Por: Semanario

La municipalidad terminó sacando a patadas a las familias que reclamaban una vivienda desde la plaza principal de Junín. Poco más de 40 días antes los había reprimido cuando se posicionaron en unos terrenos ubicados en las afueras de la ciudad allá por donde “el diablo perdió el poncho”, de los tantos sectores olvidados por una gestión que se ocupa de 15 cuadras a la redonda del municipio.

Y aunque la ignorancia de algunos que sólo se miran el ombligo les haga pensar que “no hay derechos”, es bueno aclarar que sí los hay y que están reglamentados.

Es más, aquellos que critican a quienes reclaman, se asombrarán de saber cuan aceitada está la estructura pública para dar soluciones, pero los gestores se dedican a charlar y no a generar acciones.

En provincia de Buenos Aires, la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat (LAJH), promovida en 2013, es un avance en adaptar el ordenamiento jurídico interno a los instrumentos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales.

La LAJH establece que el derecho a un hábitat digno implica:

a) Un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana;

b) acceso a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y a los servicios;

c) la capacidad de desenvolver apropiadamente las actividades sociales y económicas;

d) y de usufructuar un hábitat culturalmente rico y diversificado.

La ley reconoce al déficit habitacional como un problema multidimensional: no se trata solamente de que la cantidad de unidades de vivienda sea insuficiente para la población, sino de que existe un déficit urbano integral, que es un límite para el ejercicio de otros derechos humanos, como el acceso a la educación, a la salud y al trabajo, entre otros.

La norma reglamenta el derecho de todos los habitantes de la provincia a tener un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan su integración, a partir de lo prescripto en el inciso 7 del artículo 36 de la Constitución provincial. Para ello, su finalidad general es fortalecer la capacidad estatal (provincial y municipal) y de las organizaciones sociales para intervenir activamente en la remoción de los factores que históricamente han generado exclusión social y deterioro ambiental.

SORPRESA

Y a pesar de que unas 40 familias reclamaron un lote a pagar en cuotas accesibles y lo único que recibieron fueron palos y ninguneo, además de indescifrables excusas, es bueno recordar que Junín cuenta con un Consejo Municipal de Hábitat, ente pensado para intervenir en la problemática de la falta de viviendas que fue creado mediante una ordenanza aprobada –por unanimidad- por el Concejo Deliberante en 2017.

Por lo cual se debe interpretar que quienes participan de la política a nivel local, ya sea oficialistas como opositores, debían conocer que existían herramientas para dar soluciones y no lo hicieron.

Simplemente porque para los funcionarios locales resulta más fácil declamar que ponerse a trabajar.

Mientras escribimos esta nota, la organización Don Ito lleva a cabo en la UNNOBA un encuentro para hablar del mismo tema: El acceso al hábitat, ese que se le niega taxativamente a cada uno de los 3000 juninenses que lo necesitan y no son más que un número estadístico para el intendente Pablo Petrecca.

Y era por aquellos días de 2016 que la adhesión del municipio de Junín a la Ley Provincial 14.449 de Acceso Justo al Hábitat era promovida por el concejal Gustavo Traverso, hoy senador provincial.

Porque se prometía que el consejo Municipal del Hábitat representaría “un gran avance para revertir la crisis habitacional que atraviesa nuestra ciudad” y que debía “actuar como órgano multiactoral de consulta y asesoramiento de las políticas y programas aplicados en Junín en el marco de esta ley”.

¿Dónde estuvo este consejo en estos 40 días de reclamo? ¿Dónde en estos últimos tres años después de su consagración?”

El Consejo Municipal de Hábitat contemplaba el trabajo en conjunto de todas las partes que atraviesan esta temática tan compleja como el acceso al hábitat. Es por ello que preveía la participación articulada de todos los actores intervinientes, como el Colegio de Arquitectos, Colegio de Trabajadores Sociales, Colegio de Agrimensores, Colegio de Ingenieros, Colegio de Maestros Mayor de Obras, entre otros.

“La preocupante realidad de Junín arroja déficit en viviendas, casas desocupadas, familias nuevas sin posibilidades de acceso a las mismas y una altísima valorización inmobiliaria y de construcción. Eso torna inaccesible para muchos de sus habitantes el acceso a lotes, construcción y/o reparación de viviendas. Este complejo escenario para muchas familias de la ciudad, deja como única solución posible la intervención del Estado como garante del acceso a la vivienda”, decía Traverso tras la sesión del Concejo.

Sin embargo, ni Petrecca ni sus funcionarios se ocuparon del tema, ni en 40 días ni entre años tampoco, y sus funcionarios somnolientos sólo esperaron el momento de oscuridad para ir a apretar y desalojar a quienes -ley mediante- estaban en su derecho de reclamar, no sólo soluciones a sus problemas sino además que los cómodos funcionarios salgan de su zona de confort y se ocupen de lo que hay que ocuparse.

Fueron más de cuarenta días de violencia psíquica por parte del municipio, con acusaciones veladas hacia las madres con sus hijos, presión a los varones en sus trabajos, idas y vueltas respecto a que serían atendidos y mensajes variados de los “valientes” funcionarios de seguridad juninense que agobian a los pobres y agachan la cabeza ante los poderosos.

Un recurso de amparo presentado a la Justicia para poder acceder a los lotes de un barrio de los suburbios no prosperó.

La fiscal Vanina Lisazo también venía presionando a quienes protestaban a través de actitud parcial favorecedora del municipio y clásica de la idiosincrasia de una buena parte del Junín “políticamente correcto” e históricamente clasista.

Cuarenta días de impotencia e ineptitud de gestores de la nada, que calientan sillas en los despachos y sólo miran atentos la pantalla de operaciones bancarias para saber cuándo se acredita su sueldo.

Cuarenta días que sirvieron, al fin y al cabo, para demostrar que en nuestra ciudad sólo se vive para transitar una pasarela arriba de un automóvil y medir con ello el desarrollo social individual, pero nunca apuntalar el desarrollo colectivo.

Cuarenta días que sirven para graficar los 1220 días de insensibilidad de la gestión Petrecca que han generado una mayor división en la sociedad y sólo por su irresponsabilidad, termina poniendo en riesgo la paz social, cuando existen herramientas para brindar soluciones a los que más las necesitan.

Cuestiones que no tienen que ver con la política, sino con los políticos que se han hecho afines a la charlatanería por sobre las acciones y el trabajo. En perjuicio de la comunidad.

EL TEXTO ORIGINAL FUE PUBLICADO EL SÁBADO 11 DE MAYO 2019 EN NUESTRA EDICIÓN IMPRESA