El Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) apuntó contra el proyecto libertario y señaló que es «un proyecto regresivo que ataca derechos históricos». «Afecta al salario, al empleo formal y a la libertad sindical», señalan.

El SATSAID emitió un comunicado con un análisis integral del proyecto de reforma laboral que el gobierno nacional pretende que el Congreso apruebe en febrero y señaló que posee un «carácter regresivo por la afectación directa al salario, al empleo formal y a la libertad sindical, y una profunda desnaturalización del Derecho del Trabajo en la Argentina«.

El gremio apuntó que la iniciativa que fue ingresada en el Senado el 11 de diciembre de 2025, y que el gobierno presentó como «una iniciativa de modernización”, constituye en realidad «una profunda regresión en materia de derechos laborales y sindicales».

«Lejos de actualizar el marco normativo vigente, el texto propone un retroceso histórico que ubica a las y los trabajadores en condiciones previas incluso a las primeras leyes laborales del siglo XX», apuntaron.

Empleo formal, seguridad jurídica, en riesgo

Para el SATSAID ni la generación de empleo formal, ni la mejora de la competitividad, ni el fortalecimiento de la seguridad jurídica (que está en sus objetivos) podrá materializarse. «Esos objetivos no solo no se cumplen, sino que se utilizan como justificación para debilitar las tutelas laborales consagradas en la Constitución Nacional, los tratados internacionales y los convenios de la OIT ratificados por nuestro país», apuntaron.

Es más, en el escrito, sostienen que «no existe evidencia empírica que respalde la idea de que la reducción de derechos laborales genere más empleo formal. Por el contrario, la historia reciente argentina demuestra que los mayores niveles de empleo y de calidad laboral se alcanzaron ampliando derechos y fortaleciendo la protección contra el despido arbitrario«.

Los salarios, la negociación individual y la eliminación de los convenios colectivos

El gremio, al igual que sucedió con otros gremios nucleados en la CGT (y también de la CTA), se enfocó en la noción de “salarios dinámicos” del proyecto libertario, que habilita la negociación individual de componentes remunerativos «por fuera de los convenios colectivos». Esta medida debilita el rol de los sindicatos, rompe la negociación colectiva como herramienta de equilibrio y deja el salario librado a la discrecionalidad patronal.

Asímismo advierten que, en materia de jornada laboral, la iniciativa del oficialismo elimina la práctica los límites máximos, habilitando esquemas como el “banco de horas” y jornadas de hasta 12 horas o más, sin pago de horas extras. Esta organización del tiempo de trabajo no solo impacta negativamente en el ingreso, sino que desorganiza la vida personal, familiar y social de las y los trabajadores, atentando contra su salud y su dignidad.

Por su parte, amplía el concepto de “beneficios sociales” para excluirlos del salario, reduciendo la base de cálculo de aguinaldo, vacaciones, horas extras e indemnizaciones, y se permite su modificación o eliminación unilateral por parte del empleador.

Despidos e indemnizaciones

El SATSAID apuntó que la iniciativa «reduce drásticamente las indemnizaciones por despido, se achica la base salarial para su cálculo y se prohíbe reclamar daños y perjuicios por fuera del régimen tarifado de la Ley de Contrato de Trabajo, excluyendo a las personas trabajadoras de derechos que sí conservan otros sujetos del derecho«.

«Además, se consolidan y amplían los sistemas de Fondo de Cese Laboral, que van a terminar siendo una caja privatizada con fines especulativos. Se crea también un Fondo de Asistencia Laboral financiado con aportes que hoy sostienen el sistema jubilatorio, generando una nueva caja de administración privada y desfinanciando la seguridad social», cuestiona el sindicato que representa Horacio Arreceygor.

Deslaboralización y precarización laboral

El proyecto, por su parte, elimina la presunción de existencia de relación laboral, promueve figuras contractuales no laborales y excluye expresamente de la LCT a trabajadores y trabajadoras de plataformas, advierten en el gremio. Se legalizan mecanismos de fraude laboral, se amplían las posibilidades de tercerización y se reducen o eliminan las responsabilidades de las empresas principales.

Estas medidas, afirman, profundizan la precarización, incentivan la informalidad y consolidan un modelo de empleo sin derechos, en abierta contradicción con el mandato constitucional de protección del trabajo.