A menos de 24 horas para el comienzo de las elecciones primarias del domingo, miles de personas colmaron la Plaza de Mayo para reclamar la “aparición con vida” del joven artesano Santiago Maldonado, que está desaparecido desde hace diez días, luego de un operativo represivo realizado por Gendarmería Nacional el 1° de agosto, para desalojar un corte de la ruta 40, realizado por la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, Provincia de Chubut.

A pesar de la lluvia y el clima invernal, la convocatoria realizada por distintas organizaciones de derechos humanos para las 17, llenó la Plaza de Mayo y fue encabezada por sus familiares, junto al acompañamiento de organismos, y referentes sociales, políticos, gremiales y estudiantiles. En el palco del acto se pudo divisar a las integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas y Taty Almeida, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky.

En el momento central de la convocatoria, fue leído un documento en el que afirmaron que se trató de una "desaparición forzada" y responsabilizaron al Estado por el hecho, mientras que el hermano del joven, Sergio Maldonado, pidió "que aparezca Santiago lo antes posible. Santiago, te quiero ver. Queremos a Santiago con vida". En respuesta, los manifestantes levantaron carteles con la foto del joven y reclamaron su "aparición con vida" y "castigo a los culpables".

Luego de la marcha Pérez Esquivel, dijo que "el gobierno tiene que dar explicaciones" y que "saquen el destacamento de Gendarmería" de la zona donde se produjo la desaparición de Maldonado, porque "están atemorizando a la comunidad", denunció el titular de la ONG Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), en referencia al destacamento 35 que tiene la fuerza de seguridad en la localidad de El Bolsón, donde un allanamiento ordenado por el juez federal Guido Otranto y realizado por la Policía Federal encontró cinco cabellos largos y una soga manchada de sangre.

Antes de la marcha realizada ayer a la tarde, distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron que la Gendarmería reforzó la presión en toda la zona de los hechos investigados, y aumentó el nivel represivo en medio de la pesquisa y en la previa de los comicios del domingo. En ese contexto, lo que resta del sábado y del domingo serán jornadas jornadas virtualmente blindadas para los habitantes de la zona de El Bolsón y Cushamen.

NUEVA DENUNCIA DEL CELS

Poco después de la marcha, el Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un nuevo comunicado, sobre la llamativa demora del Gobierno en avanzar en la investigación sobre la hipótesis de la desaparición forzada. “Cuando existen motivos suficientes para presumir que una persona desapareció en manos de alguna fuerza de seguridad, el Estado tiene la obligación internacional de encarar sin demora una investigación sobre la fuerza sospechada. Nada impide, sino que es lo que corresponde, realizar además medidas amplias de búsqueda que abarquen otras posibles hipótesis”, sostuvo el organismo de derechos humanos, en referencia al virtual desconocimiento de la administración de Mauricio Macri ante la “acción urgente” que ordenó este lunes 7 el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, donde le exigió “al gobierno que despliegue una “estrategia integral” para buscar y encontrar al joven.

En esa misma jornada, recordó el CELS, un equipo del organismo “integrado por Gastón Chillier, director ejecutivo, y Federico Efrón, coordinador del área de Litigio y defensa legal, viajó a la zona en la que ocurrieron los hechos”. Y concluyeron que “los testimonios de la comunidad y la información judicial recabada de primera mano por el defensor federal de Esquel, a lo largo de una semana, indican que hasta el momento la única hipótesis apoyada en indicios serios es la que indica que Santiago desapareció en el marco de un operativo represivo”.

Sin embargo, a pesar de la cantidad de evidencias que comienzan a surgir, el CELS recordó que “el gobierno nacional primero negó los hechos”. Después “intentó distraer la atención con una estrategia burda orientada a atacar a la comunidad mapuche. Esta respuesta no es producto de la improvisación: como venimos señalando, desde fines de 2016 hay una estrategia liderada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que busca asociar a los grupos mapuches al “terrorismo” y de este modo justificar el hostigamiento, la persecución y la violencia. Hasta tal punto este enfoque es central en la respuesta del gobierno a los conflictos sociales que el operativo fue coordinado en persona por el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, quien luego hizo declaraciones en los medios para justificar la violencia estatal. Luego de la desaparición, la primera respuesta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de la Gendarmería, fue intentar poner en duda la presencia de Santiago Maldonado en el lugar”, aseveró el CELS en referencia al funcionario Pablo Noceti, un abogado defensor de genocidas que, según el sitio Noticias de Esquel, estuvo “de incógnito”, durante el juicio tramitado por Otranto sobre el pedido de extradición que formuló Chile, contra el líder mapuche Facundo Jones Huala.