La concejal de La Libertad Avanza oficial, Belén Veronelli, ingresó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante de Junín que busca implementar un sistema de controles toxicológicos obligatorios para la totalidad de la planta política del municipio.

La normativa alcanza a las máximas autoridades locales, incluyendo al intendente, los concejales, los integrantes del Juzgado de Faltas, secretarios, subsecretarios, directores y responsables de las diversas áreas descentralizadas de la comuna.

De acuerdo al documento parlamentario, los funcionarios alcanzados por la regulación deberán presentar de manera obligatoria un certificado que acredite un resultado negativo en exámenes diseñados para detectar metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.

Los testeos se realizarán de forma aleatoria cada dos años, y una vez que la persona sea fehacientemente notificada por las autoridades correspondientes, dispondrá de un plazo estricto de 48 horas para concurrir a la institución médica que designe el Departamento Ejecutivo Local.

El procedimiento de control médico constará de dos etapas bien definidas para asegurar la fiabilidad del diagnóstico. En primera instancia se efectuará un análisis de orina tradicional y de respuesta rápida; en el caso de que este examen inicial arroje un resultado positivo, se activará de forma inmediata un segundo mecanismo de confirmación mediante métodos químicos y tecnológicos de mayor precisión en laboratorio.

En los fundamentos de la iniciativa, Veronelli sostiene que aquellos ciudadanos que ocupan cargos públicos de alta jerarquía cargan con responsabilidades fundamentales vinculadas directamente a la administración de los recursos financieros de la comunidad, la toma de decisiones estratégicas y la conducción de las áreas más sensibles del Estado municipal.

Por este motivo, la edil considera indispensable garantizar que los gobernantes desempeñen sus funciones en plenas facultades, sin el consumo de sustancias prohibidas, argumentando además que la esfera pública no debería tener exigencias menores a las que actualmente se aplican con normalidad en múltiples actividades comerciales e industriales del sector privado.

Finalmente, el texto legislativo estipula que el costo financiero de los estudios médicos no recaerá sobre las arcas públicas, sino que será afrontado individualmente por cada funcionario mediante un esquema de descuentos directos en sus haberes mensuales. Asimismo, la normativa prevé el resguardo absoluto de los resultados bajo las leyes de protección de datos personales, disponiendo que ante un caso de incumplimiento o de detección de un consumo problemático, se dará intervención confidencial a las áreas de salud correspondientes para brindar asistencia y acompañamiento terapéutico al afectado.