Junín, 21 de noviembre de 2.018.

Al Dr. JULIO CONTE GRAND.

PROCURADOR GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. S/D.

De nuestra consideración:

La Federación de Sociedades de Fomento de Junín, organización que aglutina a las Sociedades de Fomento de nuestro Partido, siendo uno de los primeros estamentos que recogemos de los vecinos y ciudadanos de Junín, siendo que los integrantes representamos en primera línea a las familias de los barrios Juninenses, no encontramos en una situación de nebulosa de justicia, y social que nos viene dividiendo y generando como hoy está en auge en otra “grieta” entre convecinos.

El hecho delictivo que se encuentra no ya a nivel local, si no a nivel nacional atento que tomó estado público por los canales y medios nacionales de comunicación, donde resultara, según la carátula dada por la Investigación Penal Preparatoria N° 10.601, de la Unidad Funcional N° 6, Del Departamento judicial de Junín, en la causa caratulada “ABUSO SEXUAL AGRAVADO EN GRADO TENTATIVA Y LESIONES LEVES EN CONCURSO REAL”, que resultara como víctima una jovencita menor de edad, atento que la misma tiene 16 años, y que sin ninguna duda marcará su vida, y que conforme a la realidad de los hechos que pudiera declarar en la oportunidad que dio lugar a ese aberrante delito sufrido, porque no podemos dejar que esta nena no sea “víctima” y así debe protegerse a la misma por todo lo que pasó y vivió.

Sin correr el foco de la víctima, que más allá de sus declaraciones debe considerarse su juventud, son los funcionarios judiciales que tienen el deber de llevar adelante el camino de la justicia en pos de las garantías “CONSTITUCIONALES”, que no vamos a exponer en este escrito y son más que harto sabidas por Usted, y los integrantes tanto del Poder judicial, el Ministerio Público, en su caso la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires y La Legislatura Bonaerense.

La situación dada desde el primer momento dio lugar a que se “aprehendiera” a una persona como posible autor del hecho, y hasta aquí, en la lógica social al menos era lo correcto.

Según trascendió en los medios, el aprehendido, se le tomó declaración, lo cual, y socialmente se toma conocimiento que lo había realizado, sin trascender obviamente los dichos y contenido de la misma, se procede a la detención preventiva, a la espera de los aportes de las demás pruebas.

Una de las Pruebas que se tenía en la Fiscalía General, eran los DVR que tenían grabadas las imágenes de lo sucedido de la entrada y salida de la puerta del boliche bailable y lo que sucede en la puerta hacia la calle, siendo a su vez que la persona detenida había “declarado”, y según trascendidos se tenía hasta el teléfono celular del mismo, el cual también se encontraba en la misma oficina dependiente de la FISCALIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DE JUNIN.

En un actuar “lógicamente” diligente, lo “primordial” era el contenido de las imágenes que pudieran empezar a dar algunas certezas, al menos, para cotejar los dichos de quien se encontraba detenido, que en todo momento y conforme los dichos del padre, siempre se basó en su inocencia y que no había estado con la víctima.

No se entiende desde ese punto de lo que era la investigación, el por qué, la FISCALIA GENERAL, no hizo “abrir” el DVR, que contenía las imágenes para cotejar los dichos del detenido, y desde allí comenzó la “nebulosa judicial” que a la lógica de la “conciencia colectiva social” hizo que se empezara a mansillar el nombre de una persona, que también al transcurso del tiempo, se transformaría en una “SEGUNDA VICTIMA” y en este caso por la decisión de quien tiene a su cargo la FISCALIA GENERAL, de no tener la “celeridad” procesal un principio básico del derecho y más en lo penal cuando se encuentra relacionado a la libertad de las personas.

La persona detenida, fue alojado en una comisaría de la localidad de Pinto (B), sin todavía que se supiera el contenido de imágenes de las cámaras, las que se encontraban siempre en la Oficina que depende la Fiscalía General.

De allí en más, todo cambió, la persona que debía ser, no estaría siendo, se detuvo y allanó n el domicilio de un taxista, que según la conferencia de la Fiscal Actuante de la UFI 6, y con “presencia” del Fiscal General que en ningún momento aportó a la información, y tampoco se hizo cargo ante preguntas como por qué se llegó a tener nueve días a alguien detenido, siendo que fueron “esas” cámaras que se tuvieron desde un principio las que dieron la primera luz que despejó a medias tintas las conductas de los actores del hecho.

Así en este orden, en nuestra ciudad, se abrió la brecha social, los que sostienen que sigue siendo el primer imputado y detenido, los que piden que aquellos que en forma directa fueron sobre la cabeza de este primero, los que sostienen el “descreimiento” de la justicia, y a su vez y sobre todo el “ACCIONAR” de la justicia, todo ello conlleva a que los vecinos, los que representamos pero somos parte, nos preguntemos, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿es necesario tener siempre cuestionamientos?, ¿está a la altura quien está a cargo de la FISCALIA GENERAL, si no nos da certidumbre sobre la credibilidad del actuar judicial?.

Por todos y cada uno de las cuestiones que nos planteamos como vecinos, que nos sentimos “destratados”, como si nos tomara el pelo a los que ya poco tenemos inclusive, con explicaciones “ilógicamente técnicas, jurídicas” de lenguaje bonito y a veces poco entendible, pero no queremos o no nos gustaría atravesar por ninguno de los dos “PADRES y MADRES”, que ahora quedaron “enfrentados” por la ¿desidia?, por ¿los “protocolos” jurídicos o legales en los cuales se pueden esconder desde la Fiscalía General?, como se les explica a los vecinos que confíen en la justicia si 7 días después se pudieron tener imágenes que estaban desde el principio.