El debate sobre el funcionamiento de los colegios profesionales y cajas volvió a la agenda de la Legislatura bonaerense. La diputada camporista de Fuerza Patria, Maite Alvado, impulsa una ley marco para regular el funcionamiento de estas entidades, con foco en dos puntos sensibles: los elevados viáticos de sus autoridades y la duración de sus mandatos.

La iniciativa de Alvado propone establecer criterios comunes para instituciones que hoy se rigen por normativas específicas. En la provincia de Buenos Aires, cada colegio profesional —como abogados, ingenieros o contadores— cuenta con su propia normativa, lo que genera diferencias en su organización interna, administración y control.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la limitación de los elavados viáticos que perciben las autoridades de los colegios y cajas profesionales. El texto establece que estos ingresos no podrán superar el equivalente a una jubilación mínima, una medida que busca poner un tope a los gastos de representación dentro de las estructuras colegiadas.

La iniciativa se inscribe en un clima de creciente cuestionamiento sobre el uso de recursos en los colegios profesionales. En los fundamentos, Alvado sostiene que resulta necesario “adecuar los mecanismos de administración a principios de razonabilidad y proporcionalidad”, especialmente cuando se trata de entidades que cumplen funciones públicas delegadas por el Estado.

Por caso, el año pasado la Legislatura bonaerense sancionó una ley del presidente del bloque de los diputados de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, que limita los viáticos de las autoridades de la Caja de Abogados a un haber jubilatorio mínimo del rubro. Según precisó el camporista,en esta entidad las autoridades se habían “patinado” unos $1.200 millones en viáticos.

El otro punto clave del proyecto es la limitación de las reelecciones en los colegios profesionales. En concreto, se establece que las autoridades solo podrán ser reelegidas por un único período consecutivo, con el objetivo de promover la alternancia. Este ítem incomoda a muchos titulares de entidades que se encuentran “atornillados” en el poder.

En esa línea, Alvado argumenta que la permanencia extendida en los cargos puede afectar la dinámica institucional en los colegios profesionales y cajas. “La rotación en los órganos de conducción fortalece la participación y mejora la calidad democrática”, sostiene la legisladora en los fundamentos del proyecto.

Más allá de estos dos ejes, la iniciativa de la diputada Maite Alvado también incorpora principios de igualdad de género, no discriminación y acceso equitativo a los cargos, aunque el núcleo político del debate se concentra en los cambios vinculados a la administración de recursos y la permanencia en el poder en los colegios profesionales y cajas.

De avanzar en el debate legislativo, el proyecto que fue presentado originalmente en 2024 podría abrir un frente de tensión con los colegios y cajas profesionales, que históricamente han defendido su autonomía. La discusión, no solo será técnica, sino fundamentalmente política.

La polémica por los viáticos de los colegios profesionales

La iniciativa de Alvado no surge en el vacío. En 2025, la Legislatura bonaerense sancionó un proyecto impulsado por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, que puso bajo la lupa el cuantioso uso de recursos en la Caja de Abogados, a cargo del letrado Fabián Gerardo Portillo.

En ese caso, el legislador expuso cifras que generaron fuerte impacto político. Según detalló, los viáticos de los 43 directores del organismo alcanzaban los $756 millones, y sumaban más de $1.200 millones si se incluían gastos de traslado, alojamiento y representación. Una verdadera locura.

“Esas personas se están gastando plata que podría ir a las jubilaciones”, cuestionó Tignanelli en ese momento desde el recinto de la Cámara de Diputados, al plantear que esos recursos debían destinarse a mejorar los haberes previsionales.

Ese antecedente funciona como un punto de apoyo para el proyecto actual. La propuesta de Alvado retoma ese debate y busca institucionalizar un criterio general para todas las entidades profesionales, lo que anticipa un escenario de discusión intensa dentro y fuera de la Legislatura bonaerense.