Por: Semanario

Cada vez son más los demandantes ante la justicia para que se investigue y dé una solución a los adquirentes de lotes de terrenos ubicados en el proyecto inmobiliario que se denominó “Urbanización Los Arcos”, situado en 27 de Diciembre y Borchex, de Junín.

Desde hace tres años tratan de escriturar su bien y no pueden hacerlo por distintos motivos esgrimidos por parte de la inmobiliaria y el supuesto propietario de los terrenos.

La presentación judicial se llevó a cabo el pasado octubre, asesorados por el Estudio Cornaglia y Asociados, a cargo de los abogados Nicolás Cornaglia y Gisele Marabini, quienes presentaron una denuncia ante la justicia con el objetivo de que sea esclarecida la situación, sin embargo reconocieron que si bien la causa avanza, lo hace con demora y esto choca con la angustia de los compradores que ya tendrían que tener construida su vivienda en el lugar al que aún no todavía no se le han completado los servicios básicos que también se le habían prometido.

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Los damnificados expusieron ante el juzgado que “la operación inmobiliaria y el asesoramiento comercial fue llevado a cabo con la intervención de la inmobiliaria a cargo de Gastón Morgan y Gabriel Petraglia”, lugar adonde “se llevó a cabo la firma de los respectivos boletos y recibiendo ellos (conforme los recibos que obran en su poder) el dinero abonado por los lotes de terrenos adquiridos por los denunciantes”, a quien dijo ser su propietario, Daniel Alberto Perchante.

En el boleto de compraventa suscripto, la parte vendedora asumió la obligación de desarrollar un proyecto inmobiliario, proveyendo al predio de los servicios esenciales, tales como desagües cloacales (está en un 50%), agua corriente (en un 95%), alumbrado público (0%) y energía eléctrica domiciliaria (al 50%), todo ello según aduce en los boletos, con el aval de la municipalidad de Junín para la instalación de tal zona y desarrollo inmobiliario.

Asimismo, se comprometía a terminar la obra con los servicios mencionados en un plazo estipulado de 365 días, para luego entregar la posesión del mismo y finalmente la escritura traslativa de dominio.

“Eso nunca ocurrió -explicaron- y con posterioridad a la firma de los boletos advertimos que quien se consignaba como exclusivo propietario no lo era, es decir que se comercializó un proyecto de urbanización sin el correspondiente título registral y sin el plano de mensura y división aprobado o visado por la oficina municipal de obras públicas”.

Oportunamente, la causa fue iniciada bajo el N° de IPP 8619-2019, encontrándose la misma en la instancia de investigación penal preparatoria, instruida por la UFIF N° 5 del Departamento Judicial Junín, a cargo del fiscal Sergio Terrón.