Por: Redacción Semanario de Junín

NOTA DE TAPA DE LA EDICIÓN IMPRESA Y EDICIÓN DIGITAL Nº 506 DE SEMANARIO DE JUNÍN. SEMANA DEL 21 AL 27 DE MARZO DE 2026

Cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 lo hizo con un mensaje claro: terminar con la “casta política”. En ese concepto se incluían prácticas como el nepotismo, el amiguismo, la utilización partidaria del Estado y los privilegios de funcionarios que viven del presupuesto público mientras la ciudadanía ajusta sus gastos.

Sin embargo, a poco más de dos años de iniciado el nuevo ciclo político, los hechos parecen mostrar una realidad bastante distinta. Y en Junín, como tantas veces ocurre, la escena local parece condensar con crudeza lo que sucede a escala nacional.

La delegación regional del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -más conocido como PAMI- se convirtió en un ejemplo incómodo para el discurso oficial.

Allí, en lugar de observarse un proceso de profesionalización y austeridad, comenzaron a multiplicarse nombramientos de confianza política, ascensos llamativos y cargos jerárquicos ocupados por personas con vínculos personales directos con los responsables del organismo.

Todo ello ocurre en un contexto particularmente sensible: el de jubilados y pensionados que, lejos de percibir mejoras, enfrentan recortes en medicamentos, prestaciones médicas y servicios básicos de la obra social.

LA LLEGADA DEL CLAN CORNAGLIA

El punto de partida de esta historia se ubica en el verano de 2024, cuando el abogado Nicolás Cornaglia fue designado al frente del PAMI Junín. Su nombramiento formó parte del reparto político posterior a la llegada de La Libertad Avanza al poder.

Cornaglia llegó impulsado por el dirigente libertario Javier Souto, quien durante años había sostenido la militancia del espacio en la región. Sin embargo, lo que parecía una alianza inicial pronto se transformó en una interna feroz.

Según distintas fuentes políticas locales, apenas asumido el cargo, Cornaglia comenzó a desplazar a quienes habían participado en su llegada al puesto. El PAMI dejó de ser un ámbito de gestión sanitaria para convertirse en un escenario de disputa política y construcción personal.

En ese contexto, el organismo empezó a funcionar como una plataforma para un proyecto político más amplio: la aspiración del propio Cornaglia de posicionarse como candidato a intendente de Junín en 2027.

Mientras tanto, las prioridades del sistema de salud de los jubilados parecían quedar relegadas.

Uno de los episodios que reflejó ese clima ocurrió cuando el flamante jefe de la obra social confrontó públicamente al entonces intendente titular Pablo Petrecca mediante un comunicado titulado “No es tiempo para tibios”, en el que lo instaba a abrazar plenamente las ideas libertarias.

La tensión política, sin embargo, no duró demasiado. Poco después ambos dirigentes se reunieron en privado y las diferencias se diluyeron en negociaciones políticas, una práctica habitual en la política argentina pero que contrasta con el discurso confrontativo con el que el oficialismo llegó al poder.

La situación del propio Cornaglia terminaría deteriorándose con rapidez. Diversas denuncias internas por maltrato laboral hacia empleados del organismo llegaron a las autoridades centrales del PAMI y finalmente derivaron en su desplazamiento del cargo.

Su salida no significó, sin embargo, el fin de la estructura política que había comenzado a construirse dentro del organismo.

En enero 2026 se oficializó el nombramiento de la maquilladora Tamara Valeria Massino como jefa de división de despacho del PAMI Junín.

CAMBIOS DE NOMBRES, MISMAS LÓGICAS

Tras la salida de Cornaglia, la conducción regional del PAMI atravesó una serie de movimientos políticos.

Las áreas consideradas estratégicas dentro del instituto comenzaron a ser disputadas por distintos sectores internos del oficialismo. Primero fue el turno de Alberto Pascual, quien arribó luego de un paso corto por la delegación del ministerio de Trabajo. El abogado laboralista no pudo soportar el asedio descarnado de “Las Fuerzas del Cielo” encabezadas por Santiago Caputo y que contaron a nivel local con la participación directa del Gordo Dan (Daniel Parisini).

En ese contexto, el cargo de la Unidad de Gestión Local XXXI terminó en manos de Joaquín Ojeda, un profesor de inglés prácticamente desconocido en la política local y sin experiencia en gestión pública.

El dato más llamativo es que, tras su breve paso por la conducción del organismo, Ojeda terminó obteniendo una banca como diputado nacional luego del triunfo electoral libertario en octubre pasado.

Su partida dejó un nuevo vacío en la conducción del PAMI regional. Y allí volvió a aparecer el apellido Cornaglia.

El nuevo titular del organismo pasó a ser Juan Manuel Cornaglia Ré, hijo del exdirector desplazado por los malos tratos. De esta manera, el control político del instituto quedó nuevamente dentro del mismo círculo familiar.

La cadena de vínculos políticos, personales y familiares parece atravesar así distintas etapas del poder local

NOMBRAMIENTOS Y SOSPECHAS

Uno de los primeros movimientos dentro de esta nueva etapa fue el fortalecimiento de figuras cercanas al grupo dirigente.

Entre ellas aparece Belén Pérez, pareja de Nicolás Cornaglia y empleada previa del organismo. Pérez fue designada titular de la División de Auditoría Prestacional de la UGL XXXI Junín.

Se trata de un cargo jerárquico de máxima categoría dentro del organismo, identificado con la letra A, que implica un salario cercano a los tres millones de pesos mensuales.

Belén Pérez, expareja de Nazareno Diotti y actual de Nicolás Cornaglia, fue designada titular de la División de Auditoría Prestacional de la UGL XXXI Junín.

La designación fue oficializada en agosto pasado bajo el argumento de fortalecer las tareas de auditoría en la unidad local. Sin embargo, la cercanía personal con el exdirector del organismo generó críticas y sospechas dentro de la propia estructura del PAMI.

La historia política de Pérez también muestra conexiones con otros sectores del poder local. Anteriormente había sido pareja de Nazareno Diotti, hijo del titular de la UOCRA Junín, Eduardo Diotti, ambos allegados al justicialismo. Durante la gestión de Mario Meoni, cuando Nazareno Diotti se desempeñaba como jefe de la ANSeS, Pérez consiguió su ingreso al PAMI.

La cadena de vínculos políticos, personales y familiares parece atravesar así distintas etapas del poder local. Los movimientos dentro del organismo no se detuvieron allí.

En enero de 2026 se oficializó el nombramiento de Tamara Valeria Massino como jefa de división de despacho del PAMI Junín, también con categoría A y salario cercano a los tres millones de pesos.

Massino se desempeñaba hasta hace poco como maquilladora profesional y promocionaba sus servicios en redes sociales, y todavía puede verse su publicación en Facebook.

Su designación generó especial atención por otro motivo: es amiga íntima de Belén Pérez y madrina de la hija de la funcionaria.

El nombramiento fue firmado el 7 de enero, en lo que dentro del organismo muchos describieron con ironía como un “regalo de Reyes”.

A esta lista se suma también Francina Mendola, designada como jefa administrativa médica en diciembre de 2025, pero aparentemente sin conocimiento de medicina y sólo un título secundario.

Según diversas fuentes consultadas dentro del organismo, la nueva estructura interna comenzó a concentrar cargos jerárquicos con salarios elevados en un círculo de personas vinculadas entre sí, particularmente las que frecuentan la delegación de Mitre 24, donde al 80 % los subieron de categoría, mientras tanto, los trabajadores de menor rango y los propios jubilados continúan enfrentando recortes presupuestarios.

“Muchos caciques y pocos indios” es el comentario generalizado respecto a las oficinas que se encuentran ubicadas frente a la plaza principal de Junín.

El contraste entre los salarios jerárquicos y la realidad de los beneficiarios del PAMI se volvió cada vez más evidente

ORGANISMO BAJO PRESIÓN

El contraste entre los salarios jerárquicos y la realidad de los beneficiarios del PAMI se volvió cada vez más evidente.

En los últimos meses, miles de afiliados denunciaron dificultades para acceder a medicamentos, demoras en turnos médicos y reducción de prestaciones.

Mientras tanto, los jubilados observan desde afuera una disputa que poco tiene que ver con sus necesidades cotidianas

El argumento oficial para justificar estas medidas es la necesidad de ordenar las cuentas del sistema previsional y reducir el gasto público.

Sin embargo, en el interior del propio organismo muchos trabajadores sostienen que el ajuste no se aplica de manera uniforme.

Mientras se revisan prestaciones médicas y programas sociales, la estructura política del instituto parece expandirse.

El contexto se vuelve más delicado debido a las constantes denuncias de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

El sindicato aseguró haber detectado presuntas irregularidades millonarias en compras realizadas por el PAMI para intervenciones de cataratas.

Según la organización gremial, la Licitación Pública 12/25 incluyó adquisiciones de lentes intraoculares por un monto total de 80.730 millones de pesos.

Las compras involucrarían a empresas como Implantec, MSZ, Centro Óptico Casin, Visión Médica y VSA Alta Complejidad.

El problema, de acuerdo con el sindicato, es el valor pagado por esos insumos.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, denunció oportunamente que los precios abonados por el PAMI quintuplican el valor de mercado.

Según explicó el dirigente sindical, lentes que en el mercado tienen un costo aproximado de 35 mil pesos fueron pagados por el organismo entre 150 mil y 230 mil pesos. El impacto económico sería gigantesco.

De acuerdo con los cálculos del gremio, las compras cuestionadas superan los 80 mil millones de pesos.

“Esto es un escándalo. Tienen que ir todos presos. Los valores son cinco veces más caros que los de mercado”, afirmó Aguiar al hacer pública la denuncia.

El dirigente agregó que numerosos jubilados habrían reportado complicaciones médicas tras utilizar los insumos adquiridos en esas licitaciones, aunque esas situaciones deberán ser evaluadas por investigaciones médicas y judiciales.

ATE también apuntó contra un cambio administrativo que habría facilitado estas operaciones.

Hasta julio del año pasado, los lentes intraoculares eran adquiridos directamente por cada profesional médico que realizaba la cirugía.

Pero desde el 1 de agosto pasado el PAMI modificó el mecanismo y centralizó las compras en el propio organismo.

Para el sindicato, esa decisión abrió la puerta a posibles maniobras de corrupción.

“Centralizaron las compras para robar”, sostuvo Aguiar.

El dirigente también denunció la eliminación de controles y auditorías internas dentro del organismo desde el inicio de la actual gestión.

La denuncia sindical también menciona contratos firmados con la Droguería Suizo Argentina, empresa que ya había sido mencionada en investigaciones vinculadas a irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Para ATE, estos contratos podrían representar apenas “la punta del iceberg” de un sistema de compras que debería ser investigado por organismos judiciales.

Aunque hasta el momento no existen imputaciones formales ni causas judiciales abiertas derivadas directamente de esta denuncia, el tema comenzó a generar preocupación dentro del sistema de salud pública.

LA PARADOJA LIBERTARIA

El caso del PAMI vuelve a plantear una contradicción política evidente. El gobierno que llegó al poder con la promesa de eliminar los privilegios de la política enfrenta ahora denuncias de nepotismo, designaciones por vínculos personales y presuntas irregularidades en compras públicas.

La situación resulta particularmente sensible porque el organismo involucrado no administra cualquier presupuesto: gestiona los recursos destinados a la salud de millones de jubilados.

En ese contexto, cada peso mal utilizado tiene un impacto directo sobre la atención médica de personas mayores que dependen exclusivamente del sistema público.

La historia reciente del PAMI en Junín parece condensar todas las tensiones de la política argentina contemporánea. Promesas de renovación que se diluyen en prácticas tradicionales.

Discursos contra la “casta” que terminan reproduciendo los mismos mecanismos de siempre.

Y una estructura estatal que continúa siendo utilizada como herramienta de poder político.

Mientras tanto, los jubilados —los verdaderos destinatarios del sistema— observan desde afuera una disputa que poco tiene que ver con sus necesidades cotidianas.

La pregunta que queda flotando es sencilla pero incómoda: si la nueva política prometía terminar con los privilegios del pasado, ¿cómo se explica que en el organismo encargado de cuidar a los jubilados aparezcan hoy los mismos vicios que durante años se denunciaron?

En Junín, al menos por ahora, la respuesta parece demasiado evidente.

La “casta”, al final, nunca se fue. Solo cambió de nombres.