Los senadores libertarios Carlos Curestis Gonzalo Cabezas, Analía Balaudo y Florencia Arietto, presentaron un proyecto de solicitud de informes para que el Poder Ejecutivo provincial brinde detalles sobre el convenio firmado con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), mediante el cual la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia asumió el control total del Estadio Único “Diego Armando Maradona – Tricampeones del Mundo”.

El pedido apunta a conocer el contenido íntegro del acuerdo, incluyendo anexos, adendas y el masterplan de obras, además de precisar qué figura jurídica se utilizó para otorgar a la AFA la administración, explotación y uso exclusivo del estadio. En ese marco, los legisladores buscan determinar si se trata de una concesión, un comodato, un permiso de uso u otra modalidad contractual atípica. La iniciativa se da en el momento más tenso de la relación entre el gobierno nacional y “Chiqui” Tapia con investigaciones impulsadas por el sector libertario sobre l patrimonio del jefe de la A.F.A.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el aspecto económico del convenio. Los senadores solicitan que se informe si efectivamente se pactó un canon anual de $1.000 millones, junto con un 30% de la recaudación neta de espectáculos no deportivos, y cuál es el mecanismo de actualización previsto.

También piden aclarar cómo se imputan las obras comprometidas por la AFA como compensación económica por el uso del estadio. Además, el proyecto requiere un detalle exhaustivo de las obras proyectadas, como mejoras en el campo de juego, iluminación, conectividad e infraestructura interior, con indicación de montos estimados, fuentes de financiamiento, plazos de ejecución y organismos provinciales responsables de auditar los trabajos.

En los fundamentos, los autores advierten que el acuerdo tuvo un fuerte impacto institucional, en particular por la disolución de la Fundación Estadio Único, integrada por los clubes Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes. Al respecto, solicitan precisiones sobre el acto administrativo utilizado, las razones invocadas y el impacto que esa decisión tuvo sobre los mecanismos de control y transparencia del predio.

El proyecto también pone el foco en la salida del personal provincial del estadio. Según se indica, unos 60 trabajadores fueron desplazados, por lo que se pide información sobre su relocalización, los actos administrativos de reasignación, los cambios presupuestarios y la modificación de la estructura funcional. En la misma línea, se consulta si la oficina de la Subsecretaría de Deportes ubicada en el predio fue cerrada a pedido de la AFA y qué impacto organizacional tuvo esa medida.

Otro punto sensible es la toma de posesión material del estadio por parte de la AFA, con el ingreso de personal propio y empresas de seguridad privada. Los legisladores solicitan que se informe bajo qué acto administrativo se concretó esa ocupación y si las contrataciones cuentan con verificación legal y controles estatales.

GARANTÍAS Y USO FUTURO DEL ESTADIO

Finalmente, el pedido de informes reclama conocer las garantías previstas para resguardar el patrimonio público, incluyendo un inventario actualizado de bienes y equipamiento, y si el convenio contempla compromisos específicos respecto a la realización de partidos de la Selección Argentina, finales de torneos locales o competencias internacionales.

En ese contexto, los senadores remarcan que no se cuestiona la importancia del fútbol ni el potencial social del Estadio Único, sino la necesidad de que cualquier acuerdo de estas características respete la Constitución Provincial, las leyes de administración financiera y los principios de transparencia, garantizando que la Provincia no delegue funciones, recursos y patrimonio sin los controles adecuados.