La Corte se quedó corta

La acordada para poner en funcionamiento “pleno” la departamental Junín está lejos de la “normalidad” que se espera en la Justicia y genera algunos contrapuntos. Los trabajadores están en contra de la medida, mientras el Colegio de Abogados señala que lo que hay que priorizar es la salud, antes que otras cosas. Todo en medio de distritos con distinto proceder ante la pandemia, lo cual es aún más complicado.

A pesar de que la Corte Suprema de Justicia bonaerense emitió una acordada liberando la tarea judicial en el departamento de Junín, a partir del próximo lunes 20, quedará mucho tiempo por delante para volver a la “normalidad” esperada.

Los trabajadores judiciales dieron a conocer sus críticas a la medida a través de un comunicado, mientras el presidente del Colegio de Abogados local, Pablo Rasuk, confía en la tecnología y prioriza la faz sanitaria.

La Asociación Judicial Bonaerense, seccional Junín, en tanto, realizó “algunas consideraciones”.

Al respecto, manifestaron no estar de acuerdo con la acordada de la Corte, dado que “no se encuentran garantizadas todas las medidas de prevención para evitar el contagio por COVID-19 en el Poder Judicial”.

Plantearon, además, que “uno de los motivos de mayor preocupación es el traslado interjurisdiccional de personas –trabajadores del Poder Judicial, abogados y público en general- que residen en ciudades del Departamento Judicial que tienen una situación preocupante desde el punto de vista epidemiológico por circulación del virus”.

La resolución que dispone la vuelta paulatina al funcionamiento pleno en el Poder Judicial es la número 655/20 que determina además en qué condiciones debe llevarse a cabo la actividad.

Desde la AJB hacen hincapié en que “los protocolos implementados son deficientes e insuficientes, por no contemplar todas las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19 y no contemplar las situaciones particulares de algunas funciones específicas, como las de las personas que realizan el diligenciamiento de cédulas y mandamientos, autopsias y otras actividades criminalísticas, pericias en sede y en territorio, entre otras, tanto el Protocolo de Prevención de la Suprema Corte como el Protocolo de Prevención del Ministerio Público establecen medidas de prevención que deben ser cumplidas”.

Según expresaron a SEMANARIO “ambos protocolos establecen que la responsabilidad de hacer cumplir esas medidas es de las y los titulares de las dependencias, quienes en caso de constatar su incumplimiento tienen la facultad de solicitar el cierre momentáneo de la dependencia y la suspensión de los términos procesales, además de la obligación de realizar las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento”.

Respecto a si el funcionamiento pleno implica volver a la normalidad, respondieron con una contundente negativa. “El funcionamiento pleno no implica volver a trabajar de la misma manera que lo hacíamos antes de la pandemia. En primer lugar deben respetarse todas las medidas de prevención. En segundo lugar, muchas personas no volverán a su puesto de trabajo de manera presencial”, admitieron.

Por otra parte, “la Suprema Corte dispuso que debe tratarse por todos los medios de priorizar el trabajo a través de medios telemáticos para evitar una gran afluencia de público a los edificios del Poder Judicial”.

Sobre los grupos de riesgo, la asociación que nuclea a los trabajadores expresó que “siguen exceptuados de concurrir a trabajar de manera presencial. Pueden realizar trabajo remoto, siempre y cuando reúnan las condiciones para hacerlo”.

En el caso de las personas que tienen a cargo niños y niñas en edad escolar sin alternativa de cuidado, señalaron que “sigue vigente la resolución 166/20 que exceptúa de concurrir a trabajar de manera presencial a quienes tengan a su cuidado a niños y niñas en edad escolar mientras persista la suspensión de clases”.

Consultados sobre las posibilidades de seguir promoviendo el teletrabajo, dijeron que “esta modalidad de trabajo está regulada por el Convenio de regulación del teletrabajo firmado entre la Suprema Corte y la AJB. Es decir que el teletrabajo es voluntario, revocable y debe ser realizado dentro de la jornada laboral, de lunes a viernes de 8 a 14 horas” y añadieron “que este convenio prohíbe expresamente el traslado de causas (o cualquier otro tipo de documentación) al domicilio de quien se encuentra teletrabajando”.

En cuanto a las posibilidades que presenta la infraestructura judicial para garantizar el distanciamiento, desde la AJB departamental, indicaron que “en ese caso, el o la titular de la dependencia deberá conformar grupos de trabajo que desarrollarán sus tareas de manera alternada con una frecuencia semanal o quincenal. Ese grupo debe permanecer inalterable para evitar de esa manera que si aparece un caso sospechoso o positivo de Covid-19 deba aislarse a la planta completa”.

Además, “en caso de no cumplirse con las medidas de prevención o de convocatorias no acordes con lo establecido en las resoluciones de la Suprema Corte, les pedimos que se comuniquen con la AJB para poder realizar la intervención correspondiente”.

DESDE EL COLEGIO

Al ser requerido por SEMANARIO, el presidente del Colegio de Abogados de Junín, Pablo Rasuk, dijo que “la acordada de la Corte que dispone la vuelta del servicio en nuestro departamento judicial tiene una base de una acordada anterior donde se establece todo un protocolo de actuación desde el cuidado de lo sanitario, por lo que todo lo que tenga que ver con la puesta en marcha del servicio de Justicia va a ser en función de la fase sanitaria de cada municipio”.

Explicó que “si el (distrito) de Chacabuco está en fase 3 y el letrado no puede venir a Junín, hoy la mayoría de cosas es a través de manejo electrónico y está muy adelantado”.

Puntualizó el letrado que “todo lo que sea sanitario está por encima de cualquier otra cuestión, por lo tanto si hay que hacer audiencias de más de 10 personas, por más que esté habilitado el servicio y como no puede haber reuniones, esas audiencias no serán posibles y tendrán que hacerse por algún medio telemático”.

Este acuerdo 742 que pone en marcha la actividad plena del servicio de Justicia en la cabecera está en consonancia con la emergencia sanitaria en cuanto a lo presencial.

“En este departamento –dijo Rasuk- ya están trabajando los ocho juzgados de Paz y en algunos casos, donde hubo contagios, la mayoría de las audiencias fueron virtuales. Sólo en sede penal se hacía presencial la indagatoria o reconocimiento en rueda”.

A pesar de las carencias presenciales, el titular del Colegio, sostuvo que la situación “está más o menos estructurada como para respetar lo sanitario, pero implica la puesta en marcha de todo el servicio de justicia. De hecho empieza a funcionar la oficina de mandamientos y notificaciones, también se empiezan a mover algunos expedientes que estaban parados”.

Respecto a la prohibición de tránsito que habrá en Junín para los abogados de los demás distritos que componen la departamental, Rasuk indicó que “de todas maneras, cuando hay audiencias penales que son indagatorias, cuando hay privación de la libertad, se puede”.

Agregó que “con la credencial de abogado, la constancia y el permiso de circulación, el defensor puede asistir a su defendido en la indagatoria. Ha habido casos donde han tenido que venir a Junín y no tuvieron problemas en ejercer el derecho de defensa. En las audiencias civiles es distinto, podría haber algún caso de urgencia que tenga que ver con cuestiones de salud, pericias médicas. En esos casos los jueces pueden fundar la orden de traslado y la comparecencia con el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Pero tiene que estar acreditada la urgencia”, remarcó el presidente del Colegio de Abogados de la departamental con sede en nuestro medio.

Hacé click en el siguiente enlace http://semanariodejunin.com.ar/uploads/revista/pdf/20200720100130_edicion_211.pdf y bajate la edición del sábado 18 de julio 2020.