La empresa estatal AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A.) anunció que avanzará con una impugnación formal tras quedar excluida de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0013-LPU25, correspondiente a la Red Federal de Concesiones – Etapa II. La compañía denunció “graves irregularidades” en el proceso de evaluación y sostuvo que la decisión responde a criterios arbitrarios que modifican las reglas establecidas en el pliego.

Según el comunicado oficial, el dictamen de precalificación que recomendó desestimar su oferta incorpora exigencias que no estaban contempladas originalmente. En particular, AUBASA cuestionó que se haya requerido acreditar experiencia técnica únicamente mediante la ejecución directa de obras, cuando, afirman, el pliego permitía demostrar antecedentes a través de contratos y certificaciones emitidas por organismos competentes.

Desde la empresa remarcaron que esta interpretación introduce un cambio sustancial en las condiciones del proceso una vez presentadas las ofertas, lo que, a su entender, vulnera principios básicos como la transparencia, la legalidad y la igualdad entre oferentes. Además, advirtieron que el análisis técnico se realizó bajo parámetros propios de la obra pública tradicional, sin contemplar que el objeto de la licitación corresponde a un modelo de concesión integral, donde es habitual la participación de terceros contratistas.

AUBASA destacó que cuenta con experiencia como concesionaria vial desde 2014 y que sus antecedentes fueron inicialmente reconocidos en el propio dictamen, aunque luego descartados bajo criterios que calificaron como “restrictivos”. En esa línea, remarcaron que actualmente llevan adelante un plan de obras en sus corredores en un contexto de fuerte retracción de la inversión en infraestructura a nivel nacional.

En paralelo, la compañía también señaló inconsistencias en la evaluación económico-financiera de su propuesta, mencionando omisiones de documentación presentada en tiempo y forma y la falta de fundamentación clara en los criterios aplicados. A esto se suma, según indicaron, una posible desigualdad de trato respecto de otros oferentes.

La postura oficial y el eje de la controversia

Desde el Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo que depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, justificaron la exclusión al sostener que AUBASA no cumplió con los requisitos técnicos exigidos en el pliego. Puntualmente, indicaron que la empresa no logró acreditar la experiencia mínima de diez años en ejecución de obras viales ni la certificación anual requerida en carácter de ejecutor directo.

El dictamen oficial plantea que las obras presentadas por AUBASA habrían sido realizadas por terceros en el marco de contratos de concesión, lo que, según esa interpretación, no resulta suficiente para demostrar capacidad técnica propia. En ese sentido, remarcaron que el pliego exige de manera “inequívoca” la ejecución material de los trabajos por parte del oferente, descartando la validez de la subcontratación para este tipo de acreditación.

Este punto constituye el núcleo del conflicto: mientras el Gobierno interpreta que la experiencia debe ser directa y ejecutada por la propia empresa, AUBASA sostiene que esa condición no figura en el pliego y que su incorporación posterior altera las reglas de la licitación.

La controversia ya había sido señalada días atrás por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien solicitó la intervención de organismos de control como la Defensoría del Pueblo ante posibles irregularidades en el proceso.

Con este escenario, la empresa avanzará con la impugnación con el objetivo de revertir su exclusión y, según expresaron, “garantizar el respeto a las condiciones originales del procedimiento”. En paralelo, reafirmaron su compromiso con la gestión de la infraestructura vial y con la defensa de condiciones equitativas en procesos licitatorios de alcance nacional e internacional.