Por: Abogada y Concejal Victoria Muffarotto

Los juninenses estamos siendo testigos directos de lamentables cierres de comercios, fábricas y/o industrias locales que conllevan cientos de despidos. Despidos graves, porque obedecen a causas “estructurales”, puestos de trabajo muy difícil de recuperar ya que muchos de ellos derivan del cierre definitivo de sectores productivos. La política económica neoliberal, llevada a cabo por el gobierno de Mauricio Macri es, por naturaleza, recesiva y desindustrializadora. 

Por el lado de los ingresos, la caída del poder adquisitivo desploma el consumo y las ventas. Por el lado de los costos, los tarifazos deterioran la rentabilidad. Las tasas de interés estratosféricas, diseñadas para calmar el apetito de los especuladores y evitar las corridas cambiarias, hacen inaccesible el crédito necesario para el funcionamiento del negocio. La apertura de las importaciones, implementada como pretexto para fomentar la competencia, en muchos casos habilita el dumping de las empresas extranjeras. Así, la industria y el comercio se desploman.

La tasa de desocupación se acerca a los dos dígitos: fue de 9,6% en septiembre. El empleo asalariado privado perdió desde que asumió Macri cientos de miles de puestos y, en los primeros 9 meses de 2018, 58.000. El dato más impresionante es el de la industria (empleo de calidad): entre noviembre de 2015 y septiembre 2018 se perdieron 101.000 puestos registrados y en los primeros nueve meses de este año, 39.000.

En nuestra ciudad, Fideos “Don Antonio”, Induspol, fabrica de pantalones “Antonello”, Medilogos, Soenergy y Frigorífico Belton se suman a los cientos de pequeños comercios que se vieron obligados por esta maldita política a reducir personal o, en el peor de los casos, a cerrar definitivamente sus puertas.

Según la legislación Argentina “despedir” a un trabajador es libre, es decir, está permitido. Ello se condice con la amplia facultad de organización y de dirección que la ley laboral le otorga al empleador para con su empresa. Despido “Libre” significa que se puede desvincular a un trabajador, con o sin causa, en cualquier momento de la relación laboral. Pero si el despido se dispone sin invocar una causal justificada, la ley sanciona a ese empleador con el pago de una indemnización, solo así podrá quedar libre de culpa y cargo. Y si la causal de despido responde a una crisis económica (o sea, a causas no imputables a la empresa), la indemnización se reducirá a la mitad.

Como se ve, el espíritu de nuestras leyes apunta a conservar los puestos de trabajo, sin embargo este gobierno se desentiende de esa filosofía y deja librado el problema a la ley del más fuerte. Peor aún, en ocasiones parece fomentar el achique de plantas de personal para que funcionen como disciplinador de la fuerza de trabajo. 

Cuando una empresa cierra, TODOS perdemos. Absolutamente todos. Y cuando muchos comercios bajan sus persianas casi en simultáneo hay que preocuparse y ocuparse. De allí que el reclamo de ambos sectores (trabajadores y empresarios) debería estar direccionado en el mismo sentido: CONSERVAR EL TRABAJO.

Una pregunta casi obligada que nos deberíamos de hacer como argentinos es: ¿Quién es el responsable de proteger ese trabajo en sentido amplio? Sin dudas: el Estado es el garante de preservar y proteger el trabajo. Estados nacional, provincial y municipal, cada uno con los instrumentos a su alcance.

Distintos funcionarios del gobierno local manifiestan con tono auto exculpatorio ¿qué es lo que podría hacer un Intendente para preservar el trabajo en su ciudad? Bueno, yo diría que mucho. Para comenzar, en este contexto económico y social que estamos atravesando, la cuestión  “trabajo” tendría que estar encabezando la lista de prioridades en la agenda de cualquier Intendente. Sin embargo, de la reunión con la Intersindical quedó claro que el Secretario de Gobierno local no tiene la menor idea de lo que pasa con el trabajo en Junín.

Para seguir, enfatizar en la Obra Pública priorizando la mano de obra local. No podemos seguir contratando empresas de afuera cuando en nuestra ciudad se derrumba el empleo.

Tercero, y sin dudar, gestión política. Implementar urgentemente un plan de viviendas municipal capaz de reactivar la industria de la construcción, actividades comerciales afines, oficios, etc. Este gobierno tiene firmado desde hace años convenios para construir viviendas sociales que son imprescindibles, pese a lo cual no ha puesto un solo ladrillo. 

Como gobierno no se puede mirar para el costado como si no le cupiera la responsabilidad de estos cientos de despidos y cierres de empresas ocurridos en Junín. Detrás de cada despido o cierre de empresas y comercios hay familias enteras marginadas y excluidas del sistema. 

Victoria Muffarotto

Abogada. (UBA) 

Especialista en Derecho de Trabajo.

Concejala de Unidad Ciudadana