El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y su reemplazo por la nueva OSFA, con el argumento de contener el deterioro operativo y financiero del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

La decisión se formalizó este martes a través de un decreto que establece la división definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

La medida apunta a enfrentar una crisis financiera, con una deuda auditada cercana a los 200.000 millones de pesos. Desde el Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete sostienen que el esquema anterior era inviable debido a irregularidades de administraciones previas y a un desbalance estructural que ponía en riesgo la cobertura de más de 500.000 beneficiarios.

La nueva OSFA funcionará en el ámbito del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, y contará con personería jurídica propia para administrar la cobertura sanitaria del personal militar en actividad, civiles de las Fuerzas Armadas, retirados y sus familias. En tanto, la OSFFESEG dependerá del Ministerio de Seguridad y tendrá a su cargo la atención de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.

Uno de los puntos clave del decreto es la protección de los fondos. La norma fija un esquema de distribución obligatorio para ambas obras sociales:

• 80% de los ingresos: destinado únicamente a prestaciones médico-asistenciales.
• Hasta 8%: para gastos administrativos y operativos.
• 12% restante: podrá utilizarse en otras prestaciones sociales, siempre que esté asegurada la cobertura de salud.

Con el fin de evitar problemas similares a los registrados en el IOSFA, el Gobierno estableció exigencias de idoneidad técnica para quienes integren los directorios. Los funcionarios deberán demostrar experiencia en gestión y en el área de salud, en el sector público o privado. Asimismo, ambas obras sociales estarán bajo auditoría permanente de la SIGEN y sujetas a un régimen estricto de incompatibilidades.