tofoni, los dos empresarios cercanos al presidente de la Nación Javier Milei.

El empresario estadounidense desembarcó en la Argentina de la mano de Tofoni en Estudiantes de La Plata, donde prometió una inyección económica a través de una inversión de U$S 150.000.000.

La Fiscalía N° 3 en lo Penal Económico, a cargo de Emilio Guerberoff , ya ordenó una serie de medidas que incluyen el pedido de información al ‘Pincha’ y a otros clubes relacionados. Además, la investigación recae sobre las empresas Grupo Gillet y World Eleven.

La causa se inició por una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan en el mes de marzo contra Foster Gillett y Guillermo Tofoni por presunto lavado de activos. Esto surgió luego de varios movimientos recientes del último mercado de pases del fútbol argentino, pero también por distintas acciones impulsadas por el Grupo Gillett.

Dichas negociaciones, algunas concretadas y otras no, rondan un total de U$S 30.000.000 y son de público conocimiento. Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi, los jugadores que pasaron por manos del grupo que encabezan los dos polémicos empresarios. En marzo también se citó a prestar declaración testimonial a estos cuatro futbolistas, así como a sus representantes, con el fin de que relaten las circunstancias relacionadas con los pases realizados o que se trataron de efectuar en los que se hayan encontrado involucrados los denunciados.

Siguiendo esta línea, en el escrito se advierte que con la posible inversión de U$S 150.000.000 en Estudiantes de La Plata y el vínculo por 30 años firmado con Rampla Juniors de Uruguay, se conformó “un triángulo Uruguay - Argentina - Europa" y se erigió entonces un desconocimiento del origen de esos fondos".

Por este motivo, Guerberoff exigió el levantamiento del secreto fiscal tanto de Foster como de Tofoni y el secreto bancario de los dos clubes involucrados (Boca y Estudiantes) en el caso Medina.

Por otra parte, ya intercedió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que elevó un dictamen en donde se podría argumentar el desarrollo el delito en la causa.