La Unidad Penitenciaria N° 43 de González Catán, en La Matanza, enfrenta una interrupción temporal en el ingreso de nuevos internos debido a graves deficiencias en el suministro de agua potable y un nivel de sobrepoblación que triplica su capacidad oficial.

Por esto, el Juzgado de Garantías N° 2 de La Matanza, hizo lugar a un Habeas Corpus Colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras constatar un agravamiento de las condiciones de detención en plena temporada de altas temperaturas, lo que pone en riesgo la salud y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

En su decisión, el juez Ricardo Tripaldi ordenó la suspensión de ingresos durante 30 días y exigió la ejecución inmediata de obras para asegurar el correcto funcionamiento de las bombas de agua y del sistema contra incendios. También dispuso un seguimiento periódico para evaluar avances en las soluciones a implementar.

El bloque final de la resolución judicial subraya que el caso de la unidad N° 43 refleja una problemática extendida en el sistema penitenciario argentino. Según el último informe anual de la CPM y el Registro Nacional de Casos de Tortura, “las malas condiciones de detención son el tercer hecho de tortura y malos tratos más denunciado por las personas detenidas”.

Entre las principales situaciones reportadas destacan celdas inundadas, ausencia de agua corriente o luz, presencia de plagas, falta de calefacción en invierno y ausencia de ventilación en verano. Esta acumulación de deficiencias incumple los estándares mínimos de habitabilidad y constituye una violación a los derechos humanos, remarca la agencia.

Sobrepoblación carcelaria

Al momento de la inspección, la unidad alojaba a 1.300 personas en un espacio habilitado oficialmente para 478, de acuerdo con los valores reconocidos por el servicio penitenciario. La CPM puntualiza que este “cupo” no cumple con los estándares fijados por el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, lo que agrava la magnitud del hacinamiento.

El fallo judicial atribuyó la crisis actual a la persistencia de fallas técnicas: “El problema del agua comenzó, aproximadamente, en el mes de abril del año 2024 con deficiencias en una de las bombas que recién se reparó un año después, pero al ser reemplazada por una de mayor potencia afectó el funcionamiento de la otra que continúa sin solución”, explica el documento citado por la Agencia Andar.

El informe del Juzgado señala que la situación supera el cupo ideal para el funcionamiento de la unidad, explicitando que la deficiencia estructural “debe conjugarse con la cantidad de personas alojadas”. La falta de agua potencia los riesgos sanitarios y deteriora la vida cotidiana, vulnerando derechos básicos como el acceso a servicios elementales.

Además, se destaca que urge atender con rapidez estas violaciones, pues las condiciones inhumanas de alojamiento y la carencia de servicios indispensables afectan la dignidad y la integridad de quienes permanecen detenidos en la provincia de Buenos Aires.