Por: Dr. Guillermo Tapia

En nuestro país, existe una idea bastante instalada: al cumplir 18 años una persona ya es adulta, independiente y capaz de sostenerse por sí misma. Esa idea, que funciona en lo teórico, muchas veces no coincide con la vida real.

Esto se vuelve especialmente evidente en el ámbito de las pensiones. La ley previsional establece que los hijos pueden cobrar una pensión por el fallecimiento de uno de sus padres solo hasta los 18 años. A partir de esa edad, el beneficio se corta, salvo casos excepcionales.

Pero la pregunta es sencilla y directa: ¿realmente una persona de 18 años está en condiciones de mantenerse sola hoy?

Hoy en día, muchos jóvenes continúan sus estudios secundarios o comienzan una carrera universitaria después de los 18. En ese período, no siempre pueden trabajar o generar ingresos suficientes para vivir.

A eso se suman problemas muy concretos:

a) dificultad para conseguir empleo,

b) trabajos informales o mal pagos,

c) necesidad de dedicarse al estudio para poder progresar.

En ese contexto, cortar una pensión automáticamente al cumplir 18 años puede dejar a una persona sin ningún ingreso en un momento clave de su vida.

Lo que dice la ley… y lo que dicen otras leyes

La ley previsional fija ese límite de 18 años. Sin embargo, otras normas del mismo sistema jurídico dicen algo distinto.

Por ejemplo, el Código Civil y Comercial establece que los padres deben seguir manteniendo a sus hijos hasta los 21 años, e incluso hasta los 25 si están estudiando y no pueden mantenerse por sí mismos.

Esto muestra una contradicción clara: por un lado, el derecho reconoce que los jóvenes pueden necesitar ayuda económica más allá de los 18; pero por otro, el sistema previsional corta esa ayuda, justo en ese momento.

La seguridad social —es decir, jubilaciones, pensiones y otras prestaciones— no es un beneficio cualquiera. Es un derecho reconocido por la Constitución, pensado para proteger a las personas en situaciones difíciles, como la pérdida de un sostén económico.

Por eso, no debería aplicarse de manera automática y rígida. No alcanza con decir “cumplió 18, se terminó”.

Lo importante es preguntarse: ¿esa persona realmente puede sostenerse sola o sigue necesitando esa ayuda?

La situación de los jóvenes hoy es compleja. Conseguir trabajo estable es difícil, y muchas veces estudiar es la única forma de construir un futuro mejor. En ese contexto, quitar una pensión no es solo aplicar una norma: puede significar dejar a alguien sin recursos para comer, vivir o seguir estudiando.

Este debate no es solo teórico. En los últimos tiempos, en nuestra zona —tanto en Junín como en Pehuajó— ambos juzgados federales han comenzado a dar respuestas más acordes a la realidad.

En varios casos, se ha reconocido el derecho de jóvenes a continuar percibiendo la pensión hasta los 21 años, e incluso hasta los 25 cuando se encuentran estudiando y no pueden sostenerse por sí mismos.

Estas decisiones no cambian la ley, pero sí marcan una tendencia importante: los jueces están empezando a mirar más allá de la edad y a poner el foco en la situación concreta de las personas.

La situación de los jóvenes hoy es compleja. Conseguir trabajo estable es difícil, y muchas veces estudiar es la única forma de construir un futuro mejor.

En ese contexto, quitar una pensión no es solo aplicar una norma: puede significar dejar a alguien sin recursos para comer, vivir o seguir estudiando.

Este debate no es solo teórico. En los últimos tiempos, en nuestra zona —tanto en Junín como en Pehuajó— ambos juzgados federales han comenzado a dar respuestas más acordes a la realidad.

En varios casos, se ha reconocido el derecho de jóvenes a continuar percibiendo la pensión hasta los 21 años, e incluso hasta los 25 cuando se encuentran estudiando y no pueden sostenerse por sí mismos.

Estas decisiones no cambian la ley, pero sí marcan una tendencia importante: los jueces están empezando a mirar más allá de la edad y a poner el foco en la situación concreta de las personas.

El debate sobre las pensiones después de los 18 años no es solo jurídico. Es, sobre todo, un problema de justicia. Porque cumplir años no siempre significa poder valerse por uno mismo.

Y cuando el derecho ignora esa realidad, deja de cumplir su función principal, que es la de proteger a las personas más vulnerables. Tal vez sea momento de revisar no solo las normas, sino también cómo las interpretamos.

Porque, al fin y al cabo, la protección social debería acompañar a las personas mientras la necesiten, no hasta que lo diga un número.