El Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo (ATP) que lanzó el Estado para subsidiar a empresas y pymes que se encuentran en crisis por la paralización de la producción en el marco de la cuarentena, inauguró una polémica que elevó los ánimos al interior de la Casa Rosada.

Sucede que en la asistencia ecómica que brinda el Estado nacional para que las empresas en quiebra puedan pagarles parte de sus sueldos a los trabajadores, también se incorporó a grandes empresas como Techint, Clarín, Vicentín y Viacom.

Hasta ahora, no se sabe si se trató de un error por parte de la administración gubernamental o existió de verdad un interés de colaborar con los empresarios más importantes del país.

Pero lo que más llamó la atención es que de las 450 mil empresas que se inscribieron para solicitar el ATP, solo fueron aceptadas unas 258 mil. Es decir, quedaron afuera casi la mitad de las Pymes y empresas que solicitaron el programa de emergencia.

Lo que no se sabe es cómo, en ese proceso de selección, pudieron ser aceptadas empresas de gran tamaño como las anteriormente nombradas. Con solo considerar que el dueño de Techint, Paolo Rocca, declaró unos 8.200 millones de dólares y es considerado uno de los hombres más ricos del continente, se comprende mucho más el error y la polémica.

Y hay un detalle que no es menor: en esa empresa –por ejemplo- los que cobraron el Programa de Asistencia fueron Ceos. Es el caso de Carlos Eduardo Bacher, CEO de Techint Construcciones, uno de los responsables del despido de 1450 trabajadores de la empresa.

Sin embargo, no son los únicos casos: En las últimas horas organizaciones de trabajadores aeronáuticos denunciaron que los máximos ejecutivos de Flybondi y JetSmart (aerolíneas low cost que operan en el polémico aeropuerto de El Palomar) cobraron su sueldo beneficiándose del subsidio dispuesto por el Estado nacional para asistir a los trabajadores durante la emergencia económica por el coronavirus.

AL CRUCE

Por eso, algunos dirigentes gremiales y representantes de Pymes salieron al cruce del gobierno, que protagonizó su segunda controversia en lo que va de su gestión, luego de la compra de alimentos en sobreprecio a manos del ministerio de Desarrollo Social, lo que generó una decena de renuncias y una investigación por posible caso de corrupción.

“Muchas pymes no pudieron acceder, siendo que muchas están paralizadas. Si las grandes empresas también van a cobrar el Programa de Asistencia, con más razón primero tenemos que cubrir la asistencia a todas las pymes que no lo pudieron cobrar”, explicó para INFOCIELO, Daniel Rosatto, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA). 

“Creo que todavía no hemos tomado consciencia de lo que está pasando y lo que podría pasar con la economía. Quienes estamos al frente de las entidades, sabemos de las miles de pymes que están en crisis”, agregó después.

Por su parte, el titular de la CTA Autónoma, Pablo Michelli, lo responsabilizó al ministro de Trabajo, Claudio Moroni: “Pareciera el ministro de Trabajo de otro gobierno, porque no tiene nada que ver con lo que plantea el presidente Alberto Fernández. Tiene mucho más interés de que les vaya bien a los empresarios en detrimento de los trabajadores”, sostuvo.

Para alivianar la tensión, el gobierno salió a aclarar que el 93,4% de las empresas aprobadas para el programa tienen hasta 25 empleados, mientras que solo el 0,1% de las firmas que también recibieron el ATP son empresas con más de 800 trabajadores. Es decir, se priorizó claramente a las Pymes más chicas y con más dificultades económicas en el marco de la cuarentena.

También aclararon que, en cuanto a las empresas que no calificaron para recibir el respaldo salarial previsto en la iniciativa, se está "analizando algunos casos en función de los subsidios que reciben en forma permanente, particularmente en algunos rubros como educación y transporte".