La seguridad volvió a colarse con fuerza en la agenda de la Legislatura, sobre todo del lado opositor. En ese marco, el senador provincial del PRO, Pablo Petrecca, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares particulares en las cárceles y reemplazar el esquema actual por un sistema de comunicación digital controlado por el Estado. Algo inédito ante la gran cantidad de proyectos que buscan prohibir los celular sin alternativas.

La iniciativa apunta a modificar el régimen vigente desde 2020, implementado en el contexto de la pandemia, que habilitó mecanismos excepcionales de comunicación para personas privadas de la libertad y que, según advierte el legislador, continúa funcionando sin un marco legal específico ni control legislativo claro.

UN SISTEMA CERRADO Y BAJO CONTROL ESTATAL

El eje central del proyecto es la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que reemplazaría el uso de teléfonos móviles privados dentro de las unidades penitenciarias.

Según la propuesta, se trataría de una red cerrada, sin acceso libre a internet ni redes sociales, en la que solo podrían establecerse comunicaciones con contactos previamente registrados y verificados, bajo supervisión y trazabilidad estatal.

La intención, según planteó Petrecca, es preservar el derecho a la comunicación de las personas detenidas, pero al mismo tiempo evitar que desde las cárceles se continúen coordinando delitos como extorsiones, amenazas o estafas virtuales.

“No elimina la comunicación: la ordena y la pone bajo control del Estado”, sostuvo el senador al presentar la iniciativa.

Además, el texto establece que, una vez implementado el sistema, quedará prohibida la tenencia de celulares particulares, cuya posesión será considerada falta grave y podría impactar en beneficios penitenciarios como salidas transitorias o libertad asistida.

MÁS PROYECTOS EN LA MISMA DIRECCIÓN

La propuesta de Petrecca no aparece aislada. En los últimos meses, la Legislatura bonaerense recibió múltiples proyectos vinculados a seguridad, sistema penitenciario y control del delito, en línea con una agenda que viene ganando centralidad tanto en el oficialismo como en la oposición.

Desde La Libertad Avanza el diputado Oscar Liberman avanzó con la denominada “ley Rodrigo”, orientada a frenar estafas, amenazas y extorsiones organizadas desde los penales. A esa lista también se sumaron propuestas de Alex Campbell y de la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini, todas con el eje puesto en reforzar el control intramuros.

En la misma dirección, el bloque Hechos UCR + Identidad también presentó su propio proyecto para prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de celulares en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, sumándose al creciente consenso opositor sobre la necesidad de revisar el esquema excepcional que quedó vigente desde la pandemia.

Desde ese espacio advirtieron que hoy se siguen cometiendo delitos tecnológicos desde las cárceles y reclamaron medidas concretas para impedir que los penales funcionen como centros de operaciones de estafas telefónicas y extorsiones.

Con proyectos provenientes del PRO, La Libertad Avanza, el Frente Renovador y Hechos UCR + Identidad, el tema se puso de moda por los hechos delictivos que se consumaron por llamadas desde penitenciarias.