La llegada a Ushuaia de una aeronave perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos generó preocupación y sorpresa en Tierra del Fuego, especialmente por la ausencia total de comunicación oficial por parte del Gobierno nacional y de los organismos de defensa argentinos.

El episodio ocurrió en un contexto sensible, marcado por la intervención del Puerto de Ushuaia, una medida impulsada por la Casa Rosada que ya venía rodeada de dudas sobre sus verdaderas motivaciones. En ese escenario, el aterrizaje del avión militar extranjero profundizó las inquietudes políticas e institucionales.

Según consignó el portal Data Clave, la aeronave permaneció dos días en la Ciudad de Buenos Aires y luego se trasladó a la capital fueguina sin que se informara públicamente el objetivo del vuelo ni se confirmara la identidad de sus ocupantes. Tampoco hubo precisiones sobre las autorizaciones correspondientes, que dependen de instancias nacionales vinculadas a la defensa.

Desde el ámbito provincial señalaron que Tierra del Fuego no tiene injerencia para autorizar o rechazar el arribo de aviones oficiales de países extranjeros, lo que acentúa la preocupación por el hermetismo y la falta de información en torno a este movimiento aéreo.

A este episodio se sumó además la detección de al menos dos vuelos privados que partieron desde San Fernando con destino a Ushuaia, sobre los cuales tampoco se brindaron detalles oficiales, incrementando las sospechas sobre actividades no transparentadas en una zona estratégica.

El Puerto de Ushuaia no solo es uno de los principales polos turísticos del país, sino que cumple un rol clave como puerta de entrada a la Antártida, funcionando como centro logístico, científico y operativo del continente blanco, un factor central para la defensa de la soberanía argentina. En ese marco, el arribo de una aeronave militar estadounidense y el silencio de Nación reactivaron versiones sobre un posible entendimiento entre Javier Milei y sectores del gobierno de Estados Unidos, que incluiría la cesión o control extranjero del puerto fueguino, una hipótesis que genera creciente inquietud política y social en el extremo sur del país.

La falta de explicaciones oficiales y la opacidad en torno a estos movimientos vuelven a poner bajo discusión la política de defensa, la relación con potencias extranjeras y el resguardo de áreas estratégicas, en un momento en el que las decisiones del Gobierno nacional son observadas con creciente recelo desde las provincias.