Por: Por Luciana Rosende

La primera semana de paro en las universidades nacionales dejó en claro que la protesta por mejoras salariales y contra el desfinanciamiento del sector por parte del Gobierno de Javier Milei está lejos de aplacarse. El reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario coexiste con el repudio hacia la propuesta del Gobierno por una nueva ley «para compatibilizarla con el equilibrio fiscal», según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, bajo una lluvia de cuestionamientos sobre sus gastos injustificados.

«Lo que necesitamos es que la Justicia opere sobre el Gobierno, porque ya dijo que se tiene que cumplir la ley. Y sabemos que los recursos están», enfatiza Daniel Filmus, exministro de Educación, en diálogo con Acción. «Es necesario que la lucha universitaria, más la Justicia, logren que el Gobierno cumpla la ley. No hay antecedentes de que se haya rechazado un veto», remarca sobre el recorrido de la Ley 27.795, defendida del veto presidencial y respaldada por la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, que en diciembre pasado ordenó al Ejecutivo su «inmediata» aplicación. Sin embargo, no sucedió.

«La inconstitucionalidad que está sosteniendo el Ejecutivo hace cinco meses ya va encontrando señalamientos por parte del Poder Judicial, que dio lugar a una cautelar y ahora rechazó las recusaciones que intentó el Gobierno. Es importante que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal se expida sobre la cuestión de fondo», analiza Clara Chevalier, secretaria general de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

ÉXODO DOCENTE

Los números no dejan lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Según un informe del Grupo EPC-CIICTI, desde noviembre de 2023 los salarios docentes cayeron un 35,8% real a febrero de 2026. Pese a ello, «la modificación propuesta (para una nueva ley de financiamiento) implica un alza respecto de febrero 2026 de apenas el 3,6% a diciembre 2026».

«Desde que asumió este Gobierno hasta hoy renunciaron 83 docentes, lo que representa el 12% del plantel docente total», señala Adriana Rodríguez, decana de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA).

«En el último tiempo (año 2025 y los primeros meses del 2026) el fenómeno se aceleró, ya que se produjeron 52 renuncias (contra 31 durante el año 2024). Además, se registraron 26 jubilaciones anticipadas de docentes en el periodo 2023-2025, fenómeno que no ocurrió en el periodo anterior», añade. El éxodo docente, que se replica en distintas universidades nacionales del país, tiene un impacto directo y creciente sobre el funcionamiento cotidiano de las casas de altos estudios y sobre la calidad educativa.

Desde noviembre de 2023 los salarios docentes cayeron un 35,8% real a febrero de 2026

«Claramente el funcionamiento pleno de nuestra institución está en riesgo», define Rodríguez ante este medio. Y explica: «Por un lado, renuncian los docentes jóvenes, con formación de posgrado en su mayoría, y con una carrera científica muy promisoria; y por otro lado, los profesores con mayor trayectoria, y que lideran los equipos de investigación, se están jubilando anticipadamente. Por lo tanto, la calidad académica que siempre ha caracterizado a nuestra universidad está en peligro».

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa, había dicho algo similar días antes: «Si bien se puede improvisar con gente que recién se inicia en docencia, vamos perdiendo calidad porque no es lo mismo que dé clases alguien con 20 años de trayectoria».

El porqué del éxodo está claro. Un informe del CEPA expone que, entre las y los docentes, únicamente los titulares con dedicación exclusiva superan (por muy poco) el umbral de la Canasta Básica Total. «El resto de los cargos docentes con dedicación exclusiva percibe salarios que no alcanzan a cubrir la CBT, por lo que se ubican por debajo de la línea de pobreza. Algo similar ocurre con la mayoría de los escalafones del personal no docente, cuyos salarios tampoco logran superar ese umbral. Considerando que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en enero 2026 fue de $623.990, solo los titulares y asociados con dedicación semiexclusiva perciben salarios básicos brutos por encima de la línea de indigencia. El resto de los cargos docentes (incluyendo todos los de dedicación simple) se ubica por debajo».