Septiembre de 2015 significó un hito importante en la lucha que lleva adelante el colectivo Trans, que vio concretado un objetivo importante en su batalla por la inclusión y la no discriminación.

Fue luego del paso adelante que significó, tres años antes, la sanción de la ley de Identidad de Género, que les permitió modificar su DNI de acuerdo a la “identidad autopercibida” y brindarles la posibilidad de acceder al tratamiento médico hormonal y las operaciones a los mayores de 18 años que así lo soliciten, sin recurrir a la victimización.

La lucha encabezada por organizaciones como el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) y Conurbanos por la Diversidad, junto a la diputada del Frente para la Victoria Karina Nazabal, culminaba una larga tarea y se coronaba con la sanción de la ley 14.783, denominada luego “Ley Diana Sacayán”, en recuerdo de la activista de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) asesinada en octubre de 2015, en un hecho que se caratuló como “transfemicidio” o “travesticidio”.

El proyecto busca “promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público”, asegurando un mínimo del 1% de los puestos de trabajo en el Estado y empresas públicas para quienes pertenecen a este grupo, sometido a discriminación, violencia institucional y falta de oportunidades, arrastrando a casi el 80% a caer en la prostitución como medio de subsistencia.

Sin embargo, las iniciativas chocan con algunas barreras difíciles de superar. Por un lado, la falta de decisión oficial para dar el paso hacia la reglamentación de la normativa sancionada en la Legislatura bonaerense, algo que esperan desde hace casi dos años las organizaciones vinculadas con el colectivo trans.

Y, por otra parte, la falta de decisión -y hasta de información- que evidencian las administraciones municipales y los concejales de partidos variopintos, no sólo acerca de la problemática trans en general sino, incluso, de la ley votada en La Plata.

En algunos casos, los concejos deliberantes y los jefes comunales utilizan la demora en la reglamentación de la ley como una excusa para no avanzar en la implementación del cupo trans en las administraciones municipales.

Sin embargo, los colectivos que luchan por los derechos de este sector de la población aseguran que no es necesario ese requisito para votar la ordenanza.

Sólo unos pocos (ver abajo) sancionaron ordenanzas en ese sentido en el ámbito bonaerense, creando áreas específicas de Diversidad Sexual. Otras administraciones locales, en tanto, contaban con planes integrales en temas de diversidad, que, de a poco, se fueron desactivando.

Un dato que decepciona respecto de su compromiso con una problemática que lleva a muchas personas trans a vivir situaciones de marginalidad, con una expectativa de vida que se aproxima a la mitad del resto de la población de nuestro país.

A pesar de la inexplicable demora en la reglamentación, Buenos Aires puede presumir de ser el único estado provincial que cuenta con una ley aprobada por sus cámaras, lo que lo convierte en una isla dentro del multicolor panorama político nacional.

Párrafo aparte merecen Misiones, Formosa, Catamarca, San Juan, La Pampa y Tierra del Fuego, que carecen de proyectos presentados en sus respectivas legislaturas. El resto cuenta con proyectos de ley, que aún no han sido aprobados y, en algunos casos, ni siquiera tratados. Y muchos, hasta han perdido su estado parlamentario.

Municipios cuyos concejos deliberantes aprobaron la ordenanza adhiriendo a la iniciativa: Almirante Brown, Avellaneda, Azul, Campana, Pilar, Chivilcoy, General Pueyrredón, San Isidro, Lanús, San Miguel, Lincoln, Tandil, Tres de Febrero, Lomas de Zamora, Merlo, Morón y Necochea.