El Gobierno tomó la decisión de hacer una revisión integral del esquema de tarifas del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que no habrá aumentos al menos por seis meses. La medida comenzará a aplicarse primero en la capital federal y la provincia de Buenos Aires, para después extenderse a otras zonas del país.

De esta manera, el Ejecutivo destinará alrededor de 60.000 millones de pesos para cubrir los subsidios de esos 180 días, después de erogaciones por 120.000 millones de pesos a lo largo de 2019 por el mismo concepto.

La decisión fue comunicada por el ministro de Transporte, Mario Meoni, a los responsables del área en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, donde unas diez millones de personas usan el servicio público todos los días.

La medida va en línea con los postulados que componen la ya aprobada ley de Solidaridad y Reactivación Productiva con la que el presidente Alberto Fernández asegura que apunta a reanimar el poder adquisitivo de los argentinos. Este viernes también oficializó la entrega de un bono de especial para jubilados y beneficiarios de la AUH, y  ya rige el congelamiento de las tarifas luz, agua y gas hasta junio del 2020. Además, pondrá en marcha un plan para aliviar el peso impositivo para las pymes que tienen deudas con el Estado con una moratoria que incluye seis meses de gracia, entre otros puntos.

La última actualización de las tarifas había sido aplicada en marzo y luego el entonces gobierno de Mauricio Macri frenó los incrementos y aumentó los subsidios en el marco de la campaña electoral.

Según un análisis de la consultora Elypsis, el congelamiento de tarifas implica aumentos de subsidios en al menos 0,3% del Producto Bruto Interno (PBI), aunque el número final dependerá de la renegociación tarifaria para el segundo semestre. Sin embargo, desde la consultora privada aclararon que esto se basa solo en el congelamiento de tarifas de gas y electricidad, sin contar transporte.

El gobierno anterior intentó ahorrar en el gasto en transporte con el traspaso de los subsidios de los colectivos que inician y terminan en una misma ciudad a las autoridades municipales y de los que comienzan y finalizan en una misma provincia a los gobiernos provinciales.

Lo mismo se intentó hacer con el pago diferencial de la tarifa social de los colectivos, aunque en 2019 todavía el Estado Nacional se hizo cargo de estos subsidios. A partir del año próximo estaba estipulado que se hiciera el traspaso oficial, pero el proceso todavía no está confirmado.