Cinco causas centrales de alto impacto mediático y otras periféricas de menor intensidad en la agenda pública forman parte de la batería judicial que tiene a mano la gobernadora María Eugenia Vidal de cara a las elecciones de 2019. Figuras del gobierno del Frente para la Victoria, como el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli; el ex candidato a su sucesión, Aníbal Fernández; sindicalistas y jueces ligados a la estructura del peronismo se destacan en el listado de "enemigos" que se encuentran atados a estas causas judiciales.

En sintonía con los tiempos de la política, el Poder Judicial podría jugar un rol clave en el “operativo distracción” que se generó en la usina de ideas del vidalismo, subordinada al gurú comunicacional amarillo Jaime Durán Barba. Justicia, política y medios de comunicación; así será el escenario de la próxima batalla electoral en la provincia de Buenos Aires.

Uno de los ejes del discurso de Vidal desde el inicio de su gestión es “la lucha contra las mafias”. En ese camino, la mandataria logró activar un licuado apetecible y fácil de digerir para el ciudadano medio. Mezcló sindicalistas de todo tipo con funcionarios de la gestión sciolista y una megabanda criminal liderada por un juez de Garantías que aseguraba protección judicial a narcos, sicarios, barras y ladrones. A eso se le suman otros ingredientes, como policías con dinero en sobres de procedencia extraña, y la frutilla del postre: una nueva investigación para su ex rival en las urnas Aníbal Fernández.

Las cartas oficiales en este juego de estrategias se jugarán en la sede del fuero Penal de La Plata. Pero la propaladora de las “novedades” serán los tanques mediáticos del país que resaltarán una lista de nombres ligados al gobierno del Frente para la Victoria.

En esa lista se anotan Scioli y gran parte de sus máximos hombres de confianza del gabinete bonaerense 2007/2015, como Alberto Pérez (jefe de Gabinete), Ricardo Blas Casal (ministro de Justicia), Florencia Piermarini (titular del Servicio Penitenciario Bonaerense), Alejandro Collia (ministro de Salud), Guillermo Scarcella (titular de la empresa de agua y cloacas ABSA) y Antonio La Scaleia (IOMA). A futuro vendrán ex directores generales de Cultura y Educación bonaerense (Mario Oporto, Silvina Gvirtz, Adriana Puiggros y Nora De Lucía) y ex funcionarios del Puerto La Plata. También los que pasaron por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos.

Todos forman parte de la denuncia que realizó la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió, en un expediente que está en manos del fiscal Álvaro Garganta, quien tiene un pedido de juicio político a la espera de resolución.

La turbulencia económica que se avecina, la caída del empleo y el congelamiento del consumo atentan contra los sueños de reelección del oficialismo en todos los niveles de gobierno. En ese camino, echarán mano a una herramienta nada novedosa pero que les ha dado resultado: asustar con el pasado y mostrar todo la “corrupción k” que, según Cambiemos, saqueó al país y a la provincia más importante de Argentina en términos electorales y de generación de producto bruto interno, exportaciones y riqueza.

Para ese “operativo distracción”, el equipo político-comunicacional de la gobernadora tiene en carpeta la investigación de la fiscal Betina Lacki que puso tras las rejas al ex juez de Garantías de La Plata César Melazo. El ex magistrado fue procesado como presunto líder de una asociación ilícita, sostenida hasta el momento en “una cadena de indicios”, según alegó su abogado defensor Fabián Améndola. Melazo no es un juez más. Ligado al peronismo platense, empezó su militancia en la unidad básica del legislador provincial Juan Amondarain. Fue uno de los primeros magistrados en jurar tras la reforma judicial de 1998. En el turno electoral de 2015, no tuvo pruritos en usar su cuenta de la red social Twitter para mostrar su alineamiento político con Aníbal Fernández, entonces rival de Vidal camino al sillón de Dardo Rocha.

En el mismo expediente fue imputado el juez de Casación Martín Ordoqui, sobre quien pesa un pedido de juicio político impulsado por el procurador general bonaerense y ex secretario de Legal y Técnica de Vidal Julio Marcelo Conte Grand.

La cartuchera de las balas mediáticas también está cargada con la pólvora que generen las causas que tienen tras las rejas al ex cacique gremial de UOCRA La Plata Juan Pablo “Pata” Medina, acusado de paralizar obras en la capital bonaerense y también de lavado de dinero y como jefe de una asociación ilícita. En esos legajos judiciales también está detenido su hijo, Cristian “Puly” Medina, y procesados pero en libertad o con arrestos domiciliarios la mayoría de los integrantes de una parte de la familia del sindicalista líder de los trabajadores de la construcción de la región capital.

En la línea de confrontación gremial, Vidal también eligió como rivales a dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes están al frente de la pelea de los trabajadores del Astillero Río Santiago y pugnan por la reactivación del predio naval de Ensenada. Los dirigentes Oscar de Isasi y Francisco Banegas fueron procesados sin orden de detención por la ocupación pacífica que realizaron el 18 de septiembre pasado en la sede del Ministerio de Economía que encabeza Hernán Lacunza.

Ambos sindicalistas deberán presentarse a declarar el próximo 30 de octubre ante el fiscal Marcelo Romero, quien estuvo a punto de detener al intendente de Ensenada, Mario Secco, por interrumpir una sesión en la Legislatura bonaerense, pero fue apartado de la causa.

Si bien la "causa ATE" se encuentra en su etapa inicial, se espera que durante 2019 pueda ser utilizada también como postal del pasado (en referencia al viejo sindicalismo) que atenta contra “el futuro” que representaría Cambiemos.

Otro dato caso se incorpora a la agenda judicial de 2019. Tras la vuelta a la actividad luego de la feria judicial de enero, el primero de los grandes juicios orales lo protagonizarán varios ex comisarios acusados de recibir coimas. El caso es conocido mediáticamente como “los sobres de los comisarios” y se inició por una “denuncia anónima”. Tras una inspección en la comisaría Primera de La Plata, se encontraron sobres de papel, rotulados, que contenía dinero cuyo origen no se pudo explicar. Esta causa es seguida de cerca por el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, quien, tras la revelación del caso, pidió “sanciones ejemplares” para los responsables.

ENEMIGOS ÍNTIMOS. Uno de los anhelos del oficialismo es ver desfilar por Tribunales a Aníbal Fernández. El objetivo es calibrar el mensaje: la ganadora en 2015 gestiona y el vencido tiene que rendir cuentas ante la ley. En ese camino será un insumo clave la causa que se ordenó instruir tras la sentencia a los protagonistas de la triple fuga del penal de General Alvear. Tras la pena a siete años y medio de prisión que recayó sobre los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci, el juez consideró que "la fuga” que tuvo en estado de tensión a todo el país “no pudo haberse concretado sin la colaboración de las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense". El magistrado ordenó investigar a Scioli, a Aníbal y otros ex funcionarios bonaerenses como posibles ideólogos de la evasión.

La fuga ocurrió en la madrugada de 27 de diciembre de 2015. Con apenas 17 días en la gestión Cambiemos, los condenados a perpetua por el triple crimen de la efedrina ejecutado en 2008 en General Rodríguez, se escaparon de prisión. Según los fundamentos de la resolución, no se pudo haber producido “sin la colaboración de las más altas autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense y del poder político”.

En esa línea, el juez Juan José Ruiz, ordenó que se inicie una investigación para mesurar la conducta de los mencionados Scioli y Fernández y de Casal, el ex secretario de Política Criminal César Albarracín, Piermarini, el ex titular del Registro Nacional de Armas (Renar) Andrés Meiszner y el actual defensor general ante Casación bonaerense Mario Coriolano. La medida también alcanza a los ex jefes penitenciarios Claudio Cardo, Marcelo Rotger y Rodolfo Cardoso, junto a responsables del penal de General Alvear, Mario Bolo, César Luis Tolosa, Jorge Ariel Elicheheribetti y Manuel Guebara (Por Martín Soler).