Un grupo de jubilados de Vicente López, San Isidro, San Fernando, San Martín, Tigre, La Matanza, San Miguel, La Plata, Los Toldos y Pergamino advirtieron sobre la situación del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) y “el progresivo desfinanciamiento” nacional a la Caja de Jubilaciones de la provincia. La administración de Axel Kicillof presentó oportunamente una demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que la administración Milei sostiene con el sistema bonaerense y que a números actuales supera los 2 billones de pesos.

Pero la alerta entre los pasivos reunidos en un grupo de autoconvocados llamado Jubilados del IPS se acelera a partir de la promulgación de la reforma laboral que el Congreso aprobó semanas atrás. Puntualmente, el comunicado advierte que “el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que aparece en el artículo 58 de la ley introduce un mecanismo de capitalización que permite a las empresas financiar indemnizaciones mediante el desvío de aportes a la Anses”. Al igual que la mayoría de los gobernadores que empezaron a ver con preocupación ese punto de la reforma que casi todos apoyaron, los jubilados bonaerenses advierten que el desfinanciamiento al Anses podría ser de 3 mil millones de dólares anuales.

La provincia administrada por Kicillof, por su densidad demográfica, su territorio y por la batalla que el Presidente decidió librar contra el gobernador es la principal perjudicada por varios de los aspectos del recorte. Casi como los activos que observan cómo sus salarios se desploman y hacen equilibrio para no perder sus fuentes de ingreso, los pasivos tampoco logran esquivar ese golpe.

Semanas atrás, Marina Moretti, la titular del IPS, explicó que el sistema necesita que el Tesoro de la Provincia afronte el costo del retiro del Estado nacional. Se trata de transferencias que Milei no debería desestimar porque tienen sustento legal. Específicamente, por la Ley Nacional N°27.260, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La historia del desfinanciamiento

En los noventa, con la llegada de las AFJP y la centralización del sistema previsional, trece provincias no transfirieron su sistema jubilatorio a la órbita nacional. Sin embargo, firmaron un acuerdo fiscal mediante el cual se comprometieron a ceder impuestos coparticipables para garantizar la sostenibilidad del Anses.

Como contrapartida, debían recibir mensualmente los fondos necesarios para saldar una parte del déficit de cada una de esas cajas provinciales. Allí, el huevo de la serpiente. La Nación empezó a retacear el envío de fondos y los gobernadores empezaron a ver que el rojo de sus balances se ponía cada vez más oscuro.

Las demandas empezaron a hacerse parte de la discusión cotidiana entre las provincias y la Nación, e incluso el tema aparecía como uno de los principales temas de conversación cada vez que presidentes y gobernadores se sentaban a discutir cada uno de los pactos fiscales federales que se actualizaron gestión tras gestión.

Cuando Milei llegó al poder y decidió que las provincias debían hacerse cargo de sus problemas sin la ayuda de la Nación, las cajas de jubilaciones fueron una parte más el combo que puso a los gobernadores entre la espada y la pared. Cuando el tiempo pasó y La Libertad Avanza empezó a manejarse en el terreno de la negociación política, las cajas de jubilaciones provinciales volvieron a convertirse en una herramienta más para la construcción de consensos políticos y, sobre todo, legislativos.